El rey emérito Juan Carlos I pagó en febrero a Hacienda 4.395.901,96 de euros, la segunda regularización fiscal por rentas no declaradas durante varios ejercicios, que suman más de ocho millones de euros de pagos en especie. Algunas informaciones ya apuntaban que el Borbón recopiló este dinero gracias a préstamos que le habrían hecho amigos de confianza y este martes El Confidencial publica el nombre de algunos de los empresarios. Según este diario, la colecta fue organizada por Javier Corsini, un gestor de una de las fincas de caza del rey, y participaron, entre otros, Vicente Boluda, Jaime Castellanos, Alejandro Aznar y Diego del Alcázar.
El entorno del emérito siempre ha estado en los momentos más importantes. Hay que recordar que si vive en Abu Dhabi es por las buenas relaciones que mantiene con sus gobernantes.
Los hermanos Corsini
Según El Confidencial, el número de empresarios que le ayudaron no llegan a la decena y todo fue impulsado por Javier Corsini i su hermano Miguel, expresidente de Renfe. Los dos eran habituales de los toros y la caza, afición que siempre compartían con Juan Carlos. Ellos fueron los que contactaron con el resto de personas para organizar la colecta, ya que consideran que "tocaba echarle una mano".
Sin embargo, otras fuentes de este medio también sitúan a Félix Sanz Roldán, el exdirector del CNI y actual asesor de Iberdrola, como lider de estas donaciones. De hecho, estuvo hace poco en los Emiratos con el rey y también aprovechó para vacunarse contra el coronavirus.
Algunos de los empresarios que participaron fueron Jaime Castellanos, presidente del banco de negocios Lazard, ex primer ejecutivo de Recoletos y tío de Ana Botín; Diego del Alcázar y Silvela, marqués de la Romana y presidente del Instituto de Empresa Business School (IE), la escuela de negocios que forma a los principales empresarios de España; Alejandro Aznar, presidente de Bodegas Marqués de Riscal, y Alicia Koplowitz, de FCC. La mayoría de ellos habrían dado 250.000 euros.
¿Quién se negó?
Por otro lado, El Confidencial también apunta que hubo otros empresarios que no quisieron participar en las donaciones al rey emérito. Estos fueron Alberto Alcocer, un íntimo amigo compañero de caza; su primo, Alberto Cortina; Rafael del Pino, presidente de Ferrovial; José Manuel Entrecanales, máximo accionista de Acciona; Borja Prado, expresidente de Endesa, y Juan Abelló, otra de las personas más cercanas al monarca.
La estrategia del Rey
De momento, la estrategia del abogado del rey Juan Carlos parece clara: anticiparse a las diligencias de la Fiscalía del Supremo pagando a Hacienda. Los asesores del emérito están estudiando los límites del artículo 305 del Código Penal, que prevé la regularización fiscal voluntaria para evitar la apertura de un procedimiento penal antes de que sea notificada ninguna investigación. El artículo 305 establece que "se considerará regularizada la situación tributaria cuando se haya procedido por el obligado tributario al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria antes de que la Administración Tributaria le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación".
El rey emérito, que huyó a los Emirates Árabes Unidos en agosto, ya abonó el pasado 9 de diciembre al fisco 678.393 euros, correspondientes a una deuda tributaria del 2016 al 2018, cuando ya había abdicado y perdido la inviolabilidad. Con este pago, Juan Carlos I reconocía el fraude, sin embargo, al adelantarse a presentar la regularización antes de que se le comunicara la apertura de la investigación, intentaba eludir el delito fiscal. Ahora hace lo mismo, y en total ya suma 5 millones abonados a la administración. Así pues, la cuota defraudada a Hacienda que admite Juan Carlos I supera con mucho la que regularizó el diciembre pasado y también los 120.000 euros anuales que establece la ley como límite para el delito fiscal.
En aquella ocasión, correspondía al uso por parte del rey emérito y su entorno, como sus nietos Froilán y Victoria Federica, de tarjetas de crédito vinculadas a cuentas corrientes de las que no es titular. El dinero provendría del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, que lo habría puesto a disposición de Juan Carlos I y este no lo habría declarado en España. Él era el titular de la cuenta bancaria donde el empresario mexicano depositaba el dinero que después, mediante transferencias directas o tarjetas de crédito, era destinado a pagar vuelos, hoteles, restaurantes y otros gastos privados del monarca y su familia.