El auto del juez Pablo Llarena, que ha dejado al vicepresident Oriol Junqueras, el conseller Joaquim Forn y los Jordis en la cárcel, menciona hasta tres veces un nombre: Enfocats. Es un documento que la Guardia Civil encontró en casa del secretario general de Economía, Josep Maria Jové, durante los registros del 20 de septiembre. El magistrado del Tribunal Supremo le da mucha importancia, porque "refleja la existencia de un grupo de individuos que ha desempeñado una función definitoria de cómo y cuándo llevar a término cada una de las actuaciones del proceso y, consecuentemente, de la violencia y los tumultos".
El documento, que forma parte del sumario del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, llegó a la Audiencia Nacional mientras la jueza Carmen Lamela investigaba el caso de los Jordis y de los consellers. Ahora, una vez el caso ha pasado al Tribunal Supremo, se lo ha encontrado el juez Llarena encima de la mesa. Y lo ha utilizado para argumentar el mantenimiento de la prisión cautelar sin fianza.
Este documento de trabajo, encontrado en casa de Jové, detalla toda la estrategia del Govern para desplegar las estructuras de Estado después de la celebración del referéndum. Contempla que para la creación de un Estado propio hace falta "sumar mayorías", "inspirar confianza" y "trabajar con garantías de éxito". Entre otras cosas se dice que "el gobierno de España no reconocerá el derecho a hacer un referéndum, pero si lo ve todo perdido nos lo hará hacer para que lo perdamos". La intención del Govern, según la documentación, era renunciar a la DUI para llegar a un referéndum acordado
Llarena se refiere concretamente a la página 40 de Enfocats, que establece la coordinación de un hipotético Govern de transición -que no ha llegado a existir-, que tendría un comité estratégico y un comité ejecutivo.
El comité estratégico estaría formado por el president y el vicepresident del Govern, los presidentes y portavoces de los grupos parlamentarios independentistas, los presidentes y vicepresidentes de la ANC, Òmnium y la AMI, representantes de otras entidades soberanistas, los directores de las Oficines de desenvolupament de l’autogovern, los presidentes y secretarios generales de los partidos políticos independentistas y "representantes independientes de prestigio social".
Por su parte, el comité ejecutivo estaría compuesto, siempre según el documento de trabajo, por los secretarios generales de Presidència y Vicepresidència, los directores de las Oficines de desenvolupament de l’autogovern, profesionales expertos en cada uno de los ámbitos funcionales del proyecto y "consellers o secretarios generales ad hoc según las temáticas a tratar".
El documento no incluye nombres, pero sí detalla los cargos que formarían parte de este Govern de transición, como los secretarios generales de los partidos. Por eso se ha filtrado que este informe de la Guardia Civil serviría para imputar Marta Rovira, secretaria general de ERC. Pero no se mencionan nombres en Enfocats.
El juez Pablo Llarena se centra concretamente en este "comité ejecutivo". Pero este Govern de transición nunca existió. Si el juez decidiera imputar los cargos que figuran, no estaría evaluando hechos consumados, sino que se trataría de una imputación preventiva para impedir un supuesto delito.