Xavier Pellicer: "Los Mossos tienen un poder capaz de desestabilizar al Govern"

La semana que Joan Fuster cumpliría cien años son muchos los aforismos rescatados. Como aquel que dice que "toda política que no hagamos nosotros, será hecha contra nosotros". Una máxima que Xavier Pellicer (Sabadell, 1983), diputado de la CUP en el Parlament de Catalunya, podría enviar perfectamente al conseller Joan Ignasi Elena la misma semana que ha sido reprobado. En una extensa entrevista con ElNacional.cat, el exportavoz de Alerta Solidària evita poner en cuestión el cargo del titular de Interior. Pero sí que constata que "queda muy lejos de los compromisos de mínimos" que alcanzaron al principio de la legislatura y le reclama más valentía ante los "agujeros negros" en el cuerpo de Mossos d'Esquadra, que considera un contrapoder fáctico. Unos problemas de fondo que el parlamentario anticapitalista espera que se aborden el viernes que viene en la comisión de estudio del modelo policial, cuando se votarán las conclusiones. Las suyas las estuvo redactando hasta la madrugada e incluyen la disolución la BRIMO y el ARRO, la prohibición de las balas de foam o una comisión de investigación sobre la Comisaría de Información. Con respecto a los presupuestos de la Generalitat, ninguna novedad a la vista: no prevén sentarse con el Govern porque nada ha cambiado.

Esta semana el conseller Elena ha sido reprobado por el Parlament. La CUP ha votado en contra. ¿Cree que está a la altura de sus responsabilidades?
La reprobación no es neutra. Viene de una propuesta del PSC, que está haciendo de portavoz de los sindicatos policiales y de un cuarto poder, los cuerpos policiales, que quiere evitar cualquier cambio, por mínimo que sea, y condicionar las políticas públicas. No entramos en el juego del PSC. Nosotros planteamos que se tienen que hacer cambios profundos dentro del cuerpo de Mossos d'Esquadra y del Departamento de Interior. ¿Lo que se ha hecho hasta ahora está a la altura de los compromisos de mínimos que se habían contraído? No. Se tendría que ir mucho más allá. Se tendría que parar cuestiones como enviar orden pública de desahucios o no aplicar la ley mordaza, que son estos compromisos de mínimos. Queda muy lejos de las expectativas iniciales de la legislatura.

¿Las explicaciones de la crisis de los Mossos dadas son suficientes?
No es una cuestión de nombres o de quien dirige el cuerpo. La cuestión son las políticas públicas que tiene que fijar el Govern y la obligación de obediencia que tiene cualquier funcionario de la administración. Este es el foco de la cuestión. Salir de aquí es fruto de un interés de determinados sectores del cuerpo que quieren dirigir ellos las políticas públicas. Por lo tanto, desde la discrepancia en muchas de las acciones llevadas a cabo, un gobierno está para gobernar. Tienen que ser más claros explicando qué problemas hay en el Departamento si quieren hacer cualquier cambio, si hay unos impedimentos claros, si hay unas injerencias policiales en decisiones políticas. No han sido claros ni por parte del Departamento ni por parte del Govern. Es una cuestión suficientemente grave para que el propio president de la Generalitat explique qué problemáticas hay, que son históricas. Ya pasó en 2005-2006, cuando, por el simple hecho de poner cámaras en comisarías con muchas denuncias de maltratos, hubo una rebelión dentro del cuerpo y actuaciones brutales en la calle.

¿Ahora mismo están fuera de control político?
Determinadas áreas del cuerpo de Mossos d'Esquadra están fuera de control político. Hay agujeros negros, porque no hay ningún tipo de posibilidad de fiscalización, de control político y ciudadano, de las actuaciones. Un ejemplo claro es la Comisaría de Información. Comparecen en el Parlament y no responden a ninguna de las preguntas que hacemos sobre seguimientos y ficheros ideológicos, sobre la acumulación de datos, sobre si disponen de softwares como Pegasus o tecnologías de reconocimiento facial... El último ejemplo, un caso de identidades suplantadas, en el cual que agente de los Mossos está acusado de falsear sesenta correos electrónicos de organizaciones, incluida la CUP, y utilizar DNI de otras personas. Son hechos gravísimos de espionaje que incluyen a partidos dentro del arco parlamentario. Otro ejemplo es cuando en 2017 intentan destruir material en un centro de reciclaje. De ahí extraen más de 500 archivos de casales populares, de movimientos populares, un acta de un Consejo Político de la CUP, un acta de una reunión del grupo parlamentario... Es un agujero negro claro: una Comisaría de Información que investiga y persigue por motivos ideológicos con investigaciones prospectivas y sin ningún tipo de control.

"Determinadas áreas del cuerpo de Mossos d'Esquadra están fuera de control político"

¿También hay agujeros negros en el orden público?
Todavía no se ha podido identificar al responsable que vació el ojo a Esther Quintana con una pelota de goma. El cuerpo presentó ante los tribunales hasta cinco versiones diferentes. Y no se ha aclarado qué ha pasado todavía. Esto ha pasado en muchos otros casos en que ha sido imposible encontrar a los responsables de las malas praxis policiales. La conclusión es muy clara: hay una absoluta impunidad y no hay una capacidad o una voluntad ni de generar garantías de no repetición ni de generar responsabilidades.

¿Y por qué cree que el Govern no hace nada? ¿Porque no puede o porque no quiere?
En determinados periodos políticos ya ha interesado que los Mossos fueran hasta la ley y más allá, como dijo un antiguo conseller de Interior, para detener la movilización y la disidencia. Porque al final están trabajando para evitar que haya cambios y que se recorten privilegios. En otros periodos se ha entrado en una contradicción flagrante entre las consignas políticas que daba el Govern de turno --que se movilizara y "apretara" -- y las actuaciones policiales que había después. Y otra cuestión: cuando tú dotas de poder a un cuerpo de hasta 20.000 funcionarios armados y les permites una cultura absolutamente corporativa, generas un mensaje de absoluta impunidad. Este cuerpo tiene un poder real y efectivo capaz de desestabilizar al Gobierno de turno. Y querer enfrentar esta cuestión tiene una serie de consecuencias prácticas y se tienen que asumir unos costes. Si no se enfrenta, cada vez irá a más y cada vez será peor.

Estamos hablando de un Govern que dice ser progresista...
Tendremos que ver qué acuerdos salen de la comisión de estudio del modelo policial. Si sale el mecanismo externo de control independiente de las actuaciones policiales, sería un paso adelante. Otra propuesta es que se cree una comisión de investigación sobre la Comisaría de Información para aclarar todos los casos que han quedado en el tintero. O disolver el actual modelo de orden público. Por una razón política: el modelo de orden público catalán está obsoleto. Las actuaciones que hacen vulneran derechos de forma sistemática y su papel es el de persecución, escarmiento y disuasión de la protesta. Esto en una sociedad democrática no se puede tolerar. Y por una razón operativa que nos dio el mismo director de la Policía: de las 250.000 horas que hacen, solo 25.000 se destinan a tareas de orden público. Casi un 90% de las tareas que hacen estos agentes militarizados, con armas peligrosas, no tienen que ver. ¿Para qué necesitamos una ARRO o una BRIMO actuando fuera de su ámbito especializado? Se hace más que evidente que lo que hace falta ahora mismo es disolverlas y plantear cómo se aborda el orden público.

Se disuelve la BRIMO. Se disuelve la ARRO. ¿Y qué se pone en su lugar?
Se tiene que abordar la cuestión. Para un 90% de los casos no tendremos ningún tipo de problema. Busquemos el 10% restante y miremos cómo se aborda. Nosotras pensamos que gran parte de las movilizaciones que acaban en situaciones de enfrentamiento y violencia vienen provocadas por la misma actuación de la policía. Y que gran parte de la problemática social derivada de esto ya vendría desescalada sin esta dialéctica. Hay otra parte que es ir a ver cuál es el motivo de fondo de las protestas. ¿Por qué pasan? ¿Qué papel tiene que tener el Govern de la Generalitat? ¿Por qué se detiene a un rapero por sus letras, requerido por la Audiencia Nacional? ¿Por qué se tiene que actuar, aunque haya una orden judicial, para echar a una familia de una vivienda propiedad de un gran fondo buitre? Estas actuaciones no se tienen que hacer. Vamos a la raíz del problema, que es la necesidad de disolución, y después ya plantearemos otras propuestas concretas a situaciones concretas. Y tenemos que tener claro que una sociedad 100% segura no existe, por mucho que vayamos sumando más policía y más armas.

Pero se disuelven los cuerpos de orden público y no se crea ninguno. Todas las policías del mundo tienen uno.
Bien, tendremos que ver cuál es el modelo. Pero, en cualquier caso, este no es nuestro modelo. Ha generado más problemas que soluciones. Los costes son muy superiores a los beneficios. Por eso, disolvamos este cuerpo. ¿Tenemos todas las respuestas? No. ¿Las tiene el gobierno más militarizado del mundo? Tampoco.

"Ahora mismo hace falta disolver la BRIMO y la ARRO y plantear cómo se aborda el orden público"

Otro elemento que ponen encima de la mesa: prohibición de las balas de foam y de las pistolas Taser.
En 2013 se llegó a un consenso fruto de la lesión a Esther Quintana: que ningún ciudadano más de Catalunya podía perder el ojo por una actuación policial. Esto llevó a prohibir las pelotas de goma y utilizar los proyectiles de foam. Diez años después se ha visto que las consecuencias han sido igual o peores. Seis personas han sufrido lesiones muy graves, amputaciones o pérdidas de ojo. Documentadas. Y muchos otros casos que no se han podido documentar debidamente. Es un arma de destrucción masiva que no se puede utilizar contra la movilización. Las pistolas Taser es un instrumento que no se puede utilizar por cómo se está utilizando y por las consecuencias que tiene. Si analizamos los casos en que se ha utilizado, hemos podido ver casos de personas con enfermedades mentales. Además, estudios internacionales señalan que el nivel de lesividad o de riesgo de mortalidad es muy elevado. Y el hecho de dotar de más armas hace que se utilicen de forma más generalizada y que haya consecuencias mucho peores para la población.

¿Habrá consenso para prohibir estas armas?
La mayoría parlamentaria ve que hay un problema con el uso de estas armas. Incluso poniendo los protocolos más estrictos en cumplimiento de derechos fundamentales. Para nosotros, los riesgos son tan elevados que son absolutamente inasumibles. Otros partidos plantean que se tienen que endurecer los protocolos. El consenso está en la lesividad de estas armas y la necesidad de suspenderlas temporalmente, dejar de utilizarlas o buscar sustitutivos. Veremos hasta dónde se llega.

Y con la Comisaría de Información, ¿qué se tiene que hacer?
Hay una cuestión: el uso de recursos para el espionaje. Hay una serie de preguntas que no han respondido ni el Departamento de Interior ni la Comisaría de Información: a quién se investiga, por qué se investiga, quién fija las prioridades, si todas las investigaciones son con orden judicial (que sabemos que no es así), quién las ordena, qué datos acumulan. Lo primero que se tiene que hacer es constatar que no hay ningún control dentro de la Comisaría de Información que sea efectivo. El mismo responsable dice que solo recibe un control directo por parte de Fiscalía y de los juzgados. Y en los casos que no están ni en Fiscalía ni en los juzgados, ¿quién autoriza las investigaciones?

¿Qué les responden?
Nos dicen: nosotros decidimos cuáles son las prioridades de acuerdo con nuestro decreto de estructura, que dice que nuestra función es investigar organizaciones criminales, delitos violentos y una serie de objetivos vagos que les dan un margen absoluto para dedicarse a lo que aquellos agentes consideran que son los riesgos. Se constata que la Comisaría ha hecho acción política y espionaje político.

Y a partir de estas constataciones, ¿qué se hace?
Generar garantías de no repetición, de depuración de responsabilidades y de control democrático. Una cosa es usar recursos ante una cuestión peligrosa como el yihadismo, el terrorismo de extrema derecha o las grandes mafias. Pero destinar recursos al espionaje de alternativas políticas, colectivos y movimientos sociales es corrupción y persecución ideológica y pone en cuestión los mismos cimientos democráticos. Por eso proponemos una comisión de investigación y modificaciones en el decreto de estructura de los Mossos d'Esquadra. No nos parece aceptable ni democrático que contemple que su actividad es analizar la conflictividad laboral, social e institucional, como pone el artículo 48.

¿Los Mossos hacen espionaje político por su cuenta?
¿Quién lo ordena, si no? ¿Hay algún responsable político que lo ordena? Todos nos dicen que no. Por lo tanto, si no lo ordenan los responsables políticos y el único control que tienen es judicial y de la Fiscalía, pero no abarca la totalidad de su investigación... Gran parte de su investigación es prospectiva. Hemos visto casos donde la misma Comisaría de Información, sin orden judicial, empieza a actuar motu proprio contra colectivos anarquistas. Monta un sumario, lo traslada a la Audiencia Nacional, inicia una operación antiterrorista que acaba con prisión de militantes durante varios meses y al final se archiva la causa. Es el caso Pandora, es el caso Piñata. ¿Quién ordenó eso? Aquí hace falta una comisión de investigación. Si lo ordenó el conseller de turno, se derivan responsabilidades políticas. Si no lo ordenó, actúan con absoluta autonomía. Si en 2023 se les pone en la cabeza que el principal peligro son los medios de comunicación, ¿quién les va a impedir iniciar una investigación? Viendo el histórico se nos hace difícil creer que hay controles efectivos.

Y también hay el caso Mambo, de espionaje masivo de la policía española a la izquierda independentista, incluido usted. ¿Qué sabe?
De momento lo que sabemos es lo que los abogados de Alerta Solidària y el grupo de apoyo del 23-S han podido ir rascando. A partir de una serie de recursos pudimos acceder parcialmente a las piezas anteriores. Y ahí se veía como había una serie de investigaciones contra miembros de los CDR, contra personas de la izquierda independentista y contra un gran número independentistas. En mi caso concreto y otras personas, aparecemos allí como una seta en el sumario de investigación sin ningún tipo de justificación. Se dice que se nos tiene que investigar por terrorismo. ¿Por qué? Por ser militante y portavoz de Alerta Solidària.

"La Comisaría de Información investiga y persigue por motivos ideológicos con investigaciones prospectivas y sin ningún tipo de control"

¿Le investigaron por terrorismo?
Sí. En un sumario con prórrogas sucesivas de tres meses y donde pone cuándo empieza y no cuándo acaba. Actualmente, podría seguir investigado en otro sumario o en este mismo. Hay unos agentes policiales que solicitan que se me siga investigando por terrorismo porque dicen que participo del gobierno municipal de la Crida por Sabadell, sin ser concejal ni miembro, porque he hecho una charla anti-represiva no sé dónde, porque participo del casal independentista Can Capablanca. Y eso, por parte de los investigadores, es motivo suficiente para solicitar el volcado total de mis datos personales del teléfono, del correo electrónico. Este es el nivel de garantías: una investigación prospectiva, donde no se me relaciona con ningún hecho concreto presuntamente delictivo. Si no entramos en una concepción de que ser independentista es un delito. Es una anécdota, en el mal sentido de la palabra, porque es un caso de la sesentena de personas que salen allí.

¿Y cómo actúa frente a esto?
Hemos pedido personarnos en este caso en la Audiencia Nacional. Que se nos explique si se me sigue investigando y bajo qué motivos. Porque gran parte de lo que se puede ver en este sumario es que hay una parte que desaparece y que hay otras piezas que se pueden derivar que no hacen públicas. Hemos pedido que se me tenga personado como parte en cualquier procedimiento que haya contra mí o contra el resto de personas. En esta batalla estamos.

Muy lejos de justicia o reparación...
Ni está ni se la espera. Además, en todos estos procedimientos vemos cómo está la extrema derecha personada y también puede tener acceso a todos estos datos que te están robando. Hay una parte de justicia y reparación que es complicada de hacer. ¿Qué confianza tienes en toda una serie de acusaciones que actúan políticamente, con una agenda política muy clara: ilegalizarnos, acabar con nosotros? Ya sabemos cómo se las gasta la extrema derecha en el Estado español. Y al mismo tiempo con jueces que autorizan sin ningún tipo de pudor cualquier investigación que diga la fiscalía de turno, la Policía Nacional y la Guardia Civil.

¿Como ve el nuevo protocolo de desahucios de los Mossos?
No resuelve el problema de raíz. Y no va al enfoque que planteamos y que al inicio de la legislatura tanto ERC cómo Junts se habían comprometido como mínimo a explorar: garantía de derechos materiales como la vivienda, yendo hasta los límites de la legislación del Estado, y confrontarlo para garantizar estos derechos. Para nosotros este era el leitmotiv de la legislatura y es lo que no se ha querido hacer. Esto pasaba por parar cualquier tipo de colaboración en los desahucios de familias vulnerables. Esto podía generar que hubiera un Govern, un Parlament y una sociedad alineadas, desenmascarar que el Estado no quiere garantizar los derechos y que la única vía era la vía independentista a través de la conquista de derechos sociales.

Sí que se retira la BRIMO en algunas situaciones...
El protocolo lo que hace es intentar rascar los límites y márgenes de actuación para intentar evitar ciertas situaciones que hacen daño a la vista o no gustan a la sociedad catalana, sin cuestionar las desigualdades sociales. Es un parche, pero no da respuesta a las necesidades de la población. Se queda corto y no resuelve la cuestión de fondo.

Usted proviene del movimiento anti-represivo. ¿Qué le falla a la reforma de la sedición?
La contrapartida. La sedición es un delito que no tendría que tener cabida en ningún Código Penal. Los tribunales belgas lo dejan bimuyen claro. Pero el gobierno del PSOE y Podemos hace una contrapartida, que es una modificación del delito de desórdenes públicos. Y empeoran la situación penal futura de muchas personas que se movilicen y manifiesten. Es inasumible. Muchas personas que podían eludir prisión, ahora quedará a criterio de los jueces que la pena mínima ya esté en los tres años y la entrada en la prisión sea directa e inevitable. Esta contrapartida es un mensaje clarísimo a la movilización independentista, a la movilización por una vivienda digna y a cualquier movilización: si os movilizáis, haremos todo lo que podamos porque entréis en la prisión. Y le falla un falso marco de desjudicialización y de normalización de relaciones entre dos gobiernos, cuando hay uno que espía al otro, que sigue persiguiendo y represaliando.

"El Govern sabe perfectamente cómo lo tiene que hacer si quiere hablar con la CUP de presupuestos. La cuestión es que no le interesa"

ERC rebate que no se afecta al derecho a protesta, que nadie verá empeorada su situación...
ERC hace un flaco favor bunquerizándose y cerrándose en banda ante lo que dice el movimiento por la vivienda, el movimiento ecologista, las entidades independentistas y el conjunto de la sociedad movilizada. Lo que tendría que hacer ERC es poner el oído, escuchar todos estos sectores que son los que sufren las modificaciones del Código Penal. No tendría ningún sentido que todas estas entidades tuvieran nada en contra de una reforma del Código Penal que les mejorara la situación. Y más en un contexto en que seguramente vendrán movilizaciones brutales por la situación de precariedad.

¿Por qué cree que lo han aceptado?
Primero, hay un marco de normalización de relaciones. Segundo, hay la derogación de un delito, el de sedición, que la hay. Y tercero, hay una contrapartida inasumible que pone a ERC en una tesitura. Han tomado una posición equivocada. Hay un consenso absoluto en la sociedad catalana, que se tiene que derogar el delito de sedición. Pero no de esta forma ni a este coste. Estamos hablando de un delito, el de desórdenes, que ha afectado a decenas de personas y que ahora puede afectar a centenares o miles.

¿Cómo va a actuar la CUP ante esta reforma? ¿La intentará frenar? ¿La enmendará?
Lo que no podemos aceptar es esta reforma. Si sitúan los desórdenes dentro de la ecuación, nuestra posición es clara. A partir de aquí, es importante trabajar de la mano de todos estos sectores sociales que han puesto la voz de alarma e intentar abortarla.

Hablemos de presupuestos. ¿Por qué ni siquiera se sientan a hablar con el Govern?
No hemos descartado sentarnos a hablar de presupuestos. Lo que hemos trasladado es que no participaremos de un espectáculo que no se corresponde con la realidad...

Los comunes ya están hablando, han establecido un marco de negociación y están abordando cuestiones concretas...
Sí, en el marco de unos presupuestos que responden a los socios prioritarios del Govern hasta el momento, que han sido el PSC y los comunes. Están a las antípodas de las necesidades de este país y, por lo tanto, de las propuestas de la CUP. El Govern sabe perfectamente qué tiene que hacer si quiere sentarse con la CUP a hablar de presupuestos: un giro de 180 grados, detener la falsa normalización de las relaciones con el Estado y empezar a fijar políticas de fondo de transformación del país. Si es así, nosotros ya dijimos que estábamos dispuestos a hacerlo. Nosotros no nos hemos movido. Lo que no haremos es legitimar ciertos relatos frívolos como el "Govern del 80%".

Sí que hay voces dentro de la CUP que piden más mano tendida, que se implique más.
La implicación y la mano tendida por parte nuestra es total. Lo que pasa es que, por parte del Govern, la mano tendida es simbólica y no real. Ha habido un relato que somos los socios prioritarios. Pero en el debate de política general presentamos quince propuestas y nos las tumbó prácticamente todas. No entraremos en un juego tacticista que no responde con la realidad de los hechos. El Govern sabe perfectamente cómo lo tiene que hacer si quiere hablar con la CUP de presupuestos, garantizar el derecho a una vivienda digna o avanzar en la autodeterminación. La cuestión es que no le interesa.