El bloqueo que mantienen el PP y el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que tiene el mandato caducado desde hace tres años y medio, afectará de lleno a la renovación parcial del Tribunal Constitucional (TC). El tribunal de garantías es formado por doce magistrados, que tienen un mandato de nueve años y, según la Constitución, se tienen que renovar por tercios cada tres años. El próximo 12 de junio se tendrían que renovar cuatro magistrados, dos nombrados por el Gobierno y otros dos por el CGPJ. La semana pasada, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, lanzó la idea que el Gobierno podría nombrar dos de los magistrados, ya que el Poder Judicial no puede hacer nombramientos, desde que el gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos se lo prohibió en marzo del 2021, porque tiene el mandato caducado desde diciembre del 2018.
La propuesta socialista, por una parte, significaría que el Tribunal Constitucional pasaría a tener una mayoría progresista. Al mismo tiempo, es una forma de presionar el PP para que se avenga a renovar los cargos del CGPJ. Hay quien apunta, sin embargo, que los nuevos nombramientos los podría vetar el mismo TC, ya que la Constitución fija que tiene que ser cuatro. El nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijó, ha admitido que los dos partidos están incumpliendo la Constitución, sin embargo, ha añadido que aplaza las negociaciones a que pasen las elecciones en Andalucía, el 19 de junio. Pocos confían que PSOE y PP lleguen pronto un acuerdo, mientras hunden la solidez de las principales instituciones del estado de derecho.
Magistrados
Los magistrados que ahora se tienen que cambiar son tres de talante conservador, y el progresista Juan Antonio Xiol, que ha protagonizado últimamente votos particulares, especialmente contra la dureza de las condenas a los independentistas catalanes, o el hecho de considerar excesiva la total inhabilitación del presidente Quim Torra, ya que la condena era inferior a su mandante, además de perder también el acta de diputado. Los otros que fueron nombrados por el gobierno de Mariano Rajoy y otros dos por el CGPJ en el 2013 son: el actual presidente, Pedro González-Trevijano, y los magistrados Antonio Narváez, y Santiago Martínez Vares.
Bloqueo
En cada renovación del Tribunal Constitucional, tiene que celebrarse un pleno en el cual se da el visto bueno al nombramiento de los nuevos integrantes, una vez se comprueba que reúnen los requisitos legales para acceder al cargo. Se expone que, inicialmente, este examen se centra en verificar su condición profesional, sus años de experiencia en el ejercicio de sus respectivas profesiones jurídicas. No obstante, hay quien apunta que el mismo tribunal de garantías podría bloquear su renovación que impulsa el gobierno de Pedro Sánchez, ya que solo se haría de dos magistrados y hace falta que el tercio esté completo, como establece la Constitució.
Aparte, el PP y Vox presentaron recursos de inconstitucionalidad contra la Ley orgánica 4/2021, de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que impide al CGPJ a hacer nombramientos mientras esté en funciones. Los dos recursos se han admitido a trámite en el TC, y podrían ser debatidos en el pleno este mes de junio. Los magistrados Juan Antonio Xiol y María Luísa Balaguer tienen los borradores, según informan algunos medios de comunicació.
Cambio
La última renovación de magistrados del TC se realizó el 18 de noviembre de 2021, cuando el gobierno de coalición y el PP aprobaron sus candidatos, con perfiles muy políticos y cuestionados. Los propuestos por el PP fueron Enrique Arnaldo Alcubilla y Concepción Espejel Jorquera, que fueron recusados por los políticos independentistas, sin conseguir que se apartaran de intervenir en sus recursos de amparo. Y los propuestos por el PSOE fueron: Juan Ramón Sáez Valcárcel, el cual ya ha redactado varios votos particulares considerando que se han vulnerado derechos a los presos políticos catalanes y al presidente Torra, e Inmaculada Montalbán Huertas. Estos cuatro magistrados estaban pendientes de renovar desde noviembre de 2019.
Ley del aborto
El cambio de magistrados coincide con una sentencia pendiente de gran trascendencia, como es el recurso presentado por el PP en el 2010 contra la ley vigente del aborto. Se indica que la deliberación se ha aplazado a la espera de las elecciones andaluzas del 19 de junio. La sentencia puede llegar con una ley nueva. El 17 de mayo pasado, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de reforma LO 2/2010, de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo.