Lo que tenía que convertirse en un estandarte de Pedro Sánchez para presumir de su legado en La Moncloa se ha convertido en una patata caliente en el Consejo de Ministros. La entrada en vigor de la ley del 'solo sí es sí' ha comportado una lluvia de revisiones de condenas, con al menos 300 rebajas y 30 liberaciones. Las miradas están puestas en el Ministerio de Justicia y, especialmente, en el de Igualdad; por el hecho de ser su ley estrella. Isa Serra, portavoz de Podemos y asesora del Ministerio capitaneado por Irene Montero, atiende a ElNacional.cat en medio de negociaciones tensas entre su partido y el PSOE, con el fin de encontrar la manera de reformar el texto y poner, de esta manera, punto final a la alarma social que genera la rebaja de penas para centenares de agresores sexuales.
Alguna cosa buena tendrá la ley.
Ahora las mujeres pueden tener acceso a una psicóloga especializada sin necesidad de tener que denunciar, tienen asesoría jurídica y protección. Por ejemplo, se recogen muestras de ADN a la víctima sin necesidad de denunciar, y también pasa a ser obligatorio recibir educación sexual en todos los ciclos educativos. Es decir, que no es una ley que solo transforme el Código Penal.
Pero lo que ha generado alarma social está relacionado con el Código Penal. ¿Por qué se producen estas rebajas de penas a agresores sexuales?
Por el machismo de nuestra sociedad. La alarma social existe por algunos medios de comunicación que están llevando el debate hasta puntos poco útiles, y se fundamenta porque hay jueces que deciden incumplir el derecho transitorio. Es preocupante para las víctimas y para el conjunto de la sociedad, que tiene que avanzar para combatir las violencias sexuales.
¿Qué dice el derecho transitorio?
Que una pena se tiene que mantener si está dentro de la nueva horquilla de penas.
¿Es decir, que es culpa de los jueces?
Se trata de una ofensiva de la derecha política, judicial y mediática para echar atrás una ley que es un avance feminista. ¡El Parlamento Europeo ha dicho que la ley tiene que aplicarse en otros países! Y hay una minoría de jueces que contradicen a la Fiscalía General del Estado cuando revisan condenas y deciden no aplicar agravantes a los condenados. Hay jueces que no han visto un abuso de superioridad cuando un hombre ha obligado a su hijastro a hacerle una felación, y que no han aplicado el agravante de vulnerabilidad y de violación grupal cuando cuatro hombres han agredido a una mujer discapacitada.
¿Entonces, usted considera que hay jueces que prevarican?
Es poco útil decir que los jueces son prevaricadores; no quiero detenerme en calificativos que puedan perjudicar el debate. Lo que es importante es que no tenemos que hacer modificaciones a una ley que pueden llegar a perjudicarla.
El PSOE está cediendo a las presiones de los sectores conservadores
Ahora hacía referencia a la derecha política, judicial y mediática. Este discurso hace pensar que a la derecha no le indigna tanto una violación como a la izquierda.
Cuando hablamos de derecha judicial nos referimos a aquellos sectores conservadores que siempre han operado contra los avances feministas. Las Naciones Unidas ya dicen que en nuestro país hay un patrón estructural en la justicia que desprotege a las víctimas. Y después, lo que hace la derecha mediática es utilizar la revisión de penas para ir en contra del Ministerio de Igualdad.
¿Si el Ministerio de Igualdad ya era consciente de cómo es la justicia española —de hecho la ley nace a consecuencia de la sentencia de La Manada, que hablaba de abuso y no de violación— por qué no se ha escrito un texto bien claro que ligara a los jueces de manos y pies en sus interpretaciones?
Es que el problema no es este. Ya lo vimos en 2004 con la Ley de Violencia de Género. La historia se repite. En aquel momento los jueces pusieron 200 cuestiones de inconstitucionalidad ante el TC, cosa que dejó desprotegidas a muchas mujeres; con sus agresores en su casa. Aquello hizo aumentar en un 158% los sobreseimientos y generó desprotección en las víctimas. Estas decisiones se tomaban por ideología. Y ahora todo el mundo sabe que aquella ley es un avance indiscutible. La solución no puede ser dejar de dar pasos feministas.
En todo caso, desde el primer momento ha habido avisos sobre el riesgo a encontrarse con rebajas de penas.
Sí, pero se debatió sobre esta cuestión y se hizo un texto para que eso no pasara. El Consejo General del Poder Judicial alertó de que rebajar las penas máximas podría comportar una revisión de penas, y esta aportación se acabó añadiendo a la ley. Por lo tanto, no hay un problema en la ley, sino en su aplicación.
¿Quién es más responsable de la problemática de las penas? ¿El Ministerio de Igualdad o el de Justicia?
El de Justicia es el responsable de hacer un cambio en el Código Penal; es quien da el visto bueno. Pero el debate se produce entre los dos Ministerios.
¿Entonces, por qué el foco está sobre el Ministerio de Podemos y no en el del PSOE?
Porque Podemos es el principal objetivo de los ataques de la derecha de este país. Prefieren un gobierno del PSOE que no uno de coalición. Y porque los socialistas están cediendo a las presiones de los sectores conservadores. E Igualdad lo que ha hecho es aceptar hacer modificaciones penales.
Volver a introducir la violencia y la intimidación pone la responsabilidad en la víctima, y las hace pasar por un calvario probatorio
¿Y más allá del famoso decálogo, qué propuestas ha hecho Igualdad en relación al Código Penal?
El Ministerio ha hecho varias propuestas, pero las negociaciones se mantienen en silencio para preservar la unidad del Gobierno y para no generar más dolor a las víctimas.
De todos modos, el PSOE sí que ha hecho públicas sus propuestas, y lo hace para presionar a Podemos.
Lo que ha hecho el PSOE es hacer la misma propuesta que el PP, que es echar atrás el corazón de la ley, el consentimiento. Es un verdadero problema que la propuesta del Ministerio de Justicia sea la misma que la del PP. Espero y deseo que el PSOE no ceda a las presiones del PP para echar atrás el consentimiento.
¿Sienten ustedes como una presión el ofrecimiento de votos gratuitos del PP al PSOE para reformar la ley sin Podemos?
Es evidente que hay presiones contra el avance feminista, cosa que es profundamente problemático. Es curioso, también, que la derecha fue la primera en denunciar que esta ley llevaría a todos los hombres a prisión. Se indignaban diciendo que ahora los hombres tendrían que firmar un contrato con la mujer antes de tener relaciones sexuales; y argumentaban que el consentimiento ya estaba incluido en el último Código Penal.
Desde Podemos se insiste en que el PSOE quiere eliminar el consentimiento de la ley. Pero eso no es verdad; al menos los socialistas lo niegan tajantemente.
Antes, la pregunta que se hacía a las víctimas en un juicio era si se habían resistido en la violación. Ahora sencillamente se pregunta si consintió, y se exige que el hombre esté seguro de que hubo consentimiento. Lo que plantea el PSOE es volver a introducir elementos que generan un subtipo. Es decir, volver a introducir la violencia y la intimidación vuelve a poner la responsabilidad en la víctima, y hacerlas pasar por un calvario probatorio. Hay que tener en cuenta que cualquier tipo de agresión sexual sin consentimiento ya implica intimidación. Vaya, que el planteamiento del PSOE es un retroceso.
Podemos también sostiene que modificar ahora la ley ya no tiene sentido. ¿El mal ya está hecho?
Cada vez que hay una modificación del Código Penal se producen peticiones de revisión. Si ahora el poder legislador pide aumentar las penas, puede dar a entender a todos aquellos jueces que han decidido no hacer revisiones que antes la ley no era clara. Por lo tanto, lo que provocas es que todavía más jueces puedan entonces aplicar esta ley en beneficio del reo, argumentando que antes no era lo suficientemente clara. Es decir, que una reforma del Código Penal, en lugar de evitar las revisiones, puede generar un problema mayor y generar aún más rebajas. Eso el PSOE lo sabe. Además, hay que tener en cuenta que las revisiones se tienen que hacer con carácter de máxima urgencia; en un mes o dos. Si la ley está en vigor desde el pasado mes de octubre, eso hace pensar que nos debemos encontrar en el final de estas rebajas. Es decir, que sería un nuevo problema volver a modificar el Código Penal, porque comportaría una nueva oleada de revisiones.