La noticia que el rey emérito Juan Carlos I ha pagado 4,2 millones de euros a Hacienda para regularizar - de nuevo - su situación ha hecho saltar las alarmas. ¿En qué circunstancias ha aceptado el Estado español un dinero que, además, no está claro de dónde han salido? Eso es el que quieren cuestionar los grupos del Congreso de Esquerra Republicana, EH-Bildu, JuntsxCat, la CUP, PdeCat y BNG, que han solicitado la comparecencia de la ministra de Hacienda María Jesús Montero, el jefe de la Fiscalía anticorrupción Alejandro Lusón y el director de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón.
Según los documentos presentados este viernes, piden que se rindan cuentas ante comisión para explicar las "circunstancias, condiciones y términos se ha producido la 'regularización' opaca de 4 millones de euros, de dudosa procedencia, por parte de Juan Carlos de Borbón".
Los intentos por "blanquear" la monarquía
El diputado de EH Bildu, Oskar Matute, ha denunciado en un vídeo que la última regularización del emérito "se trata de un nuevo intento de blanqueo, no sólo de la institución monárquica, sino también de sus fondos." "Estamos siendo privados del derecho fundamental a la información, el derecho a saber la verdad sobre cuánto dinero tiene el rey emérito y como les ha conseguido", ha criticado Matute, que también ha contrastado la "facilidad de trato con Hacienda" que tiene Juan Carlos I y que no tiene ningún ciudadano "cuándo se retrasa o comete alguna infracción".
También Mireia Vehí, diputada de la CUP en el Congreso, ha compartido en las redes la indignación por el pago del rey emérito. "¡Así es como el PP llamó a la última amnistía fiscal que amparó más de 700 casos de blanqueamiento de dinero! ¡Que den explicaciones!", ha pedido en un tuit dónde ha compartido las solicitudes presentadas por las seis formaciones.
Por su parte, JxCat ha presentado a una batería de preguntas parlamentarias para saber por qué razón la Agencia Tributaria no ha abierto un expediente contra Juan Carlos I; si el Gobierno dará órdenes para que se le abra un expediente; y si siguen pensando que no es necesario ni conveniente que se cree una comisión de investigación al Congreso para aclararlo, entre otras cuestiones.