Que el Govern de Pere Aragonès está en minoría se hace evidente semana en casi cada sesión del pleno del Parlamento, donde tiene que sudar para sacar adelante las iniciativas con la oposición. El PSC y Junts per Catalunya marcan a menudo el camino a Esquerra Republicana. Se ha visto también en una cuestión central como la sequía. La falta de acuerdo sobre la aplicación del régimen sancionador, pero también sobre las inversiones a hacer, hizo fracasar la cumbre de partidos. Y ahora el debate ha vuelto a la cámara catalana, con los junteros presionando con una proposición de ley tramitada de forma exprés y que se vota este jueves. Ante un contexto adverso, los republicanos no solo han aceptado una moratoria de un mes de las multas, sino también incorporando todas las inversiones urgentes que exigía las formaciones de Laura Borràs y Salvador Illa. El ambiente es preelectoral y todo el mundo intenta no dar ningún paso en falso.
Así se desprende de las enmiendas registradas por ERC en el Parlament. Coinciden punto por punto con las trece inversiones que exigía tanto Junts, que adelantó este diario, como el PSC. Entre estas inversiones urgentes recogidas por los republicanos, hay una partida de 50 millones de euros para los ayuntamientos para actuaciones como la construcción de nuevos pozos y ampliaciones de tratamiento con osmosis inversa en los pozos. Pero también contempla acciones concretas, como el desdoblamiento del tramo 4 de la arteria PTT-EDT 2 necesaria para eliminar los escapes de 3 hectómetros/año, la adaptación a la capacidad de producción y optimización de la calidad de tratamiento de las plantas de ATL en Abrera y Cardedeu. Las enmiendas también recogen ampliar el aprovechamiento en la depuradora de Sant Feliu o la ampliación de la depuradora del Prat para la reducción de nutrientes.
Por otro lado, ERC acepta que se licitarán (antes de julio) la ampliación de la desalinizadora de la Tordera y que antes de que acabe el año se redactará el proyecto de una nueva desalinizadora en la zona de Cubelles. Y contempla "ejecutar de forma prioritaria y urgentes" inversiones ya aprobadas a los presupuestos de la Generalitat, como son la estación de tratamiento del agua potable (ETAP) Besòs y la construcción de una nueva depuradora en esta misma zona.
Aplicación del régimen sancionador
Otro de los elementos que hizo imposible el consenso de los partidos durante la cumbre fue el régimen sancionador. En la propuesta de Junts per Catalunya, que se vota este jueves, se establece que no se empezará aplicar hasta julio de este año. Finalmente, también han acercado posiciones en este aspecto. En la misma línea que el PSC, los republicanos han aceptado dar un mes de margen a los ayuntamientos. Queda redactado de la siguiente manera en las enmiendas: "La entrada en vigor del régimen sancionador previsto se difiere en un mes después de la fecha de publicación de la orden de subvención". Es decir, no se empezará a sancionar hasta treinta días después de convocar las subvenciones a los municipios.
495 municipios en excepcionalidad
En paralelo, el Govern de la Generalitat acordó este martes la entrada de siete nuevas zonas de Catalunya a la fase de excepcionalidad. Se trata de las áreas de Anoia-Gaià, la cabecera del Ter, el embalse de Darnius-Boadella, el Empordà, el Llobregat Mitjà, Prades, Llaberia y la Serralada Transversal. De esta manera se pasa de 224 a 495 municipios en excepcionalidad, con una población de unos seis millones de personas. Si bien las lluvias de los últimos han estado "positivas", el director de la Agencia Catalana del Agua, Samuel Reyes, avisó de que todavía es "insuficiente". En la misma línea, la portavoz Patrícia Plaja señaló que "no es solo un problema de falta de lluvias, sino también de altas temperaturas". Los municipios afectados son de las cuencas internas de Catalunya, sobre los cuales tiene competencias la Generalitat. El resto dependen de la confederación hidrográfica del Ebro.