El Tribunal Supremo decidió el lunes oponerse a aplicar la ley de amnistía a los líderes del procés que ya han sido condenados por organizar el referéndum del 1-O y mantuvo las órdenes de detención a Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig. Joaquín Urías (Sevilla, 1968) fue letrado del Tribunal Constitucional entre 2004 y 2010. Y ya avisa en esta conversación con ElNacional.cat de que este tribunal no será el bote salvavidas de la ley que tiene como objetivo reparar la persecución judicial al independentismo. “Es el final de la amnistía”, escribía Urías el martes en su cuenta de X (antes Twitter). En esta entrevista insiste en los motivos que le llevan a ser pesimista. Opina que Pablo Llarena y Manuel Marchena han maniobrado para cumplir su “doble objetivo”: “Bloquear la ley y dinamitar la legislatura española”. Pese a dejar claro que no es “futurólogo”, señala cuál es la única vía para que el Supremo amnistíe a Carles Puigdemont: que el PP necesite aritméticamente a Junts per Catalunya para volver a gobernar España.
¿Llarena y Marchena han prevaricado?
No. Porque el delito de prevaricación exige que un juez tome una decisión sabiendo que es contraria al derecho. Lo que pasa es que los jueces del Supremo están convencidos de que su trabajo y su tarea es salvar a España y de que su función implica reinterpretar las leyes de la manera más conveniente a su ideal de España y relación con el independentismo.
¿Por qué afirma usted que la decisión del Supremo es el final de la ley de amnistía?
Porque en España, desgraciadamente, tenemos un sistema en el que el Supremo es el último tribunal; está arriba del todo. Sus decisiones ya no son apelables por nadie. No podemos hacer nada más. Y en España se trata, además, de un tribunal nombrado a dedo y de forma arbitraria, sin criterio alguno. El Consejo General del Poder Judicial te elige para ello con el único requisito de que tengas unos años de antigüedad en el oficio.
¿Pero el Constitucional no tendrá la última palabra? Esta misma semana este tribunal está rebajando e incluso anulando penas por el fraude de los ERE, precisamente por el delito de malversación.
El Tribunal Constitucional está por encima del Tribunal Supremo, pero no aplica las leyes, aplica e interpreta la Constitución. Yo supongo que los líderes del procés presentarán un recurso de amparo ante el Constitucional, pero este tribunal no señalará cómo se debe aplicar la ley de amnistía, sino si a estas personas se les ha vulnerado algún derecho constitucional. Lo máximo que puede hacer es anular una resolución y decirle al Tribunal Supremo que debe volver a dictar una nueva. Y esto calculo que pasará de aquí dos o tres años. El Constitucional no puede aplicar la amnistía.
Eso es, entonces, lo que el Constitucional está haciendo estos días con la Audiencia de Sevilla.
Exactamente. Le está diciendo a la Audiencia de Sevilla que no ha juzgado bien cuando ha condenado a los procesados por preparar una ley en el caso de los ERE.
Entonces, ¿el Constitucional podrá en todo caso decirle al Supremo que no puede condenar a los líderes independentistas por un delito de malversación?
No, tampoco. En todo caso, podrá instarle a utilizar otros argumentos.
Y vista la trayectoria del Supremo, ¿podemos asumir que este tribunal volvería a hacer ingeniería creativa?
No lo sabemos, aunque es muy posible.
Aun así… ¿De verdad que no hay ninguna otra solución? Como, por ejemplo, modificar la ley.
El Tribunal Supremo ya se ha declarado en rebeldía y ha decidido que ellos van a reinterpretar la ley, haga lo que haga el Congreso. Es muy duro decirlo, pero esto no tiene solución. Si queremos respetar el Estado de derecho, no hay manera humana de obligar al Supremo a acatar la ley.
¿Hay una crisis constitucional en España?
Estamos en una crisis material. Porque, formalmente, en España sí que existe un Estado de derecho impoluto. Existe un estado democrático en el que los ciudadanos votan a unos diputados que se reúnen en unas Cortes y aprueban unas leyes que posteriormente aplican los jueces. Pero es una estructura vacía; un decorado. Porque los jueces hacen como si aplicaran la ley, pero realmente no la aplican. Por lo tanto, hay una crisis. Cada vez es menos importante quién gana las elecciones.
¿Cómo cree que afecta la decisión del Supremo a la relación de Pedro Sánchez con Junts per Catalunya y Esquerra Republicana; así como la posibilidad de investir a Salvador Illa como president de la Generalitat?
El Supremo ha tomado esta decisión para bloquear la amnistía y para dinamitar la legislatura española. El objetivo es doble porque intenta que el independentismo le exija explicaciones a Pedro Sánchez. Pero eso sería irresponsable por parte de Junts, porque ellos han participado en el redactado de la ley. Y, además, da igual lo que pongas en la ley. Y respecto a Illa, pienso que sería un error confundir una cosa con la otra.
En los audios filtrados esta semana del juez Aguirre ya queda clara esta doble intención de la que habla: anular la amnistía y tumbar al gobierno de Pedro Sánchez.
A mí los audios de Aguirre no me extrañaron. He estado siguiendo cuentas de jueces y sus comentarios en internet, y lo que les molesta no son las declaraciones de Aguirre, sino que este haya sido grabado. Los comentarios de este juez no les avergüenzan porque son habituales en el colectivo; decir que se juega a hacer política.
¿Pero lo que se confiesa en los audios es punible?
No creo que sea delito. Esto es como lo que comentábamos justo al principio: es posible que Aguirre haya dictado la resolución que creía más justa, aunque después presuma de ello. No tenemos pruebas de que Aguirre haya dictado lo que ha dictado sabiendo que es injusto. No podemos probar la prevaricación, pero sí la politización.
¿Juegan a hacer política a favor del PP? ¿Qué va a pasar el día que este partido necesite a Junts per Catalunya para gobernar?
No soy futurólogo. Pero tengo la intuición de que el Supremo o los tribunales españoles solo van a permitir un perdón o una amnistía a Puigdemont cuando el PP lo necesite. Porque en los últimos años veo cómo los altos tribunales españoles toman las decisiones que necesita el PP.
¿Tiene razón Alberto Núñez Feijóo cuando pone en duda la imparcialidad del Tribunal Constitucional?
Aunque parezca una paradoja, el Constitucional es el tribunal con el que hay menos motivos para decir eso. Los tribunales ordinarios de justicia, así como el Supremo, tendrían que ser tribunales profesionales a los que se llega exclusivamente por méritos. Pero los magistrados de cualquier tribunal constitucional del mundo tienen que ser elegidos teniendo en cuenta su ideología. Porque este tribunal cierra lo que la Constitución no cierra.
¿Qué quiere decir?
Cuando la Constitución no dice nada sobre el aborto o el matrimonio homosexual, son estos señores los que dicen lo que no ha podido decir la Constitución. Lo que me parece un error es que Feijóo no ponga en duda la imparcialidad del Tribunal Supremo cuyos magistrados están elegidos a dedo por un órgano político.