Indefensión. El Tribunal de Cuentas ha celebrado este viernes una audiencia previa para preparar el juicio contra 36 excargos de los gobiernos de Artur Mas y de Carles Puigdemont, a quien se les reclama 5,3 millones de euros, por parte de Sociedad Civil Catalana (SCC), rebajado a 3,2 millones por parte de la Fiscalía por los gastos del 1-O y de la promoción de Catalunya en el Exterior. Los abogados defensores han afirmado que no se ha acreditado el perjuicio causado, como expone la Fiscalía. Además, los abogados han expuesto "la indefensión" de los encausados porque el Tribunal de Cuentas los juzgará por una supuesta responsabilidad contable de gastos por los cuales ya se los juzgó por la vía penal o están pendientes, como es el caso de los procesados en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona, y sostienen que no se puede juzgar una persona dos veces por los mismos hechos (non bis in idem). Además, el abogado Francesc Homs, que también es uno de los codemandados, ha indicado que en el caso del 9-N sí que ya tuvieron una sentencia del mismo Tribunal de Cuentas.
Por su parte, el abogado Gonzalo Boye, también ha pedido que se suspenda el procedimiento porque el presidente Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí, tienen inmunidad en el Parlamento Europeo, y hasta que no se resuelva su causa no se puede adelantar el procedimiento para no vulnerarles este derecho, como el del non bis in idem.
La consejera del Tribunal de Cuentas, Elena Hernáez ha contestado a Boye que ya le desestimó su alegación por escrito hace meses. También ha rechazado que a los codemandados se les pueda castigar dos veces por lo mismo porque "solo es el conocimiento de una responsabilidad por alcance", y ha insistido: "No estamos en un procedimiento sancionador, sino de restitución reparadora. Ni más ni menos." Del gasto del 9-N, la consejera ha contestado a Homs que lo responderá en una resolución en los próximos días, y decidirá si excluye el gasto reclamado, como le ha solicitado el abogado.
La versión del fiscal
Por su parte, el fiscal Manuel Martín ha asegurado que se ha de rechazar la alegación del Non bis in idem porque sostiene que "es compatible" mantener abiertas causas por la vía penal y por la jurisdicción del Tribunal de Cuentas de los mismos hechos, y que el "límite" está en que si es condenado en la vía penal no se puede reclamar dos veces por lo mismo. También ha recordado que el Tribunal Supremo, presidido por Manuel Marchena, condenó a los líderes independentistas y derivó al Tribunal de Cuentas la recuperación del dinero malversado. No obstante, los procesados en el juzgado 13 de Barcelona para el 1-O han tenido que depositar las fianzas en esta causa y en el Tribunal de Cuentas, al final con donaciones de la Caja de Solidaridad (en el caso 1-O) y con el aval de Institut Català de Finances ara causa Exteriores.
El fiscal también ha asegurado que no se vulnera la inmunidad de Puigdemont, Comín y Ponsatí porque, según su opinión, el Parlamento Europeo protege su movilidad y actuaciones en la cámara, y su protección "no es ilimitada".
Un encausado, retirado
La primera decisión de la consejera del Departamento 2.º de la sección de Enjuiciamiento del tribunal, Elena Hernáez Salguero, que será a quien juzgará la causa catalana, ha sido el archivo del procedimiento contra Jaume Mestre Anguera, asesor de comunicación de la Generalitat, ya que la Fiscalía ha retirado la reclamación de la campaña Civismo, de las vías del tren, cifrada con 337.000 euros, porque el TSJC resolvió que el Govern no lo tenía que pagar a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA). Así, inicialmente, son 35 excargos quien son codemandados por la Fiscalía, mientras para SCC son 11. La vista continúa con la exposición de los abogados de los demandados.
En la foto principal, el abogado Gonzalo Boye en la entrada del Tribunal de Cuentas, este viernes. / Foto: Europa Press