Vulneración del derecho de defensa, además del riesgo de ser condenados con penas más elevadas. Estos son los dos argumentos centrales que han expuesto los abogados de algunos de los ex altos cargos del Govern procesados por la organización del 1-O en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona, que también son investigados en el juzgado de instrucción 18 de Barcelona, por el gasto de Exteriors, en una vista celebrada este miércoles en la sección segunda de la Audiencia de Barcelona. Los letrados han solicitado a la Audiencia que unifique las dos causas para no perjudicarlos, y porque, en el fondo, se les acusa de lo mismo: destinar dinero a la promoción del procés de independencia de Catalunya. La fiscal y la abogada del Estado, sin embargo, han asegurado que las causas penales tienen que mantenerse separadas porque, aseguran, se investigan hechos distintos. En el juzgado de instrucción 13 hay 27 procesados por los preparativos del 1-O, mientras en el juzgado 18 se investigan 10 personas por "hechos más amplios": un supuesto fraccionamiento de subvenciones y "vulnerar la normativa de la contratación pública" entre los años 2013 y 2017, según la fiscal Marta Marquina.
En concreto, se han realizado dos vistas en la sección segunda de la Audiencia de Barcelona, que tendrá que dirimir si unifica o no las dos causas penales. En la primera, la abogada Judit Gené, en defensa de Albert Royo, exdirector general de Diplocat, ha expuesto que en los dos juzgados se le investiga por su actividad al frente de esta institución, con la aprobación de gastos y de subvenciones, que ha calificado de"hechos conexos". Por eso, Gené ha pedido la unificación de las dos causas para que "pueda tener un juicio justo con más garantías y más seguridad jurídica". Demanda a la cual se ha adherido Andreu van den Eynde, en nombre del exconseller Raül Romeva, investigado en el juzgado de instrucción 18 y que ya fue condenado por el Supremo por el procés.
En la segunda vista, Ramon Setó, en nombre d'Aleix Villatoro, exsecretario de Acción Exterior, ha criticado la actuación de la fiscalía al asegurar que el origen del conflicto es el informe del Tribunal de Cuentas sobre el gasto de la Generalitat del 2011 al 2017, el cual ya estaba en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona, y cuando se cerró esta investigación "un año y medio después", la fiscalía acusó por otros gastos a cargos del Govern, y que recayó la investigación en el juzgado de instrucción 18 de Barcelona.
La evolución de los delitos
La fiscal Marta Marquina, que está en la causa de Exteriors, ha asegurado que las dos causas tienen que mantenerse separadas porque el objeto de investigación es diferente, así como el marco temporal y los delitos. Ha detallado que en el juzgado de instrucción 13 son investigados por falsedad documental con malversación, mientras que en el juzgado de instrucción 18, prevaricación con malversación. Al respecto, David Aineto, abogado de David Franco, David Palanques, y Manuel Manonelles, ha aclarado al tribunal que "no es cierto", ya que en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona él pidió que el procedimiento fuera tramitado para ser juzgado por un tribunal de jurado porque se les acusaba de malversación y la jueza lo denegó, con el acuerdo de la fiscalía, porque se aseguró de que se les acusaba también del delito de prevaricación, el cual elimina la competencia de un tribunal popular. "Hay que cumplir el principio de legalidad", ha exigido Aineto. La fiscal del juzgado de instrucción 13, por su parte, también ha destacado que hay acusaciones por el delito de revelación de secretos.
Además, Ramon Setó ha insistido en que hay escritos de la fiscalía y de la magistrada del caso de Exteriors que vinculan el gasto al procés de independencia de Catalunya "aunque niegan esta vinculación". También ha expuesto que el Tribunal de Cuentas ha unificado el procedimiento contable sobre los gastos del 1-O y Exteriores, que inicialmente tramitó por separado, al considerar que tenían el mismo objetivo. Setó, además, ha expuesto que en una única causa se puede acusar los investigados de un delito continuado, que implica menos castigo que, por ejemplo, ser juzgado por separado de dos delitos de malversación.
Causa elefantina
Uno de los argumentos de las acusaciones y de la magistrada del juzgado de instrucción 13 de Barcelona es que unificar las causas provocaría más dilaciones y "elefantiasis", que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) reclama evitar. ¿"Cómo puede pasar por delante la agilidad de un procedimiento a la defensa de los derechos fundamentales"?, se ha exclamado Gené, que en la causa del 1-O también defiende a Teresa Prohías. Del total de encausados, hay tres cargos en los dos procedimientos: Villatoro, Royo y Prohias.
Setó también ha expuesto que la causa de instrucción 13 no está finalizada y que fue la misma fiscalía que, en la fase intermedia cuando ya estaba en la sección 21 de la Audiencia de Barcelona, pidió que devolviera la causa al juzgado para tomar declaración a unos investigados para imputarles el delito de desobediencia.
Aparte de la unificación, los procesados por el 1-O y los investigados en la causa de Exteriors podrían ser de los principales afectados con la lectura que ha hecho la Fiscalía sobre la reforma del delito de malversación de fondos, en la cual mantiene que se puede acusar por el tipo más agravado, aunque no haya enriquecimiento personal, como sostiene la reforma pactada por ERC y el PSOE.
En la foto principal, los abogados Andreu van den Eynde, Judit Gené, David Aineto, Ramon Setó y Albert Bonhora, al salir de la vista, este miércoles. / Foto: M.P.