El Govern se ha comprometido a asumir "la plena responsabilidad política y jurídica" en la protección de la inmersión lingüística en todos los centros escolares de Catalunya. Así lo han votado este miércoles los tres partidos independentistas y también los comuns en una moción presentada por la CUP pocos días después de que ERC se mostrara molesta con la petición de los anticapitalistas y de Junts de asumir la dirección de la escuela de Canet de Mar.

A pesar de la claridad de esta moción, por ahora el Ejecutivo no ha apostado por asumir la dirección del centro de Canet. Ayer mismo, la portavoz, Patrícia Plaja, comentó que hacían falta "soluciones efectivas y no inventos" y añadió que tomar temporalmente la dirección de las escuelas podía restar autonomía en los centros. "Corremos el riesgo de cargarnos el modelo", avisó.

El texto también pide "defender, proteger y preservar las plenas competencias y capacidades de la Generalitat, de acuerdo con los acuerdos y decisiones del Parlament en materia de modelo lingüístico y de metodologías educativas en los centros escolares de Catalunya, con la finalidad de garantizar la competencia lingüística del alumnado en catalán, castellano y una tercera lengua", además de garantizar la inmersión en todos los centros.

Tumbados los ataques de Cs y el PP

Por otra parte, la Cámara ha tumbado dos mociones de Ciutadans y el PP para que el Govern acate las sentencias del TS y el TSJC que piden aplicar el 25% de castellano en las aulas catalanas. La moción del partido naranja, bastante extensa con 15 puntos, pedía, por ejemplo, que el presidente Aragonès I el conseller Cambray pidieran perdón públicamente a "las familias contra las que la Generalitat ha litigado durante años" con todos sus recursos "para inducirlos a renunciar a sus derechos y evitar, así, cumplir con la ley con las sentencias de los tribunales.

El texto también condenaba el Síndic de Greuges por encuestar alumnos de quinto de primaria y los de 2º de ESO para saber con qué lengua interactúan en clase."Sólo puede responder a una voluntad de fiscalizar a los profesores y disuadirles de cualquier tentación de utilizar la lengua castellana a las aulas", acusaban.

En más, el escrito también quería que el Parlament reprobara al conseller Cambray por la carta que envió los centros educativos pidiéndoles que no cambiaran el plan lingüístico a pesar de la sentencia del 25%. "Una actitud impropia de un alto representante de la Generalitat que, de convertirse en contumaz, podría llegar a ser constitutiva de delito", criticaban.

La moción del PP, mucho más breve, pedía que el Parlament instara al Gobierno a fijar un 25% de castellano como lengua vehicular a partir del próximo curso a raíz de la sentencia del alto tribunal español.

 

Imagen principal: los diputados de ERC en el Parlament / Foto: ACN