Un respiro temporal. Así es como han recibido ERC y Junts el último pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en qué reconoce que la nueva legislación sobre el catalán impide ejecutar la sentencia del 25% del castellano, una decisión que ambos partidos han reivindicado después del trabajo hecho. "Es una victoria parcial", ha declarado la portavoz de ERC Marta Vilalta este lunes en rueda de prensa, desde la cual ha valorado que el pronunciamiento del tribunal dice "que es imposible ejecutar la sentencia porque ha cambiado el marco legal, y eso es lo que nos demuestra que valió la pena". Y en el mismo sentido se ha manifiestado el portavoz de Junts, Josep Rius, que ha apuntado que esta decisión frena temporalmente la imposición del 25% del castellano: "Se ha ganado una batalla, pero no la guerra".
Vilalta ha reivindicado el esfuerzo de su partido "por el consenso", en referencia a la propuesta que pasa tanto por el decreto del Govern como por la ley ad hoc pactada entre PSC, ERC, Junts y comuns que no fue nada fácil de tramitar, después de desacuerdos principalmente con los de Laura Borràs y Jordi Turull, que no quisieron modificar la ley de política lingüística como habían planteado inicialmente. "Es una victoria parcial de la política y también de los consensos políticos", ha insistido Vilalta, que ha dicho que su partido no tiró "la toalla".
Rius, por su parte, ha reivindicado la posición mantenida por Junts en todo momento apostando por el decreto, y ha asegurado que la decisión del TSJC demuestra la importancia de hacer un decreto ley "que impidiera la aplicación de las cuotas" era válida para mantener la inmersión, el catalán como lengua vehicular y la protección de los maestros y profesores. Además, el portavoz ha considerado que este movimiento evidencia la necesidad de "confrontar la sentencia en lugar de acatarla, y que la confrontación es la vía" para defender el catalán en las escuelas".
¿Qué ha dicho el TSJC?
Ha sido esta mañana cuando el tribunal ha reconocido que la nueva legislación sobre el catalán en la escuela impide ejecutar legalmente la sentencia del 25% de castellano en las aulas. Por eso, tal como pidió la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), ha preguntado en las partes personadas si tendría que presentar una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) para que este evalúe si la nueva normativa se adecua a la Constitución y a la jurisprudencia sobre el catalán que marcó la sentencia del Estatuto. El tribunal dice que la sentencia del 25% se basaba en una legislación anterior, y que la nueva normativa es incompatible con la sentencia. Además, suspende los trámites para la ejecución forzosa de la sentencia.