Tres entidades, el Partido Animalista (Pacma), Lex Anima y la Fundación Altarriba, han presentado una denuncia delante de la Fiscalía contra la consellera de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, Teresa Jordà, y la directora de Ecosistemas Forestales y Gestión del Medio del mismo departamento, Anna Sanitjas, por el uso de fosfuro de aluminio en carreteras para controlar la superpoblación de conejos. Las tres entidades denuncian en Jordán por delito contra el Medio Ambiente, en una querella que también se dirige a Sanitjas. La denuncia destaca que mientras el Departamento concede y mantiene licencias en granjas de cría intensiva de conejos con finalidades cinegéticos, se ha autorizado el vertido del "veneno" a 300 puntos de la carretera LV-7041 de Soses a Malcoreig para controlar la supuesta plaga.

La denuncia recopilación que desde noviembre de 2022 el Departamento ha anunciado "la existencia de hasta siete presuntas plagas de animales" a Catalunya, concretamente jabalíes, marta, ciervos, peces de especies invasoras, conejos y cabras. A partir de este hecho, sigue el texto, se han creado Mesas de Gestión del Medio Ambiente para tomar decisiones sobre la fauna de cada demarcación. Se denuncia, en este sentido, que se ha "vetado" la asistencia de abogados, de veterinarios y de científicos, y que "únicamente" se ha aceptado la de asociaciones de cazadores relacionadas con asociaciones agrícolas, "sector en el cual el partido político que representan" Jordán y Sanitjas "tiene un amplio número de votantes adeptos". En estas mesas , añade el texto, "se promulgan, sin base científica o legal", las diferentes "plagas de animales" en función de los "intereses cinegéticos que van surgiendo". La denuncia relaciona esta afirmación con pagos a asociaciones de cazadores para matar jabalíes.

Sobre el caso concreto de la "pretendida plaga de conejos en Lleida", la querella enumera hasta once "granjas cinegéticas" donde se crían animales enjaulados para soltarlos en cotos de caza, y en las cuales las denunciadas "han estado concediendo y renovando autorizaciones". Al mismo tiempo, en el 2021 y en el 2022, siempre según la denuncia, se autorizó la liberación de más de 15.000 conejos en Catalunya, 4.230 de los cuales en Lleida, mientras entre el 2020 y el 2022 se autorizaba la caza de 21.881 zorras, "depredador natural del conejo". Así, "las decisiones tomadas por las denunciadas con la expresa intención de hacer prevalecer los intereses económicos del sector cinegético ha provocado una alteración del ecosistema, incidiendo directamente en el incremento de la población de conejos en algunas áreas".

Con respecto al uso de fosfuro de aluminio para intentar disminuir la población de conejos, las tres entidades alertan de que se trata de una sustancia "altamente tóxica y peligrosa para cualquier ser vivo", a la vez que un "veneno no selectivo que puede producir la muerte de animales y personas". También afirman que "las denunciadas han ordenado el vertido del veneno sabiendo que no es selectivo y que implica a destrucción en massa de otros animales en las guaridas o a las zonas de riego y agrícolas, incluso especies protegidas". Los técnicos que se encargan de la actuación introducen entre 2 y 4 pastillas de este biocida en el interior de las guaridas activas de conejos y, a continuación, los tapan con papel y tierra. Pasadas unas 2 o 3 horas desde la aplicación, el producto fitosanitario empieza a gastar fosfamina, un gas que afecta al sistema respiratorio del conejo y que hace que este muera por asfixia. El fosfuro de aluminio tiene una efectividad del 80%.