Jaume Asens es uno de los protagonistas de los últimos días en la política española. El presidente de Unidas Podemos en el Congreso atiende a ElNacional.cat unos días después de que su grupo parlamentario haya registrado, junto con el PSOE, una proposición de ley para derogar el delito de sedición e incluir los desórdenes públicos agravados en el Código Penal. El líder de los comunes en la cámara baja atiende a este diario cuando, medianamente superado el episodio sobre la sedición, el debate se centra en una reforma de la malversación. Afirma que es un delito que se ha utilizado como "comodín para hacer guerra judicial".
En los últimos días ha reconocido que esta proposición de ley no es exactamente la que ustedes hubieran querido.
La política son cesiones mutuas y constantes. Se trata de un avance democrático que nos homologa a la mayoría de países de nuestro entorno, pero el acuerdo es fruto de una negociación, una correlación de fuerzas, y es evidente que es mejorable.
¿En qué se traduce eso? ¿Qué falta o qué ha añadido al PSOE que no les gusta?
Aunque las penas se equiparan a otros códigos penales, consideramos que siguen siendo demasiado altas. Como abogado especialista en defender gente acusada de desórdenes públicos, sé que se trata de un delito que acostumbra a ir acompañado de los de atentado contra la autoridad, lesiones y daños. El cómputo global es absolutamente desproporcionado. A pesar de haberse rebajado a un máximo de cinco años lo que antes se castigaba con seis, pensamos que sigue siendo demasiado alto. Nos preocupa, sobre todo, que la pena mínima sea de tres años; así como el artículo que habla sobre las ocupaciones.
Precisamente estos días han surgido críticas al texto porque se considera que, en caso de repetir el 1-O, ocupar colegios electorales sería delictivo.
Sí, pero se trata de una comparación incorrecta, tanto antes como ahora se detalla que se tiene que perturbar de forma relevante la paz pública o la actividad normal de un centro, cosa que no pasó el 1-O porque los locales estaban vacíos, no había clase y además contó con el apoyo de los ayuntamientos. Me preocupa que se hagan declaraciones en este sentido porque pueden tener un efecto disuasivo. La gente protesta demasiado poco, y creo que el motivo se debe al miedo; y discursos de este tipo hacen que mucha gente se lo piense dos veces antes de ir a protestar.
Pero la PAH, por ejemplo, sí que ocupa entidades bancarias o sedes de partidos políticos.
Sí, y aquí sí que hay un problema. Este delito lo introdujo el PP para perseguir el 15-M. Nosotros siempre hemos defendido que tendría que desaparecer del Código Penal, y ahora se mantiene.
¿Se plantean presentar enmiendas a la propuesta de ley que tengan que ver con el derecho de protesta?
Sí, esta es la idea; estamos valorando el contenido.
Pero es su propio texto. Estos días se habla de incluir enmiendas para reformar el delito de malversación, pero suena extraño que quieran presentar relacionadas con los desórdenes públicos agravados.
No lo es. También hemos presentado enmiendas a los presupuestos, de la misma manera que el PSOE ha presentado una batería de enmiendas a la Ley Trans aprobada por el Consejo de Ministros.
¿Si se quería atar de manos y pies a los jueces españoles con la derogación del delito de sedición, la introducción de la 'intimidación' no les da barra libre?
'Intimidación' sustituye a 'amenazas', que es prácticamente equivalente. Hay que tener en cuenta que el derecho está repleto de conceptos jurídicos indeterminados, y hay muchos conceptos que en manos de un juez conservador pueden acabar tergiversados.
Estos días suena mucho este relato de que el problema es de los jueces que aplican la ley; tanto con el tema de la sedición como con la ley del 'solo Sí es Sí'. ¿No es que el redactado de las leyes tiene lagunas?
Los jueces tienen que interpretar la voluntad del legislador, no sustituirla. Y eso es lo que no hizo el Supremo, ya que hicieron una interpretación voluntarista, imaginativa, del delito de sedición, porque después del discurso del 3-O tenían muy claro que aquello que pasó en Catalunya no podía quedar impune. Buscan en el ordenamiento, no encuentran nada, y al final hacen una interpretación forzada de la ley. El problema en España es que tenemos políticos vestidos de jueces.
Queda claro: los jueces tienen que hacer de jueces, no de legisladores.
El Supremo hizo una sentencia en la cual corregía al legislador. Con esta derogación le quitamos al Supremo su juguete para manipular la intención del legislador. Sería interesante que Sigmund Freud analizara el inconsciente del PP, que sin darse cuenta, en sus últimas declaraciones defiende que quien mandan son los jueces. Tiene que ver con su ADN predemocrático. Como los jueces están alineados con una idea conservadora de España, son los que defienden España; y consideran que España está amenazada por el legislador, cuando es la representación del pueblo.
Hace unos días Gabriel Rufián quiso dejar claro que "nadie hace de puente entre el PSOE y ERC". Dio a entender que el papel de Unidas Podemos no había sido tan relevante en estas negociaciones.
Resulta extraño que ERC insinúe que nosotros no formamos parte del acuerdo cuando se trata de un texto que lleva nuestra firma y la del PSOE. Yo solo tengo palabras de agradecimiento hacia Esquerra porque sin ellos esto no hubiera sido posible. Ellos presionan desde fuera y nosotros desde dentro. Hay que recordar que tanto el discurso de ERC como el del PSOE ha evolucionado porque al principio despreciaban los indultos y esta reforma.
La malversación es un delito comodín que se ha utilizado para hacer guerra judicial
¿Alguna novedad sobre qué movimientos hará Unidas Podemos sobre la reforma del delito de malversación?
Nosotros consideramos que la reforma se tiene que hacer, pero nos tenemos que poner de acuerdo con los otros partidos.
Usted defiende una reforma del delito de malversación que distinga el lucro personal de aquello que no lo es.
Sí, el tipo penal ahora mismo no lo diferencia; y eso es un disparate.
Ni en el Procés ni en la Operación Kitchen hubo lucro personal, pero queda claro que un caso es corrupción y el otro no. ¿Qué se tiene que hacer?
Se tiene que ser muy tajante y quirúrgico. El PP se queja ahora de que esta modificación se ha hecho a la medida del independentismo, cuando fueron ellos los que modificaron el Código Penal después del 9-N para perseguir independentistas; y después estas modificaciones tienen efectos sobre toda la población. Por culpa de eso, ahora tenemos un Código Penal redactado de una forma que con la malversación se persiguen cosas que no son corrupción. La malversación es un delito comodín que se ha utilizado en Latinoamérica y aquí para hacer guerra judicial. El problema que tenemos ahora es que se ha instalado en la opinión pública que queremos salvar a los corruptos.
Usted asesoró a Carles Puigdemont por su exilio. ¿Qué le recomendaría ahora?
Los exiliados tienen un magnífico abogado que se llama Gonzalo Boye, de manera que no necesitan mis recomendaciones. De todos modos, tiene que quedar claro que el PSOE dice una cosa que no es verdad: este nuevo texto no ayudará a facilitar las extradiciones. La extradición de Puigdemont ha sido denegada por los hechos, no por el tipo penal. Pero es normal que hagan este discurso; es para apagar el fuego con los barones.
¿La derogación de la sedición y la modificación de la malversación pueden tener efectos en los inhabilitados?
La inhabilitación es una pena accesoria a la pena principal. Por lo tanto, cuando cae la pena principal, la accesoria también lo tiene que hacer. En el caso de la gente que ha sido condenada por sedición, si se les saca la pena principal de prisión, también cae la pena de inhabilitación asociada.