Blindaje y seguridad jurídica. Son los dos principales objetivos que persigue el independentismo en los últimos días de negociaciones para sellar la ley de amnistía. Conversaciones persistentes y, sobre la mesa, las enmiendas que ERC y Junts presentaron en solitario y que han decidido mantener vivas para el debate en la Comisión de Justicia, después de que el jueves los partidos independentistas y el PSOE avanzaran en mejoras en la ley. El reto: llegar a un punto común con los socialistas para poner muy difícil a los jueces que puedan esquivar la aplicación efectiva de la ley.
El principal escollo ahora mismo tiene que ver con la protección del Tsunami Democràtic y de los CDR de la Operación Judes, acusados de terrorismo por el juez Manuel García-Castellón. Fuentes de Esquerra Republicana indican en una conversación telefónica con ElNacional.cat la complejidad que representa tener que enfrentar-se a la evidencia de que los jueces retorcerán las leyes para intentar dejar al margen de la amnistía casos que sí que están reconocidos en ella. “Nuestro drama es que tenemos que intentar amnistiar conductas que no se han producido porque nos las imputan”, lamentan desde la formación de Oriol Junqueras. La enmienda que registró ERC, igual que la de Junts, apuesta por eliminar el terrorismo de las exclusiones.
Y es que los republicanos apuntan que lo que está claro es que el terrorismo podría estar perfecta y tranquilamente dentro de las exclusiones de la amnistía (el ya famoso artículo 2), dado que a lo largo de todo el procés independentista no se ha producido ningún caso, ni de terrorismo ni de violencia. “Todo el mundo está de acuerdo que los delitos de terrorismo no se tienen que amnistiar, pero es que no ha habido”, añaden. Sin embargo, ante una actuación “no ajustada a derecho de los tribunales españoles”, es conveniente tomar todas las precauciones.
¿Cuál es el resquicio con el redactado actual? Desde la bancada republicana, sostienen que el problema es que un juez decida imputar por terrorismo a una serie de personas, aunque sea “evidente en ojos de todo el mundo” que no ha habido terrorismo. Por eso, “se tiene que ser muy cuidadoso”. El objetivo, por lo tanto, es llegar a uno redactado que cumpla dos criterios: la robustez jurídica de la ley para ser el más inatacable posible y, al mismo tiempo, que ningún juez pueda “machacar la realidad” para incluir determinadas conductas dentro de los supuestos no amnistiables. Lo que hace falta es encontrar una redacción que pueda incluir las dos necesidades. “Se puede hacer”, subrayan desde Esquerra, “o como mínimo se puede hacer más de lo que hay ahora”. “Se puede afinar”, insisten.
Delante de este escenario, si finalmente no se puede eliminar el apartado relativo al terrorismo, para los republicanos, se tiene que conseguir que ninguna de las conductas que se han producido se pueda excluir de la amnistía. O, dicho con otras palabras, “tenemos que ser lo bastante cuidadosos para que no hagamos excluible ninguno de los tipos en que un juez nos pueda intentar incluir”. Desde Esquerra son optimistas: “Podemos encontrar un redactado que haga más complicado” que los tribunales españoles apliquen tipos delictivos que no se han producido.
Los flecos técnicos sobre las medidas cautelares
Al lado del artículo referente al terrorismo, el otro elemento central que está en el aire son las medidas cautelares. Estamos hablando del artículo 4 de la proposición de ley. Desde ERC, aseveran que este precepto se tiene que acabar de perfilar a nivel técnico para dejar claro qué pasará en el momento que la ley entre en vigor (que, según la disposición final, será el mismo día que se publique en el Boletín Oficial del Estado).
No es una cuestión complicada, es más bien de robustez, y hay que encontrar una solución. Se seguirá hablando este fin de semana, y las fuentes republicanas consultadas por este diario se muestran convencidas de que se podrá llegar a un acuerdo.
Reparación y reversión de la represión económica
Las otras dos enmiendas que ERC ha mantenido vivas para el debate y votación en la comisión tienen que ver con las multas y con la exclusión de los actos tipificados como torturas.
En primer lugar, Esquerra quiere “batallar hasta el final” la enmienda relativa a las multas. La posición de partida de los republicanos es que se tienen que devolver todas las multas, incluidas las del Tribunal de Cuentas, pero como eso saben que es complicado, reclaman, como mínimo, que se tienen que devolver las administrativas. Y si el argumento en contra es económico, abogan para que las devuelva la Generalitat. En su enmienda quieren que se puedan devolver las multas impuestas por sanciones derivadas de la Ley Mordaza según el criterio de la administración competente (en el artículo 7.2).
Finalmente, ERC reclama eliminar el “umbral mínimo de gravedad” en la exclusión de los actos tipificados como “delitos de torturas o de tratos inhumanos o degradantes”. La razón es bien sencilla: es una de las deficiencias que detectó Amnistía Internacional en un informe sobre la proposición de ley registrada por el PSOE. La ONG recordaba que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha afirmado que todo uso innecesario de la fuerza por parte de la policía vulnera el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y que, en estos casos, no son permisibles las amnistías. En su justificación, ERC argumenta que “no hay una escala de los delitos de torturas” y que, por lo tanto, “es innecesario condicionar la exclusión a un umbral de gravedad mínimo”.
Todas estas son las cartas que Esquerra Republicana pone sobre la mesa con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica y el blindaje de la amnistía. La ley se aprobará dentro de unos días en el Congreso y de aquí un par de meses largos llegará al BOE después de superar la carrera de obstáculos del Senado. Ahora bien, cuando se publique negra sobre blanco y haya entrado en vigor, no habrá acabado nada. Al contrario. En aquel momento, empezará todo: hacerla efectiva y que todos los implicados se puedan beneficiar de ella. Y la voluntad desde ahora y hasta que el martes la ley quede rubricada (después de que se apruebe en la Comisión de Justicia, el Reglamento del Congreso prevé que solo se puedan hacer transaccionales si ningún grupo está en contra, cosa que deja muy poco margen de maniobra), es invertir los esfuerzos para garantizar que la traducción jurídica de la amnistía sea fiel a la voluntad y el espíritu de la norma. Es decir, asegurarse que no haya grietas, por muy pequeñas que parezcan, para las que los jueces, que han demostrado que harán contorsiones con la ley tanto como puedan, puedan desviarse del camino marcado por el poder legislativo.