ERC no ha escondido desde el principio que la nueva ley de memoria democrática presentada por el Gobierno era insuficiente. De hecho, hace semanas que mantienen conversaciones discretas con el ejecutivo central, encabezadas por el exportavoz Joan Tardà, pero que no han producido avances. Frente a esto, los republicanos han decidido registrar en el Congreso una enmienda a la totalidad con texto alternativo, a la que ha tenido acceso ElNacional.cat. El plazo para presentar enmiendas a la totalidad finalizaba este viernes a las seis de la tarde.
Los republicanos aseguran que no renuncian al debate, pero que tampoco les pueden dar lecciones, porque "somos uno de los partidos más represaliados" por el franquismo. Son diversas las carencias que ven a la norma del Gobierno, como que no certifica la nulidad de lleno derecho ni la ilegalidad del régimen, que falta una reconocimiento de las víctimas de la Transición, que no deroga la ley de amnistía del 77, que no reconoce el derecho a la reparación efectiva de la guerrilla antifranquista (los maquis) o que cierra la puerta explícitamente a las reclamaciones patrimoniales. Unos aspectos que sí que contempla la enmienda de los republicanos.
En la exposición de motivos, el texto de ERC sostiene que es "necesaria y urgente" la modificación de la ley de memoria del 2007 "para el reconocimiento y reparación de todas las víctimas, la aplicación de la doctrina de Naciones Unidas sobre los crímenes contra la humanidad y la asunción del Estado de sus responsabilidades con las víctimas". La norma también pone el foco en el "reconocimiento de la Segunda República española como un Estado democrático y de derecho, precursor del presente sistema político."
Reparación de las víctimas
El texto de los republicanos no sólo declara la "ilegalidad" de los tribunales, condenas y sanciones por motivos políticos, ideológicos o de creencia, sino que se abre la puerta a la reparación. Concretamente "se reconoce la condición de víctima, con derecho a reparación jurídica, moral y económica, a todas las personas físicas o jurídicas que sufrieron ejecuciones, penas, sanciones, detenciones, torturas, exilio, destierro, depuraciones, confiscaciones , cualquier perjuicio económico o patrimonial y cualquier otra forma de represión".
Así, el texto obliga el Gobierno a restituir los bienes muebles o inmuebles, dinero o archivos documentales requisados. También reconoce una indemnización de 135.000 euros "a las personas beneficiarias de quien falleció o desapareció por la represión franquista, en manos de funcionarios del Estado u organizaciones paramilitares hasta el 27 de diciembre de 1978". De hecho, prevé que el Estado elabore un informe de la represión durante la Transición, entre los años 1975 y 1982.
Fusilamiento de Companys
La enmienda de ERC también aborda aspectos particulares, como la reparación para el presidente de la Generalitat Lluis Companys, asesinado por el fascismo. La disposición adicional undécima establece que "una vez anulada la sentencia que condenó a muerte a Lluís Companys y Jover, en su condición de president de la Generalitat de Catalunya, el presidente del Gobierno entregará al actual presidente de la Generalitat la certificación correspondiente".
Museos de memoria
La iniciativa de los republicanos también contempla la creación de museos de memoria. Prevé identificar los centros penitenciarios, campos de concentración o centro de detención, establecer un plan de protección y convertir en museos los "más significativos", como es el caso la comisaría de Via Laietana, que se convertiría en un "centro de documentación de los órganos policiales de represión política del Estado en Catalunya". El objetivo es que "sean testigo del horror de la represión franquista".
Con respecto a la Valle de los Caídos, prevé que se convierta en un "centro de interpretación y divulgación de la memoria represora en general y la de los penados que trabajaron en su construcción en particular".