Más recursos al Tribunal de Cuentas. Martí Anglada, exdelegado del Govern en Francia entre los años 2014 en octubre de 2017 y codemandado por el gasto del 1-O y Acción Exterior en el Tribunal de Cuentas, ha presentado ya un recurso de reposición a la consellera encargada del juicio del procés, fijado para este viernes, para que rectifique la providencia, que ha dictado este miércoles, en la cual descarta que el president en el exilio y también codemandado, Carles Puigdemont, sea interrogado por videoconferencia. La consejera Elena Hernáez ha justificado la decisión porque las defensas de Anglada y del exconseller Lluís Puig hicieron la petición "solo cuatro diez antes del juicio" y "sin suficiente motivación". Por su parte, ERC, ha pedido al Tribunal de Cuentas que suspenda el juicio ante la tramitación de la ley de amnistía, que incluye este procedimiento contable, en el cual la Fiscalía pide 3,2 millones a  35 excargos de los gobiernos de Artur Mas y de Carles Puigdemont.

En el escrito, el abogado Jordi Cabré, en nombre de Anglada, sostiene que esta providencia "no es ajustada a derecho" y le provoca "indefensión" porque se le vulnera el derecho a tutela judicial efectiva, además de vulnerar los principios de legalidad y seguridad jurídica, y cita la jurisprudencia del Tribunal Supremo que no pone límites a la videoconferencia. Por todo ello, pide a la juzgadora que rectifique y permita que Puigdemont declare por videoconferencia en la vista del viernes.

Desapego de la realidad

En el recurso, el abogado Jordi Cabré explica que se pidió al tribunal que el president Puigdemont declarara por videoconferencia para "encontrarse por razones y a consecuencia de su cargo, en estos momentos y el día de la declaración fuera de Catalunya y de España". El razonamiento de la distancia, expresado de forma irónica por parte de los abogados, es considerada insuficiente por la consejera que tiene que juzgarlos. Y Cabré sostiene en el recurso: "No deja de ser sorprendente el desapego de la realidad de que se manifiesta en la resolución recurrida cuándo es un hecho público y notorio que el testigo propuesto se encuentra fuera del Estado español". Y añade: "Tanto es así que hemos sido testigos de manifestaciones de distintos tipos, incluido tremendamente pintorescas, de personas de una determinada adscripción ideológica que se oponen a cualquier medida que permita que el testigo se presente ante el tribunal". El abogado concluye que es "una manifiesta indefensión" para Martí Anglada y más cuando esta prueba fue aceptada en la vista de diciembre de 2022. Recuerda que la consejera dice que han tenido 1 año para pedir la videoconferencia, pero que en realidad no fue aceptada hasta el mes pasado.

Incluso precisa que puestos en contacto con Puigdemont les ha informado que "no ha recibido ninguna citación para el próximo 17 de noviembre; y, con más ironía, afirma que "de haberla recibido igual podría haber adaptado su agenda y, mitigando las causas de su actual paradero, haber comparecido en este órgano en la fecha indicada". Todo el mundo es conocedor que el president Puigdemont tiene una orden de detención si pone un pie en el Estado español por la causa penal el 1-O.

Finalmente, Cabré recuerda la jurisprudencia del Tribunal Supremo que indica que sobre el derecho del uso de la videoconferencia "no es una posibilidad facultativa o discrecional a disposición del juez o tribunal, ni tampoco un capricho del ciudadano, sino un derecho exigible y digno de protección". Por todo eso, pide a la juzgadora que rectifique su decisión.

Puigdemont, desde el exilio, pudo declarar por videoconferencia como testigo, y desde una sede de los tribunales belgas, por primera vez en una causa penal en el juicio al exconseller Miquel Buch y el sargento de los Mossos, Lluís Escolà, en la Audiencia de Barcelona, que los condenó a 4 años de prisión, el septiembre pasado. Esta sentencia, ahora recurrida al TSJC, es incluida en la futura ley de amnistía.

 

En la foto principal, los abogados Gonzalo Boye y Jordi Cabré, en la entrada del Tribunal de Cuentas, por|para la vista del diciembre pasado. / Foto: Europa Press

 

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