Esquerra Republicana ha presentado una propuesta para completar el informe sobre la evolución del estado de derecho en España que cada año redacta la Comisión Europea. En el proceso de elaboración, la Comisión abre un periodo para que puedan participar organizaciones de la sociedad civil, una ocasión que los republicanos han aprovechado, tal como ya hicieron el año anterior, para hacer sus aportaciones en diferentes ámbitos como el funcionamiento del sistema judicial, la lucha contra la corrupción o el pluralismo a los medios de comunicación.

Así, en primer lugar, el informe pone de relieve toda la investigación en torno al CatalanGate y el espionaje a políticos, activistas y abogados vinculados al movimiento independentista con el programa Pegasus. En relación con eso, se exponen las resoluciones tanto del Parlamento Europeo como de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que recomiendan al estado español una "profunda, independiente y efectiva investigación" de todos los casos en que se ha utilizado este software para espiar.

La Operación Catalunya, protagonista

En esta misma línea, el documento también resalta la existencia de la Operación Catalunya, explicando que el entonces ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, avalado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, utilizó el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para crear falsos informes difamatorios sobre líderes independentistas, filtrándolos en la prensa para, posteriormente, poder empezar una investigación falsa contra ellos.

El encargado de llevar a cabo las aportaciones al documento por parte de los republicanos ha sido el eurodiputado republicano Jordi Solé, que ha declarado: "El escándalo de Pegasus o las recientes revelaciones sobre la Operación Catalunya, la guerra sucia e ilegal para desacreditar el independentismo catalán, demuestran que para parar el independentismo el estado español ha hecho saltar por los aires el estado de derecho".

La necesidad de una ley de Amnistía

Al mismo tiempo, la elaboración de este informe ha sido una buena oportunidad para explicar fuera del Estado la necesidad de haber acordado una ley de Amnistía que considere que todos los hechos relacionados con la consulta del 9 de noviembre del 2014 y el referéndum de independencia del 1 de octubre del 2017 no fueron un delito.

Además, Esquerra también ha denunciado la situación inusual que vive el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el estado español. Los republicanos han puesto énfasis en el hecho de que el mecanismo de elección de los jueces es insuficiente para garantizar la independencia judicial y su apariencia de neutralidad. Así, los republicanos han evidenciado que la renovación del CGPJ está parada desde el 2018, ya que hace falta una mayoría de tres quintas partes del Congreso de los Diputados para renovarlo y las fuerzas conservadoras se niegan a avalarla. Este hecho, que también ha sido denunciado por el Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO), se apunta al informe como "altamente insatisfactorio" y pone en peligro la independencia judicial en el estado español.

Por otra parte, la organización republicana también se hace eco de la carta que cinco relatores especiales de las Naciones Unidas enviaron al Gobierno presentando ERC como una "organización fuertemente represaliada" e instando al Gobierno a cesar la persecución.

Finalmente, se recogen toda una serie más de hechos y consideraciones en torno a la libertad de prensa y anticorrupción que ponen de relieve la "poca cultura democrática", según dice el informe, que existe en el estado español.

El Estado de derecho, a debate

Todo coincide con el hecho de que los ministros de Asuntos Europeos de la Unión Europea (UE) se reúnen este lunes en Bruselas en un encuentro en el cual se abordará la situación del estado de derecho en España. Se trata de un debate sobre las recomendaciones que la Comisión Europea hizo al Estado el año pasado. Ahora bien, como no podría ser de otra manera y como telón de fondo, habrá la amnistía pactada entre el PSOE y el independentismo, especialmente teniendo en cuenta que se votará el martes en el Congreso y se encuentra bajo la evaluación del ejecutivo comunitario. Lo que en esta ocasión, tal como destaca la ACN, no abordarán los ministros europeos es la oficialidad del catalán, el vasco y el gallego, que ha quedado fuera de la agenda por primera vez desde septiembre.