El pleno del Congreso de los Diputados está de acuerdo con estudiar una proposición de ley en Sumar que aspira a derogar seis preceptos del Código Penal referentes a los delitos contra la Corona (el 490.3 y el 491), el enaltecimiento del terrorismo (el 578), los ultrajes a España, a las comunidades autónomas y a sus símbolos y emblemas (el 543), las injurias en el Gobierno, al CGPJ, al TC, al Tribunal Supremo, a los gobiernos autonómicos, al ejército y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (el 504) y contra los sentimientos religiosos o de escarnio público (el 525). La iniciativa también quiere acabar con las identificaciones policiales colectivas que tengan el objetivo, entre otros, de "conocer o controlar su participación en actividades de carácter político o sindical".
Durante el debate, los representantes de Esquerra Republicana, Pilar Vallugera, y de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, han exhortado al PSOE que no deje que la propuesta acabe muriendo como pasó en la pasada legislatura y han recurrido a las comparaciones con Catalunya para mostrarse a favor de reforma del Código Penal.
¿"Señores del PSOE, ahora sí? ¿Lo tenemos claro? ¿No todavía"?, se ha preguntado irónicamente Pujol, que también se ha dirigido a Sumar para dejar un interrogante al aire: ¿"Dónde estaban cuando en Catalunya no se podía hablar de todo? Hablamos de todos justo cuatro días. Los independentistas hemos estado solos". De igual manera, Vallugera ha verbalizado "la obligación de pedir" al PSOE y a Sumar que no dejen esta iniciativa "en un cajón durmiendo el sueño de los justos".
Referencias a Catalunya
Eduard Pujol ha empezado avisando de que los juntaires no se pondrán "la capa de superhéroe para salvar España", sino que quieren defender la libertad de Catalunya y "sacudir la zona de confort" de un Estado que querría tener a los catalanes "como corderitos". Ha lamentado que en el Estado haya "una grave contradicción" que impone "una censura legal y aceptada que dice que no se puede tocar la monarquía" y ha reprobado que se llevara a los tribunales el debate político del Parlamento de Catalunya cuando se quería hablar de la monarquía y el derecho a decidir: "En el sitio donde se tiene que hablar se quería hablar, qué drama".
Por su parte, Pilar Vallugera ha recordado el caso de la Verge de Rocío y ha apuntado a veces "estás en casa viendo la televisión, ves un programa y dices «Estos irán directos en los tribunales»". "Por el amor de Dios, era un gag", ha exclamado. También se ha mostrado partidaria de poder "quemar las banderas que nos dé la gana", ya que "todo aquello que nos ofende nos hace saber quiénes somos y tenemos que estar dispuestos a escucharlo para crecer colectivamente". Y ha concluido que "cuanto más altas sean las instituciones, más sometidas tienen que estar a la capacidad de crítica".
Eduard Pujol ha reprochado que "es muy poco ejemplar" llenarse la boca hablando de democracia a todas horas y que, a 600 kilómetros, "haya diputados que no pueden debatir libremente porque el miedo a la verdad ha silenciado la fuerza de la verdad". En la misma línea, Pilar Vallugera ha contrapuesto que mientras que cuándo se habla de libertad en Madrid "se entiende tomar cañas", cuando se habla en Catalunya, "se entiende poder decir, pensar, vivir y ser" lo que uno quiera.
Sumar aboga para "acabar con la vergüenza" de las condenas permanentes del TEDH
Enrique Santiago, el diputado de Sumar encargado de defender la propuesta, incluida en el acuerdo de gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar, ha reivindicado que esta iniciativa es "una necesidad para mejorar la democracia" y "acabar con la vergüenza que suponen las condenas permanentes en España" por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y ha pedido a los grupos parlamentarios que pierdan "el miedo". Ha argumentado que "la monarquía, la nación o las víctimas del terrorismo no se defienden acabando con la libertad de expresión" y que el delito contra los sentimientos religiosos se ha convertido en "un arma propagandística" que se utiliza "para captar atención mediática y coaccionar artistas y cómicos". Ha censurado que el delito de enaltecimiento del terrorismo solo "sirve para contestar cantantes o raperos que nunca han provocado ningún acto de terrorismo" y ha aseverado que, en una democracia, "no puede haber condenas de prisión para cantar".
En la misma línea, y tal como Santiago ha manifestado desde la tribuna, Amnistía Internacional hizo llegar este lunes una carta a todos los diputados, a la cual ha tenido acceso El Nacional.cat, pidiéndoles el voto a favor de "la reforma del Código Penal de los delitos que afectan la libertad de expresión según estándares internacionales".
El PSOE reduce una marcha: libertades con límites
En su intervención, la representante del PSOE, Isaura Leal, ha señalado que las libertades de expresión e información tienen "una serie de límites" y ha apuntado que "la Constitución no protege las expresiones que inciten directamente a la violencia o al odio o supongan menosprecio o humillación a las personas" y que "la tutela institucional de las víctimas del terrorismo es una obligación de Estado".
Leal ha hecho un llamamiento a no obviar las resoluciones de organismos internacionales y ha reclamado que, en este sentido, "es imprescindible que el PP se aleje de la extrema derecha". Ha insistido en que "las expresiones que son absolutamente vejatorias" quedan fuera del ámbito de protección constitucional y que hace falta "respetar, preservar y proteger la dignidad" de las instituciones.
Críticas de PP y Vox: "impunidad al odio" y "dictadura ideológica"
Desde el PP, el diputado por Navarra Sergio Sayas, exmiembro de UPN, ha reprochado a Sumar que esta proposición de ley pretende "dar impunidad al odio", "cargarse la España constitucional" y "favorecer los que quieren inundar la democracia española con odio". También ha proclamado, entre constantes referencias a ETA, que "la principal amenaza con que tiene la democracia española es el presidente del Gobierno".
Por parte de Vox, José María Figaredo ha reprochado al PSOE que esté colaborando "para convertir a España en una democracia sesgada a la izquierda y por el camino de una dictadura ideológica en la cual solo se permitan las expresiones de uno de los bandos" y ha criticado que esta proposición de ley pretenda "amordazar la disidencia", "silenciar a todos los que pretendan dar una voz discordante al pensamiento único" y "pisar" los derechos de los "pocos españoles que todavía quieren disentir". También ha proclamado que en España "poco se castiga" los que insultan y subvierten el orden público desde las instituciones.
Los argumentos de los organismos internacionales
En la exposición de motivos de su texto, Sumar cita que la Observación general número 34, de julio del 2011, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que señalaba que "todas las figuras públicas", también los Jefes de Estado,"pueden ser objeto legítimo de críticas y oposición política", y el informe del relator especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, Frank la Rué, que en el 2012 apuntaba que "la difamación no tiene que constituir un delito penal a ningún Estado".
También apela a la Resolución 1577 del 2007 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que subrayaba que "las penas de prisión por difamación" se tenían que abolir "sin demora", y a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso de Enric Stern y Jaume Roura, que quemaron fotos de la monarquía durante una visita del rey Juan Carlos I y la reina Sofía a Girona. Estrasburgo concluyó que la libertad de expresión ampara quemar fotos del Rey y obligó al Estado a abonar los 2.700 euros de multa e indemnizar a los dos jóvenes con 9.000 euros.
Sumar también recuerda que Amnistía Internacional ya pidió en marzo del 2018 la derogación del artículo 578, alegando que su impacto "es devastador para las personas", que se ha utilizado para "reprimir expresiones de índole política y a la comunidad artística" y que su aplicación "ha criminalizado todo un abanico de expresiones".