La semana que viene arrancará febrero, el segundo mes del año, y lo hará con los presupuestos de la Generalitat prorrogados. Este miércoles, el Parlament dio luz verde con los votos favorables del PSC, ERC y los comunes —y la abstención de Junts y la CUP— a esta prórroga de las cuentas. Y es sobre estos partidos sobre los cuales pivotan las conversaciones del Govern para intentar aprobar los terceros presupuestos de la legislatura. El ejecutivo sacó adelante las cuentas del 2022, capitaneados por el entonces conseller Jaume Giró, en tiempo y forma, con el beneplácito de los comunes. Los de 2023, ya con Natàlia Mas Guix al frente de Economia, prosperaron de la mano del PSC y los de Jéssica Albiach, tras la ruptura del ejecutivo de coalición que los republicanos tenían con Junts. La fórmula del año pasado se podría repetir este año, pero los ritmos diferentes y los intereses contrapuestos entre socialistas y comunes también hacen que el Govern explore alternativas con la CUP o los juntaires.

De hecho, el Govern se muestra convencido de que habrá presupuestos y su intención es aprobarlos antes que los españoles. Algunos de los grupos que participan en estas conversaciones creían, inicialmente, que el ejecutivo no buscaría aprobar las cuentas de este año e iría a la prórroga de los actuales. A finales de año, la insistencia para negociarlos les hizo pensar, en algún caso —según explican fuentes a ElNacional.cat—, que el ejecutivo ahora sí que quería unas nuevas cuentas para el 2024 para, seguidamente, ir a elecciones anticipadas con la carta de haber conseguido presupuestos todos los años de la legislatura. Aunque estas negociaciones por las cuentas de 2024 se hacen con un Pere Aragonès ya avalado para presentarse a la reelección —hecho que le ha comportado reproches de toda la oposición para instalarse en el "modo electoral"—, desde Palau han mantenido y mantienen que agotarán la legislatura y que los comicios no serán hasta febrero de 2025. Tanto es así que han querido lanzar esta misma semana un mensaje en esta línea con el refuerzo de la estructura política del ejecutivo, ungiendo a Laura Vilagrà a la vicepresidencia y ascendiendo Sergi Sabrià de director de Estratègia i Comunicació a viceconseller de la misma rama.

A pesar de estos movimientos, lo cierto es que el ejecutivo tampoco ha aprobado todavía los presupuestos en el Consell Executiu, paso previo para llevarlos al Parlament, donde los trámites se pueden alargar dos meses. El Govern sostiene que lo hace porque quiere llevarlos ya con algún acuerdo cerrado. No obstante, el problema es que todos sus potenciales socios también hacen el mismo diagnóstico: hay conversaciones, pero las negociaciones en firme no han empezado. Dado que los ritmos que quiere el ejecutivo y los que tienen el resto de grupos son diferentes, el Govern ha elevado la presión para acelerar los encuentros y explorar un acuerdo destacando que, con este nuevo presupuesto, hay en juego 2.400 millones de euros extra de gasto, cuantía que los republicanos señalan que "no se puede dejar perder". Hoy por hoy, con quien ha habido más conversaciones es con los socialistas —incluso, ha habido una reunión al máximo nivel entre Pere Aragonès y Salvador Illa, donde ambos coincidieron en la necesidad en avanzar y dar más ritmo a la negociación—.

¿Qué es, sin embargo, lo que hace que las negociaciones parezcan atascadas? Los dos socios del Govern para las cuentas de 2023 sostienen que, antes de hablar de unos nuevos presupuestos, hay que volver a "generar confianzas" ante los "incumplimientos" del acuerdo presupuestario anterior. Tanto socialistas como comunes exigen una "calendarización" para garantizar que los compromisos de 2023 se realizan antes de negociar los términos presupuestarios de 2024, aunque ambas formaciones aseguran tener "ganas" de aprobar unas nuevas cuentas y tienden la mano a Aragonès. También lo hace la CUP, con quien ha habido tres reuniones —el año pasado ni siquiera hubo conversas—, y Junts —es con quien menos se ha trabajado, ya que solo se ha hecho un único encuentro que se remonta a antes de las vacaciones de Navidad—. Este es el croquis del estado de las conversaciones de los presupuestos:

El PSC, en busca de la confianza perdida

"Los presupuestos no han sido una prioridad del Govern". Así de tajante se mostró Alícia Romero, portavoz del PSC, desde el atril del Parlament en el pleno de esta semana cuando la cámara debatía si se tenía que aprobar el decreto de la prórroga presupuestaria. Romero ha sido una de las socialistas que ha participado en las diferentes reuniones con el Govern para analizar el cumplimiento del acuerdo del 2023 —para el ejecutivo, eran para negociar los del 2024—. El PSC de Salvador Illa llegó a un pacto con el Govern Aragonès para las cuentas del año pasado después de semanas de conversaciones, que se desencallaron después de que el ejecutivo aceptara incluir algunos de los proyectos estrella de los socialistas como el Hard Rock o la Ronda Nord. Desde finales del 2023, cuando el Govern ya hacía presión para aprobar las nuevas cuentas, los socialistas han ido reiterando que hasta que no se cumpla lo que se pactó no entrarán a negociar unos nuevos presupuestos, por eso, esta semana en el Parlament, el PSC ha insistido en la importancia en "generar confianza".

Así lo ha reiterado Salvador Illa en una entrevista que ElNacional.cat publica este domingo: "No utilizaría la palabra negociación para referirnos a nuestra relación en este momento con el Govern en los presupuestos, sí que hablaría de conversaciones. Es verdad que se han intensificado [...] porque quiero que haya presupuestos". A pesar de esta falta de confianza, Illa remarca que no quiere "desestabilizar" nada e insiste que prefiere que haya nuevas cuentas porque lo que rechaza es que "los diferentes sectores de Catalunya tengan que pagar las carencias de un Govern que no está a la altura de lo que necesita en este momento el país". Las derechas del Parlament (Vox, Cs y PP) han dado por hecho que el pacto que permitió los presupuestos del 2023 se reeditará en el 2024 ya que, según señalaron estos partidos, que desde las negociaciones del PSOE con el independentismo para la investidura de Pedro Sánchez tienen a los socialistas catalanes como diana de sus críticas, de la misma manera que Aragonès necesita a Illa para aprobar los presupuestos del Govern, el apoyo de ERC es imprescindible para que el Govern pueda aprobar los suyos en el Congreso.

Junts, el socio menos probable

A pesar de la salida del Govern en octubre de 2022, los juntaires se han mostrado dispuestos a hablar de los presupuestos de 2023 y 2024. El año pasado, el Govern negoció con una delegación formada por la portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales, y los diputados Joan Canadell y Jordi Munell. El partido reclamaba rebajas fiscales, una revisión del impuesto de sucesiones o el impulso de proyectos como el Hard Rock, la ampliación del aeropuerto del Prat o el Quart Cinturó. A pesar de las negociaciones, cuando se anunció el acuerdo con el PSC, afirmaron que las cuentas se alejaban de la independencia. En el Parlament, la formación volvió a extender la mano para la negociación de este año, siempre que las cuentas supongan un "cambio de rumbo".

A pesar de esta predisposición, es el partido —entre los potenciales socios— con quien el Govern ha mantenido menos contactos para los presupuestos. Solo se produjo una reunión en el Parlament el pasado 14 de diciembre, donde se emplazaron a seguir hablando y tuvieron acceso a las líneas maestras del presupuesto. Los juntaires detallaron que trabajarían en un documento con propuestas y esta misma semana, la portavoz Mònica Sales explicó que sería para "negociar" con el Govern o bien para presentar una "enmienda a la totalidad". Si bien los juntaires consideran que el hecho de proponer una deflactación del IRPF a las rentas iguales o inferiores a 33.000 euros es un "buen giro", postulan que eso tendría que ir más allá y se tendría que abrir un debate sobre los impuestos de patrimonio y sucesión, idea que choca con los planteamientos del PSC, la CUP y comunes. En una entrevista en este diario, el secretario general de Junts, Jordi Turull, afirmaba que los presupuestos tienen que contemplar "las grandes emergencias del país", haciendo alusión a la educación, la sequía, la seguridad —combatiendo la multirreincidencia con un discurso que choca con los cupaires y los comunes— y salud.

La CUP quiere jugar la partida y reclama al Govern que se decante por una "alternativa de izquierdas"

El primer partido con quien Aragonès anunció un acuerdo para ser investido president de la Generalitat fue la CUP, pero pronto se rompieron las confianzas por "incumplimientos" y el apoyo de los anticapitalistas decayó. La distancia con los republicanos aumentó tanto que el año pasado ni siquiera se sentaron a hablar de los presupuestos, una situación que este año ha cambiado —y con los cupaires inmersos en un proceso de debate para su refundación—. Esta vez, la CUP ha entrado a jugar la partida y ha mantenido tres reuniones con el Govern. Para los anticapitalistas, el ejecutivo tiene que escoger si quiere "una alternativa de izquierdas, independentista y a favor de la mayoría de la población o bien se quiere mantener en las políticas que ha hecho hasta ahora del brazo del PSC y Junts que han dejado una situación insostenible en sanidad y servicios públicos".

En este sentido, la CUP cree que el Govern tiene una "última oportunidad" para "dejar un legado a favor de los trabajadores del país" con estos presupuestos. Durante la última reunión, los cupaires trasladaron una "propuesta de mínimos" para intentar acordar las cuentas, y están a la espera de concretar un nuevo encuentro para abordar la respuesta de Economia. Los anticapitalistas han situado en la agenda reclamaciones como destinar el 25% de la partida de sanidad a la atención primaria, un mínimo de 1.000 millones de euros en vivienda —medidas que comparten con los comunes, como parar los desahucios—, el refuerzo de la energética pública o una red catalana de supermercados públicos. En fiscalidad, los anticapitalistas plantean un nuevo tramo para rentas de entre 60.000 y 90.000 euros, la "consolidación" del impuesto de patrimonio y una nueva figura impositiva para la compraventa de segundas residencias, puntos que chocan con el PSC y Junts. También, a diferencia de los socialistas, reclaman dejar atrás el Hard Rock, no ampliar el aeropuerto del Prat ni llevar a cabo el Quart Cinturó.

Los comunes, un socio que puede volver a repetir

Los comunes han sido el socio presupuestario más habitual del Govern de Pere Aragonès. No han fallado ningún año desde que el republicano preside la Generalitat. Los comunes no parece que quieran cambiar esta tendencia. Albiach aseguró que su partido tiene "muchas ganas" de aprobar unos nuevos presupuestos, pero de momento este pacto no existe. Y el motivo es lo mismo, en gran parte, que los socialistas: la falta de cumplimiento de los acuerdos del 2023. Los reproches, sin embargo, son diferentes: desde el PSC se quejan de proyectos como el Hard Rock, pendiente de informes para poder avanzar, y los comunes ponen el foco en materias como la educación o la sanidad. A principios de febrero tendrá lugar la última reunión de seguimiento presupuestario de las cuentas del 2023.

Como la CUP, los comunes han fijado para este año una línea roja que el año pasado no existía y es la del Hard Rock o la ampliación del aeropuerto del Prat, a la cual el partido siempre se ha opuesto. Por eso mismo, en el último pleno del Parlament, los anticapitalistas tendieron la mano a los comunes para hacer fuerza juntos e intentar que el ejecutivo de Aragonès vuelva a mirar a la izquierda. "No tenemos mayoría, pero seguramente sin nosotros es imposible que el Govern tenga presupuestos", señaló el cupaire Xavier Pellicer. Una propuesta todavía sin respuesta.