Ningún cambio. Los representantes legales de ERC, Junts, Òmnium y la ANC han asegurado este miércoles en el juicio civil que "dieron apoyo, pero que no organizaron" la concentración del 2 de noviembre de 2018 delante de la prisión de Lledoners en apoyo de los presos políticos, y, por lo tanto, no se tienen que hacer responsables de los 21.570 euros, que les reclama Carlos Rubio Galindo, al sufrir una grave caída al acabar el acto político. Solo, el representante del PDeCAT ha admitido ante la magistrada de 1.ª Instancia número 57 de Barcelona, que el acto fue organizado "por todos nosotros", pero no ha detallado más y ha asegurado que el partido no pagó nada. Los abogados de todas las entidades han asegurado que la responsabilidad es del vecino "por su imprudencia" al ir a una zona oscura, fuera del acto y caer.

El demandante ha aportado un cartel de aquella convocatoria, que ponía "organiza: ADIC (Assamblea de Treballadors en Defensa de las Instituciones Catalanas), que la Generalitat ha aclarado en el procedimiento que no existe como entidad. Debajo del nombre de ADIC, salía el nombe de las entidades codemandadas. En el juicio, Elisenda Paluzie, expresidenta de la ANC, ha declarado en la Asamblea "dio apoyo al acto, pero no lo organizó" y ha añadido que "nunca se esconden" y comunican todos los actos que organizan.

Entidad "fantasma"

En las conclusiones, Xavier Rodrigo, abogado de Rubio, ha afirmado que "las entidades codemandadas se protegían en una asociación fantasma, como es ADIC, por si el Estado les reclamara responsabilidades penales en la organización de actos y movilizaciones". Los abogados de las entidades independentistas han asegurado que ADIC sí que existe y que han dejado claro que no organizaron la concentración en favor de los presos políticos. También ha insistido en que "la responsabilidad objetiva no se puede reclamar si no hay un riesgo imputable".

Una caída "imprudente"

El accidente pasó al acabar el acto político. Rubio fue a la zona destinada al aparcamiento de vehículos porque quería orinar de forma discreta porque no había lavabos adaptados, y cayó por "un enorme desnivel", que no conocía, ni estaba señalizado, además que era de noche. Cayó a unas vías de tren, en Sant Joan de Vilatorrada. Sufrió heridas y hace dos meses tuvo que ser operado del tobillo derecho. La familia ha lamentado que las entidades independentistas se desentendieron de Rubio, cuando les preguntó si tenían un seguro del acto. Rubio ha asistido al juicio con el tobillo derecho protegido con una prótesis.

La zona de las vías ha sido arreglada posteriormente, y los actos políticos también fueron dotados con lavabos portátiles. 

Imagen de la caída a las vías, de Carlos Rubio, en el 2018

"No se ha acreditado la responsabilidad de la Asamblea", ha afirmado la abogada de la ANC, y ha añadido que si finalmente se la hace responsable, que también lo sea el actor, por su "falta de diligencia". El abogado de ERC ha insistido en que el responsable económico del partido ha declarado en el juicio que no le consta ningún gasto por el acto de Lledoners, y que la caída "fue un acto propio del actor e imprudente". El abogado de Junts ha expresado que lamenta la caída, pero "es un cúmulo de negligencias y responsabilidad de la víctima, como fija la jurisprudencia del Supremo". El abogado de Òmnium también ha indicado que no se ha demostrado ninguna responsabilidad de la entidad, como exige la jurisprudencia del Tribunal Supremo.