Un mismo escaño, el de Laura Borràs, que se dirime en dos cámaras. Este miércoles, el pleno del Parlament de Catalunya ha frenado la reforma del reglamento propuesta por el PSC, que incluía un mecanismo que permitiría apartar a la líder de Junts per Catalunya. No ha superado el debate a la totalidad, porque ERC y la CUP han sumado sus votos a los juntaires y han impedido su trámite parlamentario. Los dos grupos han argumentado que, si bien están de acuerdo en el fondo, no comparten la forma y que sea una iniciativa ad hoc. Sí que ha prosperado, en cambio, la reforma de ERC y la CUP, que blinda el voto telemático de Lluís Puig y busca combatir los discursos de odio. Se ha conseguido un pequeño gesto de unidad independentista. Pero la vista también está puesta en el Congreso de los Diputados, donde se reúne la Junta Electoral Central esta misma tarde. Encima de la mesa tiene las alegaciones contra la retirada de su escaño.
La reforma del PSC ha sido tumbada por una mayoría bien amplia, que ha dado apoyo a la enmienda a la totalidad de Junts, desde ERC y la CUP hasta el PP. Solo han votado en contra los socialistas y los comunes, mientras Ciutadans se ha abstenido. Marcador final: 75 votos en contra de la iniciativa, 41 a favor y 15 abstenciones.
¿Qué planteaba la reforma registrada del PSC? Se centraba especialmente en el caso de Laura Borràs, estableciendo supuestos para la "pérdida de la condición de miembro de la Mesa del Parlament": por pérdida de la condición de diputado, por renuncia expresa, para dejar de pertenecer al grupo parlamentario en el cual estaba adscrito o por "remoción del cargo" acordada por una mayoría absoluta. Esta iniciativa de remoción podría ser presentada por dos grupos o una quinta parte de los diputados.
Los socialistas también ponían el foco en las remuneraciones que perciben los expresidents. Ahora mismo, cuando un president deja el cargo, percibe el 80% de su sueldo durante la mitad del tiempo que ha ejercido o un mínimo de cuatro años. En cambio, el PSC planteaba que se redujera al 20% y solo durante seis meses. En caso de jubilación, hoy un expresident cobra una pensión vitalicia del 60% si ha ejercido un mínimo de dos años. Con la iniciativa del PSC habría pasado al 10%, también durante seis meses.
La reforma que sí que prospera
En cambio, sí que ha prosperado otra reforma del reglamento del Parlament, que se ha debatido conjuntamente con la del PSC. Es la registrada conjuntamente por ERC y la CUP, y se centra especialmente en dos ámbitos. Por una parte, la iniciativa busca "prohibir los discursos de odio o intolerantes" en la cámara catalana. Por otra parte, el texto propone incorporar el voto telemático en situaciones excepcionales y actualizar los casos en que se permite delegado el voto de los diputados. De esta manera se busca blindar el voto del diputado de Junts, Lluís Puig, e intentar driblar la sentencia del Tribunal Constitucional. Ahora la reforma continúa su trámite parlamentario. Los 18 votos de Vox, PP y Ciutadans no han podido impedirlo.
El PSC incorporará como enmienda a la reforma de ERC y la CUP la propuesta para revocar miembros de la Mesa
Durante la defensa de su iniciativa, el diputado del PSC, Ferran Pedret, ha avisado al independentismo que, aunque su propuesta de reforma del reglamento no haya prosperado, se acabará debatiendo. Pedret, que precisamente es secretario primero de la Mesa del Parlament, ha anunciado que introducirán como enmienda al articulado su iniciativa para revocar miembros del órgano de gobierno de la cámara a la propuesta de reforma del reglamento presentada por ERC y la CUP. Para los socialistas, es importante que "la presidencia del Parlament esté en manos del Parlament ante un bloqueo político que se alarga y está erosionando el prestigio de la institución". "Las fuerzas del independentismo recomponen fugazmente hoy un bloque para hurtar al Parlament la posibilidad de dotarse de una herramienta" para revocar estos cargos, ha criticado el diputado socialista.
Por su parte, Esquerra Republicana ha justificado el voto favorable a la enmienda a la totalidad porque "las reformas ad personam no son siempre beneficiosas". "Aunque no cuestionamos que pueda ser necesario abordar este mecanismo y que no tiene que ser descartable establecer medidas de control para los miembros de la Mesa, creemos que se tiene que hacer de una manera más amplia", ha postulado Jordi Orobitg, portavoz adjunto de ERC en el Parlament. En una línea similar se ha expresado Carles Riera, de la CUP, que comparte la "conveniencia de revisar y actualizar la capacidad del pleno para modificar la composición de la Mesa en situaciones excepcionales", pero cree que el planteamiento de los socialistas es erróneo: "Hecho así, podría llevar a utilizar los cargos como moneda de cambio y podría vulnerar la vocación de objetividad en función de intereses políticos".
En Junts consideran que la reforma del reglamento presentada por el PSC es "oportunista" y "una chapuza". Jaume Alonso-Cuevillas sostiene que es un intento de "limpiarse la conciencia" por la aplicación del artículo 25.4, con el cual se suspendió Laura Borràs como presidenta del Parlament, añadiendo que este es contrario "a todos los derechos fundamentales". Además, Cuevillas ha alertado de que, con el articulado que proponían los socialistas, "dos grupos grandes y uno pequeño se podrían poner de acuerdo para sacarlos a todos de la mesa, si el 52% independentista nos pusiéramos de acuerdo, los podríamos echar de la mesa y de las mesas de las comisiones, sugiero que el PSC se autoenmiende". Por otra parte, los comunes sí que han trasladado su apoyo al PSC porque "no tiene sentido poder hacer una moción de censura al president de la Generalitat y que no se pueda cambiar la presidencia del Parlament". Tanto Vox como Cs y PP han coincidido en que esta reforma no es necesaria porque el artículo 6.2 de la LOREG, que apunta a la inelegibilidad sobrevenida, ya permite "apartar" a Laura Borràs.
Sobre la propuesta que sí que sigue su trámite, la reforma de ERC y la CUP, ambas formaciones han defendido que han revisado los reglamentos del Parlamento Europeo y del Congreso de los Diputados para establecer los criterios que prohíben los discursos de odio, así como los supuestos que se contemplan para el voto delegado y la incorporación del voto telemático. Desde Junts, también lo han considerado "oportunista" porque "se habría podido hacer antes" y haber podido investir al president en el exilio, Carles Puigdemont, el 30 de enero de 2018. Los socialistas se han mostrado abiertos a "examinar con ánimo constructivo" la propuesta, aunque la redacción actual les plantea "dudas". Por su parte, Vox, Cs y PP han expresado sus dudas sobre "cómo objetivar" lo que se entiende por discurso de odio y han acusado al independentismo de pronunciar discursos que también se podrían catalogar en este sentido.