La eurodiputada de ERC, Diana Riba, ha reclamado al Gobierno que "cumpla la palabra" y desclasifique los documentos relacionados con el caso Pegasus después de que un juzgado de Barcelona los haya reclamado. Así lo ha manifestado Riba en las puertas de la Ciutat de la Justícia, donde este viernes declara junto con el presidente de ERC en el Parlamento y del Consejo Nacional, Josep Maria Jové, en el marco de la causa judicial abierta a raíz de la denuncia de los afectados. Riba ha confiado en que se inicie el recorrido judicial en que la justicia española "acelere" y "ponga a disposición las herramientas para que se aclare qué ha pasado". Por su parte, el vicesecretario general de ERC, Raül Romeva, ha remarcado que siguen "firmes y determinantes ante la represión".
"La represión persiste"
Riba ha celebrado que la Audiencia de Barcelona haya reactivado la causa como resultado de los recursos interpuestos. En este sentido, ha destacado la imputación de una de las empresas del grupo NSO, ha pedido la comparecencia de la directora del CNI y ha reclamado al gobierno que desclasifique los documentos. "La decisión está sobre la mesa del Consejo de Ministros. Esperamos que el gobierno de Pedro Sánchez cumpla la palabra y los desclasifique. No tenemos una administración democrática si hay espionaje a adversarios políticos", ha añadido la eurodiputada. Así pues, ha señalado que no son los únicos afectados, sino que hay más de 65, entre ellos, cuatro presidentes de la Generalitat.
Por su parte, la vicesecretaria general de Derechos, Libertades y Lucha Anti-Represiva de ERC, Marta Vilaret, ha remarcado que "no se puede olvidar de que la represión persiste". "Volvemos a denunciar esta represión de los mecanismos del Estado y la causa general contra el independentismo, que hace que no todos estemos en igualdad de condiciones a la hora de hacer política", ha asegurado. En la misma línea se ha manifestado el vicesecretario general de Prospectiva, Agenda 2030, Transición Ecológica y Deportes, Raül Romeva, ha defendido que la "beligerancia" en el ámbito internacional da resultado fuera y dentro del estado español. "Estamos aquí porque sabemos que somos en un estado demofóbico con ansias de represión", ha lamentado.
Josep Maria Jové y Diana Riba, citados en el juzgado
Jové y Riba están citados a declarar este viernes después de la petición del juzgado al Gobierno para que desclasifique los secretos sobre Pegasus. En el auto, la jueza también imputaba y citaba a declarar una de las empresas del grupo NSO, así como a la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, y citaba a comparecer Jové y Riba en calidad de testimonios.
La Audiencia de Barcelona ordenó el mes de marzo al juzgado que tomara declaración a Casteleiro, citara como investigada la empresa israelí creadora del software Pegasus y encargara un informe pericial independiente sobre los móviles de los dos políticos. El 24 de octubre pasado el juzgado admitió a trámite la querella contra la israelí NSO Group, propiedad de OSY Technologies, aunque, en lugar de citar los querellados como marca la ley, la jueza de instrucción preguntó en la fiscalía qué diligencias quería practicar. Arran de la respuesta de la fiscalía, el 15 de diciembre pasado el juzgado denegó las diligencias propuestas en la querella de Jové y Riba, denegó la investigación de la empresa OSY Technologies SARL, propietaria de NSO, y acordó la práctica de algunas diligencias pedidas por la fiscalía. Jové y Riba recurrieron la decisión, y la Audiencia les dio la razón parcialmente.
El tribunal, por unanimidad, consideraba "incoherente" la decisión de la magistrada instructora y no daba la razón en la fiscalía, que se opuso al interrogatorio de los representantes de NSO alegando que no constaba que hubiera operado en territorio español. La Audiencia le recordaba en el juzgado y en la fiscalía que la querella es para investigar si los móviles españoles de Jové y Riba fueron espiados mientras se encontraban en España.