Cambio de última hora. ERC se ha sumado, finalmente, a la pinza de PSC, Junts y Ciutadans para validar la ley contra las ocupaciones. Una decisión incómoda para los republicanos, pero que han argumentado por algunas mejoras conseguidas durante la negociación parlamentaria, la cual se ha intensificado durante las últimas horas entre las diferentes partes. Y es que el plazo ha sido bien corto: de solo dos semanas, después de que el último pleno del Parlament aprobara tramitar la norma de urgencia y por lectura única. En todo caso, el visto bueno de ERC no ha servido para cambiar la fortuna de la legislación: los votos de socialistas, juntaires y naranjas (71) eran suficientes para superar la mayoría absoluta, pero la adhesión de los republicanos ha servido para que el partido del Govern de la Generalitat no perdiera, nuevamente, otra votación en la cámara catalana.
Concretamente, la reforma legislativa planteada por Junts per Catalunya y aprobada por el Parlament busca facultar a los ayuntamientos —con la enmienda de ERC se han sacado las comunidades de propietarios— a reclamar judicialmente el desalojo del inmueble ocupado si el propietario no ha actuado en un plazo de treinta días y se cumplen dos requisitos: que haya una "alteración grave de la paz social" y que sean propiedad de grandes tenedores, como la SAREB. También los consistorios, en casos de grandes tenedores, podrán expropiar inmuebles que estén vacíos, durante un periodo de siete años, para destinarlo a vivienda social. Es una iniciativa en la cual trabajaba la exconsellera de Justicia Lourdes Ciuró antes de la ruptura del Gobierno el pasado octubre, y que la nueva consellera Gemma Ubasart había congelado.
En un comunicado poco antes de la votación, ERC ha explicado su cambio de sentido de voto porque ha conseguido "reducir las interpretaciones arbitrarias y elevar la responsabilidad de los grandes tenedores". También han cargado contra la propuesta original de Junts, que, con uno redactado "dudoso", ponía el ojo de mira en las ocupaciones que afecten a la 'convivencia' de vecinos. Sea como sea, los republicanos han podido argumentar que la legislación final, y gracias a su negociación hasta el final, ha salido "muy diferente" a cómo había entrado.
Debate parlamentario con reproches cruzados
El diputado de Esquerra Republicana, Pau Morales, ha defendido este cambio de posición por la necesidad de "trabajar para evitar soluciones arbitrarias", haciendo referencia al hecho de que las comunidades de vecinos se pudieran personar para solicitar un desahucio en los casos de alteración de la convivencia. "Hemos ido a hacer un control de daños pensando en la gobernabilidad y que fuera útil, se ha hecho un esfuerzo por evitar malos mayores", ha añadido. Morales ha querido poner el foco en la responsabilidad de los fondos buitres y ha hecho un llamamiento a PSC y Junts a desbloquear la creación de una comisión de investigación sobre fondos buitres, que cuenta con el apoyo de los comuns y la CUP.
La impulsora de la proposición de ley, Marta Madrenas, ha reivindicado que es una "gran noticia para alcaldes y alcaldesas y para los ciudadanos que sufren un calvario en sus vidas". La diputada de Junts ha señalado que "hoy no hablamos de ocupaciones, hablamos de paz social y de convivencia, que todo el mundo pueda vivir en paz". "La ley no va contra los ocupas, va contra los grandes tenedores que se desentienden de su obligación", ha subrayado la también alcaldesa de Girona. Desde el PSC, Eva Candela ha valorado que "con la iniciativa, podremos dotar de herramientas los ayuntamientos" y ha pedido que el Gobierno sea más exigente con las sanciones a los grandes tenedores. Por parte de la CUP y los comuns, que han votado en contra de la normativa, han apuntado que "la medida no es necesaria" y han destacado que, con esta ley, se reconoce que el "derecho de propiedad no es absoluto". Por eso, animan a tener en cuenta este elemento a la hora de poner topes a los precios del alquiler.