Compromís ha recogido este miércoles la firma de diputados de Sumar, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Bildu, Podemos y BNG para presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la ley educativa de la Generalitat valenciana de Carles Mazón. La norma atenta contra los derechos lingüísticos de los alumnos que están recogidos en el Estatut del territorio, así como en la misma Constitución. "Obliga a las familias valencianas a matricular a sus hijos antes de saber en qué lengua recibirán las clases e impide que el alumnado de áreas castellanohablantes pueda aprender en valenciano y dominen las dos lenguas oficiales", lamenta Compromís en un comunicado.
En el mismo texto, recuerdan que el Tribunal Superior de Justicia del País Valencià ya rechazó una medida incluida en esta norma: permitir que cada alumno pueda escoger la lengua con la que quiere hacer los exámenes. Eso "atenta contra el objetivo de adquisición de conocimientos que van vinculados a la lengua oficial en la que se vehicula una asignatura". Los diputados de todas estas formaciones se han concentrado en la escalinata de los leones que hay en la entrada principal del Congreso de los Diputados. Los parlamentarios denuncian también que la ley de PP y Vox permita que haya profesorado sin capacitación para dar clases en valenciano de asignaturas no lingüísticas y vulnera así el derecho del alumnado a recibir clases en valenciano de otras asignaturas.
La portavoz de Compromís en el Congreso de los Diputados, Àgueda Micó, ha lamentado en declaraciones a los medios de comunicación que, una vez más, el gobierno de Carlos Mazón atenta contra la lengua propia del País Valencià; cosa que es ir en contra de un "derecho fundamental". "No podemos quedar impasibles ante este gobierno de la vergüenza", ha reiterado.
El argumento del PP
El argumento que esgrime Carlos Mazón para defender la ley impulsada por su ejecutivo es que la norma equipara "en libertad e igualdad al valenciano con el castellano". Se trata, presume el PP, de una ley que permitirá a los padres decidir sobre la educación de sus hijos y no depender "de los despachos intervencionistas de los políticos". En defensa de la norma, el president de la Generalitat valenciana insiste en que la potestad de los padres a la hora de escoger la educación de sus hijos hace "que no dependa del vaivén intervencionista de un gobierno o de otro".
El caso es que Mazón ya ha eliminado anteriormente la Oficina de Derechos Lingüísticos. Los populares argumentan que el organismo "se copió del proceso separatista catalán" y se convirtió en una especie de "policía lingüística" en las aulas. La Generalitat valenciana insiste en que la ley supone más "libertad" y "futura competitividad de nuestros alumnos en la que todos sean iguales para poder escoger libremente".