Hacer efectiva la separación de poderes. Es lo que han exigido los abogados de los cuatro exmiembros de la mesa del Parlament presidida por Roger Torrent, que han empezado a ser juzgados en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) este miércoles, acusados de desobediencia al Tribunal Constitucional (TC) por haber permitido el debate de dos resoluciones sobre la autodeterminación y la reprobación de la monarquía en el 2019. Andreu Van den Eynde, abogado de Torrent, ha apelado al tribunal, presidido por el magistrado Carles Mir, que declare la nulidad del procedimiento ante la inviolabilidad parlamentaria de los encausados y para hacer efectiva la separación de poderes. ¿"Qué sistema penal defendemos si el legislativo puede ser condicionado por el judicial?", se ha preguntado. Reclamo suscrito por Olga Arderiu, defensora de la exsecretaria del Parlament y alcaldesa de Sant Vicenç de Castellet, Adriana Delgado, de la cual también ha indicado que no se la interrogó sobre parte de la acusación. Jordi Pina, abogado del exsecretario primero del Parlament y actual secretario por la Administración de Justicia, Eusebi Campdepadrós, ha invocado a la vulneración del derecho al juez predeterminado por la ley, ya que dejó de ser aforado el verano del 2021 y, por lo tanto, tendría que ser juzgado en un juzgado de lo penal y no en el TSJC. Finalmente, el exvicepresident Josep Costa – que se ha sentado en un espacio de defensores y con toga porque además de acusado ejerce su defensa- ha reclamado la "nulidad radical" del procedimiento, ya que considera que el tribunal del TSJC "no tiene jurisdicción, ni competencia ni es imparcial".
Antes de plantearse las cuestiones previas, la Fiscalía ha pedido la suspensión de la vista hasta que la sala 77 del TSJC resuelva el recurso que presentó la semana pasada contra la aceptación de la recusación del juez Carlos Ramos, pedida por Costa. Todas las defensas lo pidieron el viernes pasado, mientras la fiscalía lo ha hecho en el inicio del juicio, cuándo corresponde procesalmente. Sin embargo, Costa ha acusado la fiscalía de "mala fe procesal" porque la recusación de Ramos fue aceptada a principios de agosto y hasta finales de septiembre la fiscalía no ha representado su recurso.
La segunda sorpresa de la fiscalía ha sido cuando el fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio ha expresado que es un "bulo", que los procesos contra los independentistas catalanes serán retirados de los juzgados, como el de la Mesa, del cual se ha quejado de su retraso aunque su compañera ha pedido la suspensión. Aparte, todas las defensas han solicitado la retirada de VOX como acusación popular. Mañana, jueves, el tribunal contestará las reclamaciones de las partes, aunque ha adelantado que lo motivará en sentencia.
"Estrasburgo no lo tolerará"
En las cuestiones previas, el penalista Andreu Van den Eynde ha invocado a los derechos fundamentales de libertad de expresión y participación política que amparan la actuación de los diputados y miembros de la cámara catalana. Y, ha mentado que a partir del 2017 y a raíz de la causa catalana "cambian las reglas del juego" y el Tribunal Constitucional (TC) cambia su doctrina anterior sobre la inviolabilidad parlamentaria. El penalista ha añadido que incluso el magistrado Ramon Sáez Valcárcel en un voto particular sobre la causa de Forcadell y el procés alerta de que "hemos hecho desaparecer la inviolabilidad parlamentaria". Van den Eynde ha asegurado: "Debatir sobre la independencia y la monarquía son temas de interés público. El Tribunal de Estrasburgo no tolerará este delito de desobediencia", haciendo referencia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Por el contrario, el fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio ha expresado que no se les juzga por sus posicionamientos políticos, sino por haber desobedecido el TC "en trámites organizativos" de la Mesa, y "permitir acciones prohibidas", siguiendo el razonamiento de la condena a los miembros de la mesa del Parlament del 2017, por parte del TSJC, avalada por el Supremo y el TC.
Por su parte, Jordi Pina ha denunciado la "inseguridad jurídica" que genera los cambiantes criterios de los tribunales sobre el aforo de las personas encausadas. Ha recordado que el Tribunal Supremo aceptó juzgar por separado Joan Josep Nuet sobre la primera causa de la Mesa del Parlament al haber obtenido el aforo en el Congreso de los Diputados, así como la de Francesc Homs, en la causa del 9-N del 2014, pero que no hay claridad cuando los encausados pierden su aforo, como es el caso de Eusebi Campdepadrós.
El reto de Costa en el TSJC
Por su parte, Josep Costa, en un tono firme, ha plateado el "reto" en el tribunal del TSJC que demuestre que es "independiente y que no está vinculado a las resoluciones del TC", del cual ha recordado "que es juez y parte, ya que en el procedimiento", porque impulsó la querella de la fiscalía contra ellos. Costa ha defendido la inviolabilidad parlamentaria de los cuatro encausados: "No se nos juzga a nosotros, sino por los actos parlamentarios que hicimos." También ha pedido al tribunal que le exponga un caso, de un estado democrático, "y no vale Turquía" -ha afirmado-, en la que los representantes de un parlamento son juzgados por el ejercicio de sus funciones. Ha recordado la jurisprudencia del caso Atutxa, del TEDH e incluso un caso reciente en los EE. UU.
Finalmente, Costa ha denunciado la vulneración de sus derechos fundamentales, ya que ha leído una moción aprobada por mayoría en el Parlament el 2017, donde de forma más explicita se reprobaba la monarquía de los Borbones y la herencia de Franco, que no fue denunciado por ningún gobierno ni tribunal, y de la cual ha confesado que fue su ideólogo y redactor. "La resolución por la cual se nos juzga ahora es más simbólica. Y el motivo es que Pedro Sánchez no quería que le estropeáramos su campaña", ha remachado Costa. El presidente del TSJC le ha pedido que acabara la intervención después de permitirle una buena exposición.
En concreto, la Fiscalia acusa a los cuatro de un delito de desobediencia al TC por haber mantenido el 29 de octubre y el 5 de noviembre de 2019 una resolución de los tres grupos independentistas que afianzaba el derecho a la autodeterminación del pueblo de Catalunya y la "reprobación de la monarquía tantas veces como quieran a los diputados". Para Torrent, Costa y Campdepadrós solicita que sean castigados a 20 meses de inhabilitación a cargo público y multa y para Delgado, 16 meses de inhabilitación. Las defensas piden su absolución.
Los testigos de la cámara
Mañana, el segundo día del juicio en la mesa del Parlament, se centrará en la declaración de los testigos, que son políticos y funcionarios de la cámara. Son: Joan Garcia González, diputado de Ciudadanos y secretario tercero en la Mesa del Parlament en el 2019; David Pérez Ibáñez, diputado del PSC y secretario según de la Mesa del Parlament, en el 2019; Laura Vilchez, exdiputada de Cs y que ocupó el lugar| de su compañero Garcia; Xavier Muro, exsecretario general del Parlament; Joan Ridau, exletrado del Parlament; Antoni Bayona, exletrado mayor del Parlament, y Elisabet Riambau.