Los grupos de ERC, Junts, CUP, PSC y comunes han presentado conjuntamente un documento para pedir a la Mesa del Parlament que inicie un procedimiento con el fin de comprobar si ha habido un posible incumplimiento del Codi de Conducta del Parlament por parte del presidente de Vox en la cámara catalana, Ignacio Garriga.
La petición de los grupos llega después del debate de política general que se llevó a cabo la semana pasada. En él, Garriga afirmó que el 42% de la población reclusa es extranjera, cuando sólo representan el 16% del total.
En el escrito recogen como Garriga "formuló una serie de expresiones y afirmaciones, vinculando delincuencia con inmigración, haciendo identificación expresa de la nacionalidad de aquellos que eran presuntos responsables con su nacionalidad y por lo tanto su origen", lo que consideran que vulnera el artículo 7.2 del Codi de Conducta de los miembros del Parlament que establece, literalmente, que los diputados tienen que mantener en todo momento una conducta respetuosa con los otros diputados y con los ciudadanos, y una actitud escrupulosa y ejemplar de acuerdo con el principio de igualdad sin discriminación por razón de género, orientación sexual, creencias, ideología, origen o condición social, etnia, lengua o cualquier otro.
Los grupos entienden que las expresiones que utilizó Garriga vulneran este apartado en tanto que "suponen un claro ejemplo de discriminación en razón de origen, condición social y/o etnia".
Choque en el Parlament
Las declaraciones del líder de Vox no pasaron desapercibidas, y es que al acabar su discurso la diputada de la CUP Basha Changuerra pidió a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que aplicara el código de conducta a Garriga por haberlo vulnerado "al faltar al respeto a una parte de la sociedad".
"Hacemos una petición a la Mesa para que evite este tipo de criminalizaciones infundadas a una parte de la población", añadió, a lo que Borràs contestó que le corresponde al president de la Generalitat, Pere Aragonès, "rebatir" las afirmaciones de Garriga en su turno de réplica.
Posteriormente, el presidente del grupo de ERC, Josep Maria Jové, leyó el artículo 510 del Código Penal, que hace referencia a la discriminación, odio o violencia por motivos racistas, sexuales, religiosos o nacionales. Ya nos gustaría que este artículo fuera aplicado como corresponde. Sabemos que algunos están protegidos y tienen absoluta impunidad", dijo. Y concluyó: "Contra el fascismo, siempre", entre fuertes aplausos.