Los partidos independentistas ERC y PDeCAT intentarán forzar al ministro de Hacienda Cristóbal Montoro a comparecer en el Congreso por la "caza de brujas" al procés, en palabras del portavoz demócrata Carles Campuzano. La petición llega por las informaciones públicas relativas a que Montoro estaría investigando entidades, periodistas y medios, en busca de indicios de haber cedido dinero para financiar la causa soberanista. El propio secretario de Estado de Administraciones Territoriales Roberto Bermúdez de Castro ha reconocido que se revisaba la Generalitat "con lupa".
"Forma parte de la campaña de criminalización a entidades y personas vinculadas a la causa democrática del soberanismo" ha denunciado el portavoz del PDeCAT. "Nos parece inaudito que, en una democracia moderna, más cuando quien ejerce las condiciones de facto de consejero de Economía y Hacienda de Catalunya se plantee esta investigación en forma de caza de brujas" ha zanjado en los pasillos de la cámara baja. De la misma manera, ha recordado que las subvenciones otorgadas por la Generalitat son "públicas", y "no tienen ningún misterio", además que ser previas al procés.
Desde de ERC ya han presentado la petición formal de comparecencia a la comisión, firmada por los portavoces Joan Tardà y Joan Capdevila, a Montoro para "dar explicaciones sobre la exigencia de la Intervención General de la Generalitat de Catalunya de aportar información sobre los pagos a personas y emprendidas, incumpliendo la legislación catalana" –según consta la petición registrada. Esto no conlleva que prospere la iniciativa, pues la comparecencia deberá someterse a votación en la Junta de Portavoces próximamente para que pueda llevarse a cabo.
La cuestión es que todo ello supone un giro sobre los usos del 155, según ha reconocido el propio el secretario de Estado Bermúdez de Castro. El número dos del ministerio de Soraya Sáenz de Santamaría ha asegurado que desde la intervención del autogobierno "no se ha fiscalizado, ni buscando cosas día a día", removiendo "los cajones", sino que se ha gestionado la administración. Pero ahora, la situación es distinta y el Gobierno sigue la pista del dinero que presuntamente se pudo usar para el 1-O y demás estructuras del procés.
Así las cosas, el secretario de Estado ha repetido el punto de Montoro hace unas semanas, cuando dijo que no se podía garantizar que con el FLA no se habían falsificado facturas –algo que sería malversación de fondos públicos, por tanto, otro delito de gravedad. "Lo que se busca aquí con esta petición de información es una certificación por parte de la administración de la Comunidad Autónoma, es la propia interventora [Rosa Vidal] a quien tiene que certificar, porque es la que controla todos los gastos," ha agregado.