Poco después de que el TSJC haya anunciado el aplazamiento del juicio por la organización del referéndum del 1 de octubre a Josep Maria Jové, Lluís Salvadó y Natàlia Garriga por su coincidencia con la campaña electoral para las elecciones del 12 de mayo, Esquerra Republicana ha celebrado esta decisión a través de un comunicado, reclamando que se les aplique la ley de amnistía. Esta se encuentra congelada en el Senado después de que el Congreso la aprobara el 14 de marzo. El PP utilizó su mayoría absoluta para cambiar el reglamento y dilatar su tramitación durante dos meses, es decir, hasta mediados de mayo. Después tendrá que volver al Congreso donde quedará validada definitivamente a finales de mes.

En este sentido, los republicanos lamentan en un comunicado que el tribunal presidido por Jesús María Barrientos haya optado por aplazar el juicio en lugar de suspenderlo definitivamente, teniendo en cuenta que después de las elecciones en el Parlamento faltarán pocos días para que la ley de amnistía quede aprobada en la cámara baja: "Mantener el juicio al referéndum sabiendo de la inminencia de la ley de amnistía es insistir en la persecución política", asegura el partido.

Suspendido por las elecciones, no por la amnistía

El TSJC fijó el inicio del juicio contra Jové, Salvadó y Garriga para el 10 de abril. Este tenía que tener hasta veinte sesiones repartidas entre los meses de abril y mayo. Algunas de estas fechas coincidían con la celebración de plenos en el Parlament de Catalunya, donde Jové es presidente del grupo parlamentario de Esquerra Republicana. Por eso, había pedido que se cambiaran las fechas de las sesiones para poder ejercer sus derechos en la participación política, pero el tribunal se lo negó, pidiéndole que delegara su voto. En este sentido, los republicanos también lamentan que ni la inminente aprobación de la amnistía, pero tampoco el hecho de que las fechas coincidieran con los plenos en la cámara catalana hayan sido motivos suficientes para suspender el juicio.

La semana pasada, el tribunal preguntó a las defensas y a las acusaciones (la Fiscalía y Vox) si se tenía que suspender el juicio por el hecho de que este coincidía con la campaña electoral y los comicios del 12 de mayo, pero no por la amnistía, tal como había pedido el mismo Jové. El escrito del TSJC ya avanzaba esta voluntad de suspensión, cuando aseguraba que hacía la consulta de la suspensión: "Con el propósito de evitar que se produzcan interferencias recíprocas entre el proceso electoral democrático y el necesario sosiego que tiene que presidir la celebración del juicio oral, y con el fin de garantizar en la medida en que sea posible la plenitud del ejercicio de todos los derechos en juego."