El aviso del Tribunal Supremo a los funcionarios de las prisiones catalanas para presionarlos a no dejar en libertad a los presos políticos durante el confinamiento por el coronavirus trae cola. Desde este miércoles, tanto la Comisión Europea como la ONU tienen sobre la mesa una demanda de investigación de estos hechos.
Desde ERC, la eurodiputada Diana Riba ha enviado una carta al comisario de Justicia de la CE, Didier Reynders, y otra a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en la que les pide que investiguen al Tribunal Supremo por "amenazar a funcionarios, desmenuzar la separación de poderes y discriminar presos por motivos políticos".
También los eurodiputados de JxCat, encabezados por Carles Puigdemont, se han dirigido a la Comisión Europea por el mismo motivo. En su caso lo hacen a través de una pregunta parlamentaria en la que preguntan si ven "discriminación ideológica", "vulneración de los "derechos fundamentales" y si "se está amenazando la presunción de inocencia".
En un país con una justicia normal, un tribunal de máxima instancia no amenazaría a funcionarios a través de mensajes de whatsapp enviados a la prensa. El franquismo judicial está desbocado. Nos dirigimos a la Comisión Europea: pic.twitter.com/PHzNOmOr4j
— Clara Ponsatí (@ClaraPonsati) April 1, 2020
El Tribunal Supremo envió este martes una nota de prensa en la que avisaba a los funcionarios de la prisiones catalanas que si dejaban que los presos políticos pasaran la cuarentena en casa podrían estar incurriendo en un delito de prevaricación.
El aviso del Supremo llegó después de que las prisiones empezaran a analizar si los internos clasificados en el 100.2 pueden pasar el confinamiento en su casa. Los requisitos para acceder a ello son tener un bajo riesgo de reincidencia y disponer de un domicilio. Los principales beneficiados de la medida son los presos que están en tercer grado, el 69% de los cuales ya se encuentran en confinamiento en su casa, pero también se podrían sumar aquellos a quienes se aplica el 100.2, clasificación en que se encuentran los independentistas presos.
Desde el Govern catalán se mostraron sorprendidos por la reacción del Tribunal Supremo y lamentaron que se quiera tratar diferente a los líderes independentistas que al resto de presos a quienes sí que se podría aplicar la medida.