Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha avisado al Tribunal de Cuentas (TCu) que recibirá un revolcón jurídico si tira adelante la consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la legalidad de la ley de amnistía del procés, según el escrito presentado al tribunal al cual ha tenido acceso ElNacional.cat este jueves. Al publicarse la norma, la semana pasada, la consejera del departamento segundo de la sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, Elena Hernáez, dictó una providencia, en la cual suspendía el plazo para dictar la sentencia sobre el gasto del 1-O y la promoción exterior, y al mismo tiempo ya consideraba que la ley de amnistía es contraria al derecho de la Unión, y preguntaba en las partes si hacía falta consulta al TJUE. Los abogados del exvicepresidente Oriol Junqueras, los exconsellers Dolors Bassa y Raül Romeva, y 6 excargos del Govern han pedido ahora a la consejera que aplique la ley de amnistía a todos los juzgados porque es una norma diáfana. Añaden que si, al final, presenta una prejudicial (con 8 preguntas) a Europa, le alerta que tendrá un efecto bumerán y se demostrará que "la norma del Tribunal de Cuentas es inconstitucional y vulnera derechos fundamentales", como ha denunciado el abogado Marc Marsal en nombre de Junqueras. Marsal ya solicitó a la consejera que pregunte al Tribunal Constitucional sobre la inconstitucionalidad de su normativa y por vulnerar el juez predeterminado por la ley.

El abogado Gonzalo Boye, en nombre del president en el exilio, Carles Puigdemont, también ha denunciado que el Tribunal de Cuentas no tiene competencias para ir al TJUE porque no es un órgano jurisdiccional y le exige que le aplique la amnistía. Por ahora, la Fiscalía de Tribunal de Cuentas no ha hecho oficial su posicionamiento. La Junta de Fiscales, sin embargo, dejó claro que hay que amnistiar todos los delitos, incluida la malversación de fondos, en su ámbito administrativo, contable y penal.

El Tribunal de Cuentas no es imparcial

En el escrito, los abogados de Esquerra insisten al Tribunal de Cuentas que la “jurisdicción contable es una jurisdicción sin jueces”. Son cargos nombrados por el Gobierno de turno, y tampoco son escogidos por sus conocimientos de derecho, puesto que “no hay criterios objetivos ni de meritocracia”, y por eso no cumplen los requisitos de imparcialidad. La normativa del Tribunal de Cuentas también es cuestionada porque se imponen fianzas sin ningún derecho de defensa, además de los intereses de demora, medida expresamente denunciada por Esquerra.

Sin afectar fondos de la UE ni estatales

Esquerra también expone al TCu que en la organización del referéndum del 1-O y en el gasto Exterior "no se han afectado fondos financieros de la UE" ni siquiera de forma abstracta, y recuerda que el Tribunal Supremo no hace ninguna referencia la condena a los líderes independentistas, el 2019. Es más, los letrados recuerdan a la consejera que ni se han afectado fondos estatales, y por eso, la Abogacía del Estado tuvo que salir del procedimiento. Y, la Generalitat nunca ha considerado que se hayan afectado las arcas públicas; por ejemplo, los gastos de la promoción de Catalunya en el exterior, la mayoría charlas o la invitación de expertos, ya eran programadas como una actuación del Govern.

Después de reproducir una extensa jurisprudencia, Marsal y el resto de abogados de ERC piden a la consejera del Tribunal de Cuentas que "si considera que existe inseguridad jurídica e indefensión por la ley de amnistía", antes de plantear una cuestión prejudicial al TJUE "tiene que decretar la nulidad de las actuaciones" y le recuerda que los políticos y excàrgos demandados llevan 4 años y 5 meses con este procedimiento abierto y cuando estaba a punto la sentencia.