Presión sobre Cambray. El españolismo no ha tardado en iniciar una nueva ofensiva judicial contra la Generalitat y la Conselleria de Educación con el objetivo de forzar la aplicación del 25% de castellano que dictó el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Y todo ello solo unas horas después de que haya acabado el plazo que dio el TSJC en su auto de hace unas semanas, que obligaba aplicar la sentencia como mucho el 31 de mayo. La Generalitat, inmersa en una estrategia para evitar el 25% basada en la ley pactada por Esquerra Republicana, Junts, PSC y los comuns, y un decreto del Govern, se ha limitado a emitir instrucciones para los centros, que el españolismo considera insuficientes. Y este miércoles lo han demostrado.
Primero ha sido el turno de las agrupaciones Hablamos Español y Convivencia Cívica. Ambas han presentado una denuncia conjunta contra el mismo conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, a quien acusan de un delito de desobediencia y otro de prevaricación porque consideran que ha "desobedecido" la sentencia del 25%. De hecho, han criticado que en las instrucciones que envió el mismo titular del Departamento a las escuelas "se insta expresamente a desobedecer el mandato del tribunal", y centran la mirada en una de las preguntas del cuestionario, que hace referencia a si el proyecto lingüístico de cada centro evita el uso de porcentajes. "Es una clara estratagema para no cumplir la sentencia", lamentan.
1.500 euros diarios de multa
Y esta tarde ha sido el turno de Escuela de Todos, entidad que reúne una quincena de asociaciones que operan con el único objetivo de hacer cumplir el 25% en Catalunya. Su texto también señala directamente a Cambray, y pide al TSJC que declare "que el conseller de Educación no ha dado cumplimiento" a su auto, y que lo requiera para que "de manera inmediata y efectiva dicte las instrucciones necesarias para que todos los alumnos catalanes reciban" una asignatura más en castellano. Más allá, para evitar los obstáculos del Govern, apuestan porque el tribunal se dirija directamente a todas las direcciones de todas las escuelas. Y aún más: el documento exige al TSJC que "se imponga al señor Gonzàlez-Cambray o a aquella persona que lo sustituya en el cargo, si procede, una multa coercitiva de 1.500 euros diarios si no consta que todos los alumnos catalanes reciban un mínimo del 25% de la docencia" en castellano.
"En lugar de un día de alegría, hoy ha sido un día de clara desobediencia", ha lamentado la plataforma, después de que hoy no se haya empezado a aplicar la sentencia. Los principales cargos de Escuela de Todos también han alegado que el Govern actúa contra los "estándares internacionales" porque afirma que incumplirá la sentencia del tribunal. "Solo puede decir que la recurrirá", advierte. También han querido manifestar que "nadie está en contra de la lengua. Solo queremos convivencia".
Arrimadas: "Cambray es un matón"
Las entidades españolistas se han sumado a la ofensiva de Ciutadans, que esta mañana ha optado por situar también al conseller Cambray bajo presión. De hecho, para enfatizar el interés que tienen los naranjas por aplicar el 25%, ha venido la presidenta nacional del partido, Inés Arrimadas, a presentar una denuncia contra el conseller a la Fiscalía Superior de Catalunya. Arrimadas ha acusado Cambray de actuar "como un matón" contra las familias y los directores de escuelas que quieren respetar y cumplir la ley, y respetar un proyecto de cohesión social. El texto de la denuncia señala directamente a Cambray, pero también las otras "autoridades públicas responsables" del incumplimiento del 25%, que son otros cargos dentro de la Conselleria de Educación. La líder naranja también ha advertido que no dejarán "ni un instrumento" sin utilizar para conseguir el 25% de castellano en las aulas catalanas.