Alain-G. Gagnon, profesor de ciencias políticas en la Universidad del Quebec en Montreal, es un experto internacional en federalismo, autodeterminación y conflictos de soberanía. Esta semana participa de forma telemática en las jornadas del Institut d'Estudis Catalans y Eusko Ikaskuntza, que después de dos años de debate con académicos internacionales han elaborado un código de buenas prácticas para la resolución de conflictos de soberanía. Sabe muy bien de lo que se trata, y establece fácilmente sobre todo las diferencias entre España y Canadá.

¿Qué es un conflicto de soberanía?
Un conflicto de soberanía es, esencialmente, un conflicto entre legitimidades: ¿cuál es el sujeto político? El pueblo se puede encontrar a nivel de una comunidad autónoma, por ejemplo. Lo que pasa es que, en la tradición española, existe la idea de que el pueblo es sólo aquellos que viven en el territorio de España. Pero hay otras tradiciones. En la más continental, y sobre todo la tradición helvética —a la que Canadá se adhiere habitualmente—, es una multiplicidad de comunidades políticas que permite a la soberanía expresarse y al pueblo reclamar sus derechos.

El problema de partida de España es que no reconoce la multiplicidad de comunidades dentro de su territorio.
Exactamente. El desafío es de reconocimiento. En su día, la España del 78 hizo cuando menos un esfuerzo por reconocer a sus naciones históricas. Pero ahora, esta España se ha mostrado cada vez más reticente a reconocerlas. Simplemente las ha querido integrar, fusionarlas con la nación castellana. Sugiere que esta comunidad histórica se tendría que borrar, tendría que desaparecer en beneficio de la nación "mayoritaria". Hay un conflicto importante, porque es una cuestión de dignidad para las naciones históricas. No pueden aceptar borrarse.

¿Cómo se resuelve un conflicto de soberanía?
Es la gran cuestión. Hace falta mucha madurez política. El grupo mayoritario tiene que demostrar más flexibilidad y apertura a las reivindicaciones de los grupos minoritarios. Si no, no estaríamos en la barbarie, pero sí en otro tipo de cultura política, donde los dominantes simplemente impondrían las reglas del juego fuera de la democracia. La democracia es el respeto de la diversidad de puntos de vista, pero también intentar dar una voz a cada comunidad. Una democracia madura tiene que aceptar incluso que sea cuestionada. En el caso de España, hay la sensación que todavía no ha alcanzado esta madurez. La necesitará si quiere un futuro prometedor.

España necesitará la madurez política que no ha alcanzado si quiere un futuro prometedor

¿Es un asunto interno de España, como se acostumbra a decir desde Madrid?
Es muy fácil decir que es un problema interno de España. Pero España evoluciona en el seno de las instituciones europeas y de las instituciones internacionales. Es cierto que Europa parece más bien un club de estados que se protegen el uno al otro los privilegios. Pero Europa tiene que levantarse por encima de la melé y hacer que las injusticias cometidas a escala de los Estados sean atenuadas o resueltas.

¿Hay un déficit en Europa con respecto a la resolución de este tipo de conflictos?
Hay un déficit en Europa, sí, pero al mismo tiempo hay ciertas comunidades que están más abiertas que otras a estos desafíos. Bélgica, por ejemplo, tiene una voluntad de reconocer por delante de todo su diversidad; también en el Reino Unido, aunque salga de la Unión Europea. Hay culturas más abiertas y sensibles a la diversidad. Hay otras que lo son mucho menos, como las de España o Francia. Hay una tradición borbónica muy reticente a reconocer la diversidad nacional.

¿Qué lecciones podemos extraer del caso quebequés?
A pesar de las tensiones que existen entre Quebec y el gobierno central y a veces con las Primeras Naciones, hemos establecido grandes principios a partir de los cuales establecer negociaciones constitucionales. Primero, el principio democrático, que está en el corazón de la cuestión. Se acepta que los miembros de la federación puedan formular preguntas a sus ciudadanos para revisar el funcionamiento de la federación. Eso parece ser imposible en el caso de España. Segundo, el principio federal: que las comunidades políticas pueden afirmarse, tener relaciones negociadas y no impuestas. Tercero, está la idea de que tiene que haber un equilibrio entre el constitucionalismo y el estado de derecho. No se basa todo en el estado de derecho, como pasa en España. El constitucionalismo incluye la idea del consentimiento. Y, finalmente, el respeto del derecho de las minorías. No sirve la regla del más fuerte. El caso canadiense explica en parte por qué el independentismo se ha atenuado. Ninguno de estos principios puede anular al otro. Hace falta asumirlos todos y negociar de buena fe. En el caso de España, en cambio, la negociación de buena fe no ha estado presente por parte del gobierno central, que quiere imponer sus reglas de juego.

La principal diferencia entre Catalunya y Quebec es la actitud de los gobiernos centrales de España y Canadá
Exacto. Hay una actitud muy diferente. No quiere decir que el gobierno central de Canadá reaccione siempre de buena fe y demuestre siempre una gran empatía. También hay un pulso... Pero no ha habido una intervención forzada. No tenemos al ejército o la policía en Montreal.

Aquí tenemos la justicia que lo enfanga todo, desde la condena por el referéndum del 1-O hasta la inhabilitación del president Quim Torra.
Efectivamente. España tiene un largo camino por recorrer para encontrar la confianza de los catalanes, de los vascos o incluso de los gallegos. Hay una debilidad sistémica. Para adquirir de nuevo cierta credibilidad, habrá que revisar las reglas de juego impuestas por el gobierno central.

La imagen de España ya ha sufrido lo suficiente a nivel internacional. Cada vez es menos respetada

¿Sería imaginable una reacción judicial como esta en Canadá?
No creo que sea imaginable este escenario a menos que hubiera amenazas a la seguridad pública. En un clima de democracia, de apertura, la idea de hacer votar al pueblo sobre su futuro político es vista de manera muy positiva. Justamente para evitar las tensiones. El derecho a ser consultado es visto como legítimo en Canadá; incluso animado. La Carta canadiense de derechos y libertades establece que los estados miembros pueden consultar a su población para establecer relaciones entre el estado miembro y el gobierno central sobre cuestiones específicas.

¿Como ve la mesa de diálogo bilateral establecida entre España y Catalunya?
No podemos estar en contra de una mesa bilateral. Habrá que ver si da frutos, pero la idea de construir puentes entre Madrid y Barcelona es, como mínimo, inteligente. Es más valiente que lo que había hasta ahora. Ahora falta ver qué sale, si sólo es para rebajar las tensiones. Hacen falta gestos muy concretos. Por ejemplo, la liberación de las personas encarceladas por defender un referéndum.

¿Tres años después del referéndum del 1-O, qué se puede extraer de ello?
Que tendríamos que encontrar una manera de constitucionalizar el derecho a consultar el pueblo. Sólo hace falta voluntad política. El Gobierno habría podido autorizar el referéndum, y no comprendo que no lo haya hecho. No se puede bloquear una comunidad política. La imagen de España ya ha sufrido lo suficiente a nivel internacional. Cada vez es menos respetada.

¿Sin autodeterminación es posible una solución?
El pueblo se tiene que poder expresar. Y si el gobierno central no es capaz de respetar la decisión de las comunidades políticas, habrá que pensar a escala europea.