Correos es la empresa pública mayor de España y tradicionalmente, una de las más próximas al ciudadano en tanto que servicio postal. Esta proximidad a la ciudadanía contrasta con el hecho de que sus trabajadores no tengan ninguna obligación de conocer la lengua de la población allí donde tienen que trabajar más allá del castellano, constitucionalmente obligatorio. Como en muchos otros organismos dependientes del Estado -fuerzas de seguridad, justicia...- los derechos lingüísticos del administrador están más protegidos que el del administrado.

De hecho, en la última convocatoria de oposiciones no se incluye ningún requisito lingüístico por aquellas lenguas con rango de oficialidad en diversos de los territorios que conforman el Estado español y, en cambio, sí que se considera como a mérito tener conocimientos del inglés -que no té rango de oficialidad en España- o bien, en los casos específicos de Ceuta y Melilla, del árabe marroquí o dariya en la primera de estas ciudades africanas o del amazig en la segunda, aunque ninguna de las dos tampoco es oficial y en el caso del amazig, además, se considera erróneamente como dialecto del árabe.

Para poner fin a esta discriminación lingüística, que otorga más derechos a los castellanohablantes por el solo hecho de serlo, Esquerra Republicana de Catalunya ha entrado al Congrios de los Diputados una proposición no de ley por la que insta al gobierno español a establecer el conocimiento de las lenguas oficiales diferentes del castellano como requisito fijo en las convocatorias de las oposiciones de Correus.

Según el texto, ERC pide que la obtención de una plaza fija a Correos incluya como requisito la capacitación lingüística suficiente para comunicarse en lenguas diferentes al castellano allí donde tengan rango de oficialidad, es decir, catalán, occitano, vasco y gallego y que este requisito se establezca también en los casos de movilidad geográfica.

Desde de ERC se reclama que la Administración del Estado tenga en cuenta la diversidad lingüística y la vocación de servicio público de Correos y que "garantice" el uso de estas lenguas a Correos para que la ciudadanía pueda dirigirse y ser atendida en la lengua oficial que los interesados escojan.