Los consejeros Clara Ponsatí, Quim Forn, Jordi Turull, Meritxell Borràs, Lluís Puig y la exsecretaria de la mesa del Parlament Anna Simó han celebrado hoy un encuentro unitario donde han recordado todos los hechos que sucedieron ahora hace cuatro años y que afectaron de forma radical al futuro del movimiento independentista.

Y es que el año 2017 siempre será recordado por la ejecución del referéndum de autodeterminación el 1 de octubre y por la posterior aprobación por parte del Parlament de la declaración de la independencia de Catalunya (DUI). Unos hechos que desencadenaron una serie de actuaciones represivas por parte del estado español, entre ellas, el encarcelamiento (cómo es el caso de Forn y Turull) y la marcha en el exilio (entre ellos, Ponsatí y Puig) de muchos de los líderes independentistas.

Dos años de la sentencia

No fue hasta el 14 de octubre del 2019 que se filtraba la sentencia del procés, la cual provocó una nueva oleada de protestas, esta vez bajo el paraguas de Tsunami Democràtic, que a la vez acabó derivando en una nueva oleada represiva con detenciones y enjuiciamientos de la sociedad civil.

Recordar "muchas cosas"

"Recordando muchas cosas de tal día como hoy de hace cuatro años y una gran amistad". Así ha hablado del encuentro el ex-preso político Jordi Turull y ha acompañado el texto con una imagen.

 

 

Por su parte, Josep Rull ha querido recordar que tal día como hoy ahora hace cuatro años, fue al despacho de la conselleria. Fue el único conseller que lo hizo. "En el despacho, ejerciendo las responsabilidades que nos ha encomendado el pueblo de Catalunya," escribió entonces.

 

 

A pesar de la persecución al movimiento soberanista, el procés todavía continúa. La sociedad civil volvió a llenar las calles por el aniversario del 1-O movilizándose en diferentes marchas y manifestaciones, y varias sentencias de los diferentes estados de la UE dejan en evidencia el Estado español.

España, en evidencia

Una de las que ha provocado más resonancia internacional, la de la Corte de Apelación de Sassari, que decidió suspender sine die el procedimiento que tenía abierto sobre la extradición del presidente Carles Puigdemont después de que este fuera detenido en el Alguer. Todo un revés judicial para el juez Llarena.

O la más reciente, la del Tribunal Constitucional de Bélgica que ha tumbado la ley de injurias en la Corona en el país a raíz del caso para la extradición del rapero Josep Miquel Arenas, alias Valtònyc. Preguntado por el Tribunal de Apelación de Gante, que examina la euroorden contra el cantante mallorquín, el TC belga ha dictaminado este jueves que la normativa belga de 1847, que castiga con hasta tres años de prisión aquellos que insulten al rey, es inconstitucional porque no respeta la libertad de expresión. El alto tribunal dice que la ley belga no se ajusta a la Constitución belga ni al Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Se aleja así su extradición, que se decidirá el 23 de noviembre en el Tribunal Europeo de Gante. Pero la decisión de hoy del Tribunal Constitucional de Bélgica la hace más difícil. Valtònyc está condenado a tres años y medio de prisión por injurias, enaltecimiento del terrorismo y amenazas de muerte por la letra de sus canciones. El rapero recurrió a la justicia belga que ha dirimido que los insultos al rey están amparados por la libertad de expresión.

 

Imagen principal: Los consellers Clara Ponsatí, Quim Forn, Jordi Turull, Meritxell Borràs, Lluís Puig y la exsecretaria de la mesa del Parlament, Anna Simó / Twitter: Jordi Turull