La Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT) pide penas de 8 a 33 años de prisión para los 12 ciudadanos vinculados a CDR del país, acusados de terrorismo en la Operación Judas por haberse movilizado por el independentismo catalán y el president en el exilio, Carles Puigdemont. Una petición más alta que la presentada por la Fiscalía, que eleva la pena máxima a 27 años de prisión. La ACVOT es acusación popular en esta causa que se juzgará en la Audiencia Nacional, junto con las entidades españolistas: Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT); Asociación Dignidad y Justicia (que también es acusación en la causa de Tsunami Democràctic); Asociación Española de la Guardia civil (AEGC); Asociación Unificada de la Guardia civil (AUGC) y el partido político VOX.

Los abogados de los 12 vecinos procesados, la mayoría defendidos por Alerta Solidaria, tienen que presentar ahora los escritos de defensa, en los cuales se destacará que no se les imputa daños personales ni materiales. Una prueba de eso es que ni la Fiscalía ni las acusaciones reclaman que abonen ninguna indemnización ni responsabilidad civil por supuestos daños materiales o personales. De las cuestionadas acusaciones populares, además, sorprende, que la ACVOT solo ha representado a 1 viuda y dos huérfanos italianos en los atentados de Barcelona y Cambrils del 17-A de 2017, donde hubo 16 víctimas mortales y más de 300 personas heridas, los cuales el Ministerio del Interior todavía no ha contactado para actualizar su situación con la firmeza de la sentencia, el 27 de noviembre pasado.

Las acusaciones

En el escrito de acusación de la ACVOT, a la cual ha tenido acceso ElNacional.cat este lunes y ha sido elaborado por los penalistas José María Fuster-Fabra y Juan Ignacio Fuster-Fabra, se solicita para Eduard Garzón, Jordi Ros, Alexis Codina, Germinal Tomás, Esther García, Sónia Pascual, Queralt Casoliva y Rafael J. Delgado las penas de: 10 años de prisión por el delito de pertenencia a una organización terrorista; 13 años más por el delito de tenencia, depósito, así como fabricación de sustancias o aparatos explosivos de carácter terrorista, y 10 años de prisión, por el delito de estragos con carácter terrorista.

Y para el resto de procesados pide la misma pena que la Fiscalía: 8 años de prisión por pertenencia a organización terrorista para Ferrán Jolis, Xavier Buigas, David Budria y Clara Borrero.

Sin indemnizaciones

Las acusaciones sostienen que los encausados participaron en movilizaciones y que habrían preparado varias acciones, todas hipotéticas, como encerrarse en el Parlament hasta la vuelta del president Puigdemont. También se les criminaliza porque algunos de ellos tenían sustancias precursoras, pero ningún explosivo preparado, como tenían los radicales de Ripoll y que explotó en el chalet que ocuparon en Alcanar. La Guardia Civil ha realizado un informe pericial, en el cual detalla los pocos restos encontrados en casa de dos de los acusados.

En el escrito de acusación de la Operación Judas se sostiene que a través de la aplicación de mensajería Signal, una parte de los acusados "planificaron acciones violentas a estas instituciones", y señala el Parlament, los Departamentos de Interior o Justicia, cuarteles de la Guardia Civil, y empresas privadas, como Amazon o Alstom. Ninguno reclama nada porque no se ejecutaron. Las acusaciones, que paguen las costas; es decir, sus abogados.

La causa de la Operación Judas estaría incluida en la propuesta de ley orgánica de Amnistía, que el PSOE, registró y que esta semana se tiene que empezar a debatir en el Congreso de los Diputados. Su larga tramitación puede provocar que el juicio se celebre en la Audiencia Nacional, pero la ley tendría que estar en vigor cuando llegue una posible condena firme, que es el peligro para no ser amnistiados, según el redactado actual.

 

En la foto principal, investigados de la causa de la Operación Judas y otros represaliados, en un acto de apoyo en la prisión Modelo de Barcelona. / Foto: Miquel Muñoz