In extremis, con el debate de presupuestos ya arrancado en el Congreso de los Diputados y envío de documentos de madrugada, ERC y el Gobierno han desencallado la negociación. Los republicanos pondrán sus trece votos afirmativos para la aprobación de las cuentas públicas españolas. A cambio, La Moncloa se compromete a toda una lista de cuestiones. Entre ellas, una destacada: una cuota de producción del 6% para las lenguas cooficiales en la futura ley audiovisual estatal. Con estos votos, junto a los cuatro del PDeCAT, a Hacienda ya le salen los números. Este jueves acabarán su trámite en el Congreso y ya pasarán al Senado.

 

Entre la decena de acuerdos, destaca el que tiene que ver con el blindaje del catalán en la ley audiovisual. Era crucial para los republicanos. Según informa ERC, se ha acordado "la obligatoriedad de incluir una cuota para lenguas cooficiales del 6% del contenido ofrecido en las plataformas audiovisuales". Por ejemplo, de cada 100 películas de Netflix, 30 tendrán que ser producciones europeas. De este 30%, la mitad tendrá que estar en lenguas del Estado, y de estas el 40% en catalán, euskera o gallego. Según los republicanos, eso supone que "el 20% del catálogo europeo" tiene que estar en lenguas cooficiales. En paralelo, si el contenido que se ofrece está disponible, doblado o subtitulado en un idioma cooficial, se tendrá que incluir en la oferta, una obligación que hasta ahora no existía.

Todo esto con respecto a las las cuotas de las lenguas. Pero también se prevén "incentivos", como una partida de 10,5 millones de euros para crear contenidos audiovisuales en lenguas cooficiales diferentes al castellano. "ERC prometió que habría cuotas e incentivos, y ha habido cuotas e incentivos", ha defendido Gabriel Rufián este martes al mediodía en rueda de prensa en el Congreso, que ha sacado pecho de su "fuerza negociadora". Sin embargo, ha subrayado que es un "acuerdo de mínimos" y que habrá que seguir "tutelando" la tramitación.

Via Laietana

Pero no es el único acuerdo alcanzado entre el Gobierno y ERC. Los republicanos también pedían, en el marco de la ley de memoria democrática, el traspaso de la comisaría de Via Laietana. No lo han conseguido, pero sí han logrado que se dé de baja la partida consignada para las reformas de mejora de las instalaciones de la Jefatura. Gabriel Rufián lo ha vendido como un primer paso provisional, porque seguirán batallando por su reconversión en espacio de memoria democrática. También en el ámbito de los cuerpos de seguridad, se ha conseguido que los Mossos y los agentes rurales se equiparen a la Ertzaintza y la Policía Nacional con respecto a la jubilación anticipada, que se situará también en los 60 años.

Elevar la inversión

En el ámbito de infraestructuras, ERC y ejecutivo central también han pactado aumentar la inversión en Catalunya hasta el 19%, tal como marca la disposición adicional tercera del Estatut, y que esta misma semana, en el marco de la comisión bilateral, "se iniciarán los trámites para iniciar el traspaso de Rodalies a la Generalitat". También en este ámbito se ha acordado una transferencia de 5,7 millones para mejoras en carreteras y de los carriles BUS-VAO, hasta 1,6 millones para compensar la supresión de los peajes en la AP7 y la AP2 o la transferencia de la gestión de la B23 y la B30.

Con respecto a la política de vivienda, se prevé la transferencia de diez millones de euros a la Generalitat para la compra de viviendas de la SAREB y destinarlas a vivienda social. También se consignarán partidas para Barcelona (once millones) y su área metropolitana (cinco millones) para destinarlas a políticas de vivienda social.

Pensiones

Finalmente, también en el marco de la negociación presupuestaria, se ha abordado la reforma del sistema de pensiones del Gobierno. En primer lugar, se ha conseguido que por primera vez en la historia se haga una auditoría pública en las cuentas de la Seguridad Social. En segundo lugar, los republicanos han pactado que los pensionistas que, habiendo cotizado 40 años, se hayan visto forzados a adelantar su jubilación y cobren menos de 900 euros, reciban un complemento a su pensión. Finalmente, también han acordado condicionar por ley que las futuras reformas de las pensiones garanticen el principio de suficiencia, la tasa de sustitución, mejoras de las pensiones mínimas y cumplimiento de la Carta Social Europea.

El PDeCAT también pacta

Aunque con una fuerza mucho más limitada de negociación, los cuatro diputados del PDeCAT también votarán a favor de los presupuestos del Estado después de alcanzar un acuerdo con el Gobierno para que les acepten enmiendas. Entre otras cosas, han acordado que entidades sin ánimo de lucro que prestan servicios sociales o cooperan con la sanidad pública puedan recibir dinero de los fondos europeos Next Generation. "Ha sido una negociación complicada", ha admitido Ferran Bel, portavoz de la formación en el Congreso.

Acuerdo a última hora

La semana pasada Joan Baldoví, de Compromis, ya anunció el acuerdo con La Moncloa, al que se sumaron ayer los dos diputados de Más País, el diputado del PRC y los cinco de EH Bildu. Entre otras cosas, la formación abertzale ha arrancado con que las medidas del escudo social —como la prohibición de desahucios sin alternativa o el aplazamiento del pago de la renta del alquiler para personas en situación de vulnerabilidad social— tenga carácter "permanente por ley". Así sólo faltaban los pactos con ERC y el PNV, los dos "socios prioritarios" de Sánchez, además del PDeCAT. ​Los votos de los republicanos han sido prácticamente los últimos en desencallarse, con contactos hasta entrada la madrugada de este martes. Ahora solo faltan los jeltzales. Sumando todos estos apoyos y los de partidos minoritarios, el Gobierno podría aspirar a 188 votos, los mismos que el año pasado.