Parecía que en esta cuestión había consenso, pero los socialistas han querido brega. El Gobierno vive su enésima crisis, ahora por la baja por menstruación. Diseñada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero (Unidas Podemos), la nueva ley del aborto prevé bajas de tres días (ampliables a cinco) por reglas dolorosas. Algo que no ha gustado mucho al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá (PSOE), que ha advertido que esta medida todavía está "en discusión" dentro del ejecutivo de coalición. "Se está trabajando internamiento", ha remarcado. Y ha añadido que su "posición es que esta ley tiene que armonizar dos elementos: mejorar la protección de las mujeres y también impulsar su participación en mejores condiciones de trabajo".
Pero la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (Unidas Podemos), se ha mostrado "absolutamente de acuerdo" con la baja laboral por menstruación que plantea Igualdad porque hace falta hacer "política laboral de género". En una atención a los medios este jueves en el Senado, Díaz ha desautorizado a Escrivá y ha opinado que sería "un paso adelante muy favorable" y ha argumentado que la política laboral está "profundamente masculinizada".
D'Escrivá a Llop
Con todo, el Ministerio de Igualdad mantiene la intención de llevar el próximo martes al Consejo de Ministros la futura ley del aborto, aunque algunos de los ministerios implicados en la reforma se han visto sorprendidos por el anuncio y se negocian todavía aspectos clave de la nueva norma. Y es que el departamento de Escrivá también tiene sobre la mesa la propuesta de que las mujeres puedan acceder a un permiso retribuido desde la semana 36 hasta el parto y las bajas en caso de aborto. También está en el aire la idea de un IVA cero para compresas, tampones y pañales. El acuerdo entre PSOE y Podemos hablaba de situarlo en el tipo reducido del 4% y Hacienda guarda silencio sobre el tema.
Por su parte, el Ministerio de Justicia examina otras propuestas de la ley, como las medidas diseñadas para luchar contra la gestación subrogada (prohibida en el estado español, legal en otros países). Es decir, Igualdad plantea al borrador que los tribunales españoles puedan perseguir judicialmente quién recurra a los vientres de alquiler al extranjero|en el extranjero y también prohibir la publicidad de las agencias que actúan como intermediarias. Así pues, fuentes del departamento que lidera Pilar Llop (PSOE) han indicado que estudian el texto y hacen comentarios, pero han evitado decir nada más. Al mismo tiempo, han explicado que trabajan para que se pueda aprobar el martes que viene.
Críticas en Escrivá
Fuentes de Igualdad han concretado que se está negociando con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones después de haberlo hecho con el de Sanidad y se han mostrado optimistas con la posibilidad de aprobar el texto en el Consejo de Ministros del martes. Sin embargo, han reprochado que el departamento de Escrivá se muestre reticente ante de algunas de las medidas planteadas. "Los avances en materia de igualdad cuestan", han criticado. Según sus cálculos, la propuesta sobre el IVA tendría un coste asumible para el Estado de treinta millones de euros al año. Todo eso se añade al objetivo principal de la ley del aborto: acabar con la exigencia del consentimiento paterno para las mujeres de dieciséis y diecisiete años. Un requisito que incluyó el PP en el 2015 en la ley de plazos que aprobó el año 2010 el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El proyecto también recoge medidas para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo a la sanidad pública, cosa por la cual se crearán registros de médicos objetores de conciencia que permitirán organizar los servicios.
En cualquier caso, es la enésima crisis que vive el Gobierno. Solo en este año 2022 ya hemos visto una disputa por una posible consulta en Catalunya y dos choques por la guerra de Ucrania: el primero, por el envío de militares; el segundo, por las armas. Seguramente, en estos cinco meses también ha habido alguna otra pelea en el seno del ejecutivo estatal.