En el pleno del Parlament del 26 de marzo, Sílvia Orriols acusó a la diputada de ERC, Najat Driouech de "normalizar la misoginia y el fundamentalismo islámico" en la cámara catalana con su hiyab. Estas palabras de Orriols a Driouech provocó tensión dentro del pleno y una advertencia del presidente del Parlament, Josep Rull, a la líder de Aliança Catalana. No era, ni mucho menos, la primera vez que la también alcaldesa de Ripoll se dirigía en estos términos contra la diputada de ERC, la primera en la historia del Parlament en llevar velo. Lo había hecho en otras ocasiones y el president de la Generalitat, Salvador Illa, había salido en defensa de Driouech. Este martes, la mesa del Parlament ha admitido a trámite la solicitud de ERC para abrir un procedimiento que resuelva si la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, vulneró el código de conducta con sus palabras contra Najat Driouech. No serán las únicas que tienen que analizar, ya que también estudiarán si la diputada de la CUP, Laure Vega, incumplió el código de conducta (a petición de Vox) cuándo reprodujo un tuit del humorista Manel Vidal en el pleno, relativas a los disturbios que se habían producido al municipio de Salt.
"Hay límites que afectan a la libertad de expresión"
En su solicitud en la Mesa, ERC recuerda las diferentes situaciones en que Orriols se ha referido a Driouech en términos similares, hablando de "misoginia islámica", subrayando que "personifica discriminatoria en la diputada Driouech el ataque hacia un colectivo y una religión con voluntad de crear una aparente unidad que configura un tipo de persona". "Se observa un evidente ánimo de humillar y de menospreciar a la diputada públicamente utilizando la sesión plenaria como altavoz para llevar a cabo estas discriminaciones", añaden los republicanos en su escrito. Desde de ERC aseguran que si bien el reglamento del Parlament recoge que los diputados y diputadas disfrutan de inviolabilidad por las opiniones y los votos emitidos durante el ejercicio de sus funciones como representantes del pueblo de Catalunya, "hay límites que afectan a la libertad de expresión no reconociendo dentro de esta prerrogativa frases y expresiones ofensivas formalmente injuriosas o absolutamente vejatorias".
En esta nueva legislatura, la Mesa ya no corta a los diputados cuando consideran que se está incumpliendo el código de conducta para evitar que estos, a menudo de ultraderecha, tengan material para explotar en las redes sociales. El órgano rector de la cámara todavía está estudiando cómo tiene que afrontar el problema de los discursos de odio, una situación con la cual se encuentran buena parte de los parlamentos de todo el mundo.
La Mesa impone las sanciones
Ahora, el siguiente paso después de la solicitud de ERC, es que la Mesa inicio el procedimiento de verificación, pidiendo un informe a la Comisión del Estatuto de los Diputados, tal como establece el Código de conducta. También lo hará con el caso de la diputada Vega. La comisión, por medio de una información reservada, tendrá que examinar los hechos, y si considera que puede haber infracción, los tendrá que investigar y hacer un informe, con la audiencia previa de la diputada afectada. El informe se elevaría a la Mesa, que tiene que determinar en última instancia si se ha cometido una infracción e imponer las sanciones que correspondan. La más alta es una multa de hasta 12.000 euros.