Un equipo de abogados internacionales, liderado por el británico Ben Emmerson, ha llevado el caso de los presos políticos catalanes hasta la ONU. Concretamente hasta el Grupo de Trabajo contra las Detenciones Arbitrarias, que deberá pronunciarse sobre el caso de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. En ese grupo de juristas se encuentra la francesa Rachel Lindon, especializada en derechos humanos. Se muestra confiada en que las Naciones Unidas les dará la razón.
Si bien es contundente cuando acusa al Gobierno español de "usar modos dictatoriales", Lindon también mide muy bien cada una de sus palabras. Más bien escueta, se limita a responder lo que se le pregunta, sin salirse ni un momento del guion. Lo que tiene más claro es que sus clientes han sido detenidos de forma arbitraria y que deben ser liberados inmediatamente.
Ben Emmerson (centro) i Rachel Lindon (derecha)
Dicen que son optimistas. ¿Qué esperan de llevar el caso a la ONU?
Somos optimistas porque, tras estudiar la documentación, estamos convencidos de que el encarcelamiento de los presos políticos catalanes viola la legalidad internacional. La justicia española, en un lamentable episodio de parcialidad, tiene a cuatro personas en la prisión por el simple hecho de defender pacíficamente un proyecto político diferente. Nosotros estamos seguros de que estamos ante una detención arbitraria, que solo busca reprimir a los independentistas y que vulnera los derechos fundamentales. La comunidad internacional se toma muy en serio los posicionamientos de las Naciones Unidas. Pese a que la opinión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias no es vinculante, lo que esperamos es un posicionamiento contundente ante esta gravísima actuación.
¿Hay algún precedente similar al suyo?
Sí. En nuestro recurso detallamos cada uno de los derechos blindados por tratados internacionales que ha suscrito el Estado español, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y detallamos la jurisprudencia del grupo de trabajo. Encontramos jurisprudencias en países como Marruecos, Argelia o Venezuela, entre otros. El grupo de trabajo ya se pronunció en un caso similar en Argelia, en el que se había detenido a una persona (Kamel Eddine Tekhar) no por haber cometido un delito, sino por haber participado en movilizaciones y actividades políticas no violentas. También falló contra el gobierno de Marruecos por el caso del activista Salah Eddine, que estaba a favor de la autodeterminación. El grupo concluyó que estaba encarcelado por ejercer su derecho a la libertad de expresión y opinión.
Hay casos comparables al de los presos catalanes en países como Marruecos, Argelia o Venezuela.
¿Se puede comparar con Venezuela? El Gobierno español denuncia a menudo la situación en ese país.
En el caso catalán vemos cómo la justicia española ha transformado peligrosamente el significado de la palabra violencia y la equipara al simple hecho de ejercer derechos civiles como votar o presentarse a elecciones… Nada en el proceso político catalán puede ser descrito como violento. Precisamente, el grupo de trabajo se pronunció en estos términos en relación a la situación en Venezuela. Los casos son comparables.
¿Qué derechos se ha vulnerado a sus clientes?
En términos generales, derechos fundamentales como la libertad de expresión, manifestación, opinión, asociación y participación. El derecho a tener un juicio justo y la discriminación por motivos políticos. Es decir, que los afectados están en prisión por sus ideas políticas -por haber defendido el derecho a la autodeterminación de los catalanes- en un caso claro de discriminación respecto a otras actuaciones similares con diferentes personas implicadas.
¿Hay algún delito en la proclamación de la independencia?
No corresponde a los abogados definir o encontrar delitos.
Para denegar la libertad a Jordi Sànchez, el juez Pablo Llarena argumenta que “mantiene su ideario”.
Eso es suficiente para cuestionar que las detenciones son arbitrarias. Es decir, que están motivadas por sus ideas.
Lo que diga el grupo de trabajo no será vinculante. No sería la primera vez que la ONU advierte a España -por ejemplo sobre desapariciones forzadas- y que no cambia nada en España.
Al menos sería un toque de atención contundente a un país que dice ser democrático y respetuoso con los derechos humanos.
¿Qué permitiría una conclusión favorable a los intereses de sus clientes?
Es una buena pregunta, pero debería hacérsela al juez o al Gobierno español. Para nosotros, lo más urgente es su liberación.
¿Confía en que la justicia europea acabe impartiendo justicia?
Estamos convencidos de que será así y que el caso de Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Oriol Junqueras y Joaquim Forn no quedará impune.
De momento, excepto por la violencia policial el 1-O, solo ha habido silencio en la comunidad internacional…
Sí, y no es suficiente. Por eso vamos a la ONU.
Usted ha denunciado el autoritarismo de las autoridades españolas…
Ha usado modos dictatoriales y lo reitero. Es una vergüenza que un país como España, que pasó por una durísima Guerra Civil y que aguantó la losa de la dictadura de Franco y su séquito, tolere un espectáculo judicial como este.
Es una vergüenza que un país que pasó por una durísima Guerra Civil y que aguantó la losa de la dictadura de Franco y su séquito tolere un espectáculo judicial como este
¿Qué opina de su respuesta al conflicto catalán?
Solo puedo decir que su respuesta judicial viola los derechos de nuestros clientes.
¿Existe la separación de poderes en España?
Si nos ceñimos al caso de nuestros clientes, parece que no.
Hemos visto a ministros que avanzan lo que harán los jueces, incluso al presidente Rajoy llamando a los jueces del Constitucional antes de que se reúnan…
Algunas declaraciones públicas de miembros del Gobierno español son, sin duda, violaciones de la presunción de inocencia y cuestionan la independencia de la justicia en España.