La Renta Básica Universal (RBU), que forma parte del acuerdo de investidura entre la CUP y Esquerra Republicana, pero que el Parlament rechazó con una enmienda del PSC el pasado mes de marzo, sigue siendo un tema polémico en la cámara catalana, ya que tanto sus defensores como los que la censuran sigue firmes en sus posturas, tal como se ha demostrado este martes. Después de un debate monográfico sobre las energías renovables, las dos mociones que se han debatido giraban en torno a esta Renta Básica Universal y su plan piloto diseñado por el Govern, pero que el Parlament rechazó con los votos de los socialistas, Junts, PP, Vox y Ciutadans. Por un lado, ERC ha querido mostrar su compromiso con lo que han definido como una propuesta muy beneficiosa para la ciudadanía y que más que un gasto se trata, según la diputada Alba Camps, en una inversión por los beneficios que comporta, por ejemplo, en la salud mental de la población. En cambio, el PSC ha preguntado al Govern por el plan piloto de esta medida, que según ha criticado está dotado en 80 millones de euros que tendrían que ir destinados, en opinión del socialista Raúl Moreno, en otros polítiques. Además, también ha puesto el foco en la problemática de generar "falsas esperanzas" en la población con una "política presupuestariamente inaplicable": Bastantes de hacer volar palomas, advierten desde el PSC.
Una política transformadora, según ERC
Aunque el Parlament votara a favor de la enmienda del PSC a los presupuestos para parar el plan piloto de la RBU, ni el Govern ni ERC han parado de defenderla en los últimos meses. De hecho, han ido presentando su proyecto en diferentes países, como Marruecos, hecho que provocó una avalancha de críticas al Ejecutivo catalán. En este sentido, la diputada republicana Alba Camps ha recordado que si bien el PSC y Junts se opusieron, sumándose a los partidos de derechas, su electorado está a favor de esta medida, aunque no es tanto popular como entre los votantes de ERC, los comunes o la CUP. Por todo ello, ha defendido que su partido no renuncie al plano piloto, asegurando que "la transformación son políticas valientes que pueden hacer temblar el poder vigente" y extendiendo la mano al resto de partidos para llegar a un acuerdo en este sentido, superando del partidismo y centrándonos en el progreso social, dando demanda a una petición de la ciudadanía."
Laura Vilagrà, consellera de Presidència, se ha alineado con su compañera de partido, y también ha querido subrayar otros beneficios que se contemplan de una RBU, que pasan para aumentar la autonomía de las personas y también hacer que las mujeres sean menos vulnerables a las violencias machistas, aparte, según ella, de ganar en salud mental. "Todos en esta vida podemos ser en algún momento vulnerables y la RBU es una base económica que nos podría proporcionar seguridad", ha reflexionado Vilagrà, que ha defendido la prueba piloto para comprobar si esta idea es viable y si tiene "efectos colaterales previstos".
Sin mayoría parlamentaria
El PSC, por su parte, se ha fijado más en los costes económicos de esta asignación. Si el plano piloto, que consiste en 10.000 personas, supondría un gasto de 80 millones en dos años, aplicarla a toda la ciudadanía de Catalunya tendría un coste superior, según los cálculos de Raül Moreno, a todo el presupuesto de la Generalitat, 53.000 millones de euros. "El plano piloto no cuenta con una mayoría parlamentaria, tal como quedó claro en los presupuestos como en el último debate. Aun así, la actividad continúa", ha lamentado Moreno, que ha rebatido ERC recordando que si bien se han hecho pruebas en varios países, la RBU no se ha acabado aplicando nunca en ningun estado por sus bajos efectos en el mercado laboral y su coste elevado. Por todo ello, ha pedido al Govern y a la consellera Vilagrà que dejen de generar expectativas que no se traducirán a la realidad.