Diez años después de la sentencia del Tribunal Constitucional que recortó el Estatut de Autonomia de Catalunya del 2006, una amplia mayoría de los catalanes, el 61,5%, opina que aquella decisión fue "un golpe de Estado judicial". Así lo pone de manifiesto una encuesta del Institut Feedback para ElNacional.cat que hace balance de las consecuencias de aquella decisión.

La encuesta se basa en una muestra de 800 entrevistas telefónicas realizadas entre el 29 de junio y el 2 de julio y tiene un margen de error del 3,54%.

El texto estatutario había sido aprobado en referéndum después de que lo hicieran los parlamentos catalán y español. La sentencia del TC, conocida el 28 de junio del 2010, estimó en parte el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PP y supuso la anulación de 14 artículos del Estatut y la reinterpretación de 27 más. Además, dejó sin valor jurídico el término nación referido a Catalunya, incluido en el preámbulo. El 10 de julio del 2010, centenares de miles de personas se manifestaron en Barcelona contra la sentencia.

Una sentencia justa para el 16,7%

Con la perspectiva de la última década, marcada por el procés independentista, un 61,5% de los encuestados entiende que la frase que mejor expresa qué fue aquella sentencia es "un golpe de Estado judicial contra la voluntad de los catalanes que habían votado aquel Estatuto". Por el contrario, tan sólo un 16,7% entiende que se trató de una "sentencia justa".   Un 16,8% cree que ninguna de las dos frases define bien lo que sucedió. Finalmente, un 5,12% no lo sabe.

Por recuerdo de voto en las elecciones catalanas del 2017, el 100% de los consultados que declaran haber votado a la CUP suscriben que la sentencia del TC contra el Estatut fue un golpe de Estado judicial; también lo cree el 96,6% de los de ERC, el 81,6% de los de JxCat y el 69,6% de los de Catalunya en Comú, así como el 49,4% de los del PSC. Por el contrario, el 63,4% de los del PP y el 53,5% de los de Cs entiende que fue una sentencia justa. No se decantan por ninguna de las dos opciones el 36,6% de los del PP y el 23,6% de los de Cs.

Rajoy, el principal responsable de la laminación del Estatut

Cuando se pide a los encuestados qué responsable político o instancia judicial o de gobierno fue el principal responsable de la laminación del Estatut, un 27,8% señala al entonces líder de la oposición española, Mariano Rajoy —el PP recurrió el texto y organizó una campaña de recogida de firmas contra el Estatut con mesas petitorias en todo el Estado—. En segundo lugar, con un 17,9% se señala a los jueces y, en tercer lugar, al entonces jefe de la oposición de CiU en el Parlament, Artur Mas, que tuvo un papel decisivo en la negociación del texto después recortado con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Si bien en aquel momento gobernaba el PSOE en el Estado y el PSC, con ERC e ICV, en la Generalitat, Zapatero, responsable para un 11,8% de los encuestados y el president José Montilla y el tripartito, a los cuales responsabiliza un 3,1%, salen mejor parados. Finalmente, un 6,8% cree que los responsables fueron "otros" y un 19,9% no lo sabe.

Imagen: Montilla —en el centro— con Pujol, Maragall, Benach, Barrera y Rigol, al frente de la manifestación en Barcelona contra la sentencia del Tribunal Constitucional que recortó el Estatut, el 10 de julio de 2010 / Marta Pérez / EFE