Después de que lo hayan hecho Òmnium, la CUP y la ANC, este martes el abogado Andreu Van den Eynde ha presentado una querella por el CatalanGate en nombre del presidente del grupo parlamentario, Josep Maria Jové, y de la eurodiputada Diana Riba. Lo ha hecho en el juzgado de guardia de Barcelona, con requerimiento que las causas se remitan y se acumulen a las ya abiertas al juzgado de instrucción número 32, también de Barcelona. Van den Eynde ha presentado también una querella en nombre propio, ya que él mismo ha sido víctima del espionaje.

Los republicanos han decidido ampliar la acción legal contra la empresa NSO, solicitando que la investigación se centre en el CNI. Las querellas remarcan la gravedad de un espionaje de carácter político que atenta, no sólo contra los derechos fundamentales al secreto de las comunicaciones y a la intimidad, sino también a los derechos inherentes al secreto profesional de los que disfrutaba el abogado y a la inmunidad parlamentaria que asistía a la eurodiputada. El objetivo es el de permitir descubrir los hechos ocurridos en su integridad (el alcance de la información sustraída a las víctimas, la finalidad con la que ha sido tratada y donde se almacena), así como averiguar la identidad de los autores. Todo "para evitar la impunidad de los hechos y para asegurar el resarcimiento de los daños y perjuicios causados a las víctimas".

El juzgado de instrucción 32  de Barcelona ya tiene en curso las querellas presentadas, ahora hace casi dos años, por el expresidente del Parlament y actual conseller de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, y el presidente del grupo municipal de Barcelona y diputado, Ernest Maragall, después de que se hiciera público su caso de espionaje. También se han presentado en esta sección las querellas de Òmnium, CUP y ANC.

Pruebas

En la querella, el penalista Andreu Van den Eynde expone que los hallazgos hechos por el grupo de Citizen Lab “han sido validados por comprobaciones de terceros independientes, concretamente del Security Lab de AI6 y demuestran la existencia de 63 víctimas entre los años 2017 y 2020, siente 51 de ellas víctimas con infecciones completas probadas”.

En el caso de la querellante Diana Riba, su infección se precisa que se ha verificado el día 28 de octubre de 2019 cuando ya era eurodiputada y disfrutaba de las inmunidades que prevé el Protocolo núm.7 relativo a los Privilegios e Inmunidades de la Unión Europea. En el escrito, el abogado precisa que en la fecha del espionaje hacía una semana que se habia dictado la sentencia del Supremo de condena de su marido, el conseller Raül Romeva, “que estaba encarcelado y, por lo tanto, no podía ser directamente espiado a través de comunicaciones si no era a través de las que mantenía con la querellante”. Se añade que durante aquellos días, Riba mantuvo muchas conversaciones con el abogado defensor de Romeva (Andreu Van den Eynde, también objeto de espionaje con Pegasus) sobre estrategia jurídica de defensa frente a la sentencia, y también con miembros del Comité Jurídico y con la presidencia del Parlamento Europeo (el equipo del presidente David Sassoli) con relación al escaño en el Parlamento Europeo del también encarcelado y líder de ERC, Oriol Junqueras.

Además, se  explica que las infecciones efectuadas por sistema 0-click contra los terminales móviles de Jové no han podido dar datos de fechas y horas exactas, pero sí han podido determinar la existencia de una infección 0-click en un dispositivo que utilizó hasta el verano de 2020 y otra respecto del móvil que usó desde entonces. Jové en las fechas del espionaje formaba parte de la dirección nacional de ERC (presidente de su Consell Nacional), fue diputado en el Parlament de Catalunya desde las elecciones del 2017 y en la actualidad es el presidente del grupo parlamentario de ERC en el Parlament de Catalunya. Así mismo, fue miembro de la representación de ERC en las negociaciones por la investidura del presidente del gobierno español (enero del 2020) y formó parte de la delegación catalana que llevó a cabo negociaciones con el gobierno español (junio del 2020).

Sin móviles

Se precisa que los anteriores hallazgos han sido comunicadas a las víctimas en fechas recientes, por lo cual “se ha llevado a cabo un procedimiento de adquisición forense de los teléfonos móviles identificados a través de un laboratorio pericial , conformo los protocolos de adquisición y almacenamiento estandarizados para el tratamiento de evidencias informáticas, de tal forma que se puedan posteriormente analizar y presentar en el procedimiento el resultado de una eventual pericial. En el caso de Torrent y Maragall, sus móviles fueron devueltos al Parlament, incluso antes de presentar la primera querella. Recientemente, el titular del juzgado de instrucción 32 les solicitó los aparatos, a petición del fiscal, y dieciocho meses después de admitir la querella.

Obligado a investigar

Por todo esto, el abogado de ERC, recuerda al juez José Antonio Cruz de Pablo que “como establece el TEDH, los tribunales no pueden incumplir sus obligaciones positivas de asegurar una protección adecuada” a las personas que denuncian ser víctimas de un delito. Y le solicita que se requiera información a la empresa NSO, así como al CNI, y también al Tribunal de Cuentas y a la Intervención General del Estado para que aclaren si España ha adquirido el malware Pegasus.

Más querellas

Este es el primer paso de ofensiva judicial de los republicanos, pero vendrán más. Desde el exilio, la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira, presentará una acción penal por el espionaje sufrido en territorio suizo y ante las autoridades de este país. También en los próximos días el eurodiputado Jordi Solé presentará una querella.

Este embate judicial llega después de la estrategia de que se construyó justo un día después de destaparse el CatalanGate, cuando los tres partidos independentistas, Òmnium y ANC se encontraron en Bruselas y anunciaron que llevarían el espionaje a Europa, la ONU, y a la justicia. Según explicó el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, la intención es que cada una de las 65 personas afectadas pueda presentar querellas individuales y no conjuntas, porque se trata de una vulneración de derechos individuales.