Este martes, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha fijado para el próximo mes de abril el juicio a Josep Maria Jové, Lluís Salvadó y Natàlia Garriga por la organización del 1 de octubre. Y desde ERC, su partido, han emitido un comunicado para manifestar el rechazo al juicio a los tres excargos de ERC bajo la dirección de Oriol Junqueras cuando era vicepresident del Govern de la Generalitat. Ahora, Josep María Jové es presidente del grupo parlamentario y del Consejo Nacional de Izquierda, Lluís Salvadó director del Port de Barcelona y Natàlia Garriga consellera de Cultura. En su comunicado, ERC rechaza que se les juzgue por la organización del referéndum del 1 de octubre, lamentando que "se persigan vías democráticas como el referéndum del 2017".
Para ERC, este juicio es una "muestra más de la causa general abierta desde hace años contra el independentismo" y en este contexto remarcan que la amnistía pactada con el PSOE es "la mejor herramienta para poner el contador a cero e iniciar una segunda fase hacia la resolución del conflicto político". Esquerra todavía se encuentra estudiando el texto que el pasado lunes los socialistas registraron en solitario en el Congreso de los Diputados y que los letrados ya han validado. Ayer, su portavoz, Raquel Sans, advirtió que el partido se reservaba la posibilidad de presentar enmiendas durante el trámite parlamentario para mejorar la ley y dotarla de la máxima seguridad jurídica posible, la gran obsesión de los republicanos ante el embate judicial.
Las peticiones de la Fiscalía contra Jové, Salvadó y Garriga
Hay que tener en cuenta que el juicio a Jové, Salvadó y Garriga durará hasta dos meses y coincidirá con la tramitación de la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados, que dictará el olvido a todas las causas del Procés, y se estima que su entrada en vigor podría tardar un año. Sin ir más lejos, el PP ya ha reformado el reglamento del Senado, aprovechando su mayoría absoluta en la cámara alta para dilatar al máximo la tramitación de esta ley. Hace falta recordar que la Fiscalía Superior de Catalunya pide 7 años de prisión, 32 años de inhabilitación y 30.000 euros de multa para Jové, y 6 años y tres meses de prisión, 27 años y 3 meses de inhabilitación y multa de 24.000 euros para Lluís Salvadó, por los delitos de malversación de fondos, prevaricación y desobediencia por la organización del 1-O desde el Departament de Vicepresidència, Economia y Hisenda. Para la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, la Fiscalía solicita un año de inhabilitación y 18.000 euros de multa por desobediencia al Tribunal Constitucional por los preparativos del Referéndum, bajo la dirección de Jové.