Esquerra Republicana trabaja en una enmienda de última hora para blindar la ley de amnistía ante las maniobras del juez Manuel García-Castellón. Según fuentes del grupo parlamentario en el Congreso, los republicanos están negociando una modificación de la norma para garantizar que cualquier persecución a Tsunami Democràtic y los CDR esté amparada por la amnistía. Este juez es el mismo que en los últimos meses ha tenido la fijación de vincular a Marta Rovira y Carles Puigdemont a la causa del Tsunami Democràtic. Esta enmienda se registrará solo si hay acuerdo entre los partidos independentistas y el PSOE, que tienen tiempo hasta este martes a las seis de la tarde para presentarla en el registro de la Cámara Baja. Asimismo, hay sobre la mesa cuatro modificaciones técnicas que, en principio, no generarán divergencias y que se registrarán una vez se hayan cerrado los flequillos, según las mismas fuentes.

Hasta ahora, las tres formaciones más susceptibles de presentar enmiendas a la ley de amnistía, se han mostrado muy prudentes a la hora de pronunciarse sobre el tema. Fuentes del Gobierno han reiterado en múltiples ocasiones a este periódico que en la Moncloa no aceptarían en ningún caso modificaciones sustanciales en el texto. Desde la cúpula del Gobierno han insistido siempre en que verían con buenos ojos pinceladas quirúrgicas, con enmiendas de precisión; pero nunca nada que sea susceptible de suspender el examen ante el Tribunal Constitucional.

Se ha pronunciado siempre de la misma manera Esquerra Republicana, que ha explicado que desde su partido cerraban la puerta a presentar enmiendas que no tuvieran el aval del resto de formaciones. Y que se niegan, por lo tanto, a entrar en una "guerra de la enmienda" con el PSOE o incluso con Junts per Catalunya. Por parte de los juntaires, el secretario general del partido, Jordi Turull, ha aseverado también otras veces que están abiertos a modificar la ley, siempre escuchando las opiniones de los expertos que se han pronunciado sobre la norma una vez el PSOE presentó la primera versión del texto.

En el Congreso, fuentes de Junts aseguran que están convencidos de la fortaleza del texto original, pero que "cuando van apareciendo, constantemente, noticias sobre el juez García-Castellón" se han planteado en las últimas semanas si hace falta o no enmendar el texto para blindar todavía más los casos de lawfare. A mediados de noviembre, Jordi Turull aseguraba que el texto ya cumplía "todas las expectativas", y más tarde se abría a "valorar" cualquier rectificación técnica si algún experto les hacía propuestas para "blindar más el objetivo" de la norma. Sea como sea, este martes a las seis de la tarde todo el mundo saldrá de dudas.

El recorrido de la amnistía a partir de ahora

El plazo para presentar enmiendas acaba este martes a las seis de la tarde. Una vez el reloj marque aquella hora, entrará en juego la ponencia, un grupo formado por un diputado de cada grupo parlamentario que trabajará la ley a puerta cerrada y decidirá qué modificaciones acepta y si añade nuevas. Eso llegará el próximo jueves, 18 de enero. De aquí saldrá el informe de la ponencia. A continuación, será el turno de la Comisión de Justicia, que estudiará, debatirá y votará el informe que le remita la ponencia y se pronunciará sobre las enmiendas que no se acepten en la ponencia y que los grupos parlamentarios quieran mantener vivas. La sesión de la comisión, que será pública y tendrá lugar el día 23 de este mes, aprobará, previsiblemente, el dictamen.

Este texto se enviará al pleno, que celebrará un último debate. Tendrá que someter a votación las enmiendas que no se hayan aprobado hasta el momento. Y tendrá que dar luz verde a la proposición de ley en una última votación de conjunto que requerirá la mayoría absoluta (176 diputados). Fuentes de la presidencia del Congreso señalan que Francina Armengol se está pensando si situar este Pleno la semana que empieza el 29 de enero o la que empieza el 5 de febrero.

Cuando el texto sea aprobado en el Congreso, la amnistía se remitirá al Senado. La Cámara Alta seguirá la tramitación en ponencia, comisión y pleno. Y, después de la reforma del Reglamento que impulsó el PP y que el PSOE recurrió al TC, podrá retener la proposición de ley hasta dos meses. Como el Senado vetará la amnistía o aprobará enmiendas que reduzcan su contenido a la mínima expresión, la proposición de ley volverá al Congreso, que la aprobará definitivamente en un último pleno, rechazando cualquier variación que haya propuesto el PP. Llegados a este punto, la amnistía estará a punto para ser publicada en el Boletín Oficial del Estado y entrar en vigor.