Obviamente, están en contra. Las entidades españolistas Escuela de Todos i Asamblea miedo una Escuela Bilingüe (AEB) ven el decreto del catalán como un acto de "desobediencia", mientras que "la única respuesta que cabe a los fallos judiciales es que todos los alumnos catalanes reciban una parte de su docencia en castellano". Así se han expresado en un comunicado difundido este lunes después de que se haya dado a conocer el decreto del Govern, que establece que las cuotas son inaplicables.
Las plataformas han lamentado que "se confirma que el Departament d'Educació no remitirá ninguna instrucción para dar cumplimiento a aquello que ordena el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en el auto del 4 de mayo", que fijaba este 31 de mayo como fecha límite para hacer cumplir la sentencia del 16 de diciembre del 2020 para que todos los alumnos catalanes reciban un mínimo del 25 de su docencia en castellano. "En estos días ninguna instrucción se ha emitido por parte del conseller para dar cumplimiento a esta resolución y hoy se ha confirmado que no emitirá ninguna resolución en este sentido", han criticado.
El 25% de castellano
Escuela de Todos y la AEB han manifestado que "la desobediencia clara, frontal y explícita a los fallos judiciales por parte de los poderes públicos es una quiebra del estado de derecho que tiene que ser reparada por todos los medios de los cuales se disponga". "Y a tal fin emplazamos a todos los actores políticos a utilizar los recursos de los cuales disponen para conseguir la plena aplicación de la Constitución y de las sentencias de los tribunales", han añadido. Han reprochado que el Govern ha expresado "que la respuesta a las decisiones de los tribunales, que exigen una presencia mínima de castellano en la docencia, es el decreto ley que ha aprobado el consejo de gobierno de la Generalitat y que pretende servir de vía para eludir el cumplimientode la mencionada sentencia". "Es una afirmación que no se sostiene", han precisado.
Ambas entidades han insistido en el hecho de que "la única respuesta que cabe a los fallos judiciales mencionados es que todos los alumnos catalanes reciban una parte de su docencia, no inferior al 25%, en castellano." Entonces, han recordado que "en caso de que la Generalitat entienda que ha habido una modificación legislativa que impide el cumplimiento de la sentencia así lo tendrá que indicar al TSJC, quien podrá valorarlo." "Pero en tanto no se produzca una decisión del TSJC sobre la incidencia de la nueva normativa en los fallos judiciales adoptados, estas siguen siendo plenamente obligatorias", han detallado.
Un escrito delante del TSJC
Las plataformas han reconocido que "el texto del decreto ley aprobado no contradice lo que se establece en los fallos judiciales, porque en ningún momento excluye que tanto el castellano como el catalán son lenguas que tienen que ser utilizadas como vehiculares y de aprendizaje en el sistema educativo catalán y es, por lo tanto, compatible con lo que se establece en las mencionadas decisiones" judiciales. Sin embargo, han aclarado que la inaplicación de cuotas "no puede tener como efecto negar la exigencia constitucional que las dos lenguas oficiales sean utilizadas en la enseñanza y que en caso de que alguna de ellas reciba el tratamiento de una lengua extranjera tenga que corregirse esta situación". "Sea como sea, las prescripciones del decreto ley no son aplicables al mínimo vehicular del castellano y del catalán", han señalado.
Con todo, han vuelto a la idea de que el 31 de mayo es la fecha límite para la introducción del 25% de castellano y que el Govern tiene una "responsabilidad especial" en su cumplimiento. "Dispone de mecanismos para conseguir que la Generalitat juste su comportamiento a las exigencias constitucionales", han advertido. En cualquier caso, Escuela de todos y la AEB se encargarán de todo: presentarán "un escrito delante del TSJC denunciante la desobediencia y pidiendo medidas de ejecución inmediata".