Incomodidad pero seguir negociando. Es lo que se desprende de la reunión que han tenido hoy altos cargos de Esquerra Republicana con el PSOE después del alboroto creado por el Gobierno con la ley audiovisual, que sólo prevé imponer cuotas de catalán para las plataformas con sede en España, pero no para empresas internacionales como Netflix o HBO. Después de esta noticia, ERC advirtió que si no se rectifica, esta ley no se aprobará e incluso condicionó la aprobación de los presupuestos del estado a esta cuestión.

Después de todo, dirigentes de ERC como Gabriel Rufián, Marta Vilalta y Josep Maria Jové se han reunido con los socialistas Maria Jesús Montero, Félix Bolaños, Héctor Gomez y Adriana Lastra para ponerse manos a la obra, en una reunión que se ha alargado dos horas y media. Según fuentes republicanas, en el encuentro los de Oriol Junqueras han manifestado su desacuerdo, y han anunciado que trabajarán enmiendas para blindar el catalán "para que no haya equívocos", y en este sentido aseguran que desde el PSOE han mostrado su compromiso para trabajarlas.

Fuentes de la Moncloa apuntan que en el encuentro se han evidenciado diferencias en la interpretación del texto, y aseguran que las negociaciones seguirán de forma urgente mediante dos grupos de trabajo: uno técnico con el secretario del Estado de telecomunicaciones y otro más político. Sea como sea, detallan que el encuentro se ha caracterizado por un ambiente constructivo, y con la necesidad de separar la negociación de los presupuestos generales del estado de la ley del audiovisual.

ERC y La Moncloa habían pactado "la obligatoriedad de incluir una cuota para lenguas cooficiales del 6% del contenido ofrecido en las plataformas audiovisuales". Concretamente, el 30% del catálogo tiene que ser obra europea. De este 30%, la mitad tendrá que estar en lenguas del Estado, y de estas el 40% en catalán, euskera o gallego. Y así aparece en el proyecto de ley.

Pero la norma ha acabado teniendo letra pequeña: estas cuotas sólo vinculan las plataformas "con sede en España", según fuentes del Gobierno. En cambio, no se podrá obligar a empresas a que no tienen la residencia en el Estado español. Para poner un ejemplo, Movistar, Atresmedia o Filmin estarían obligadas. De hecho, esta última ya cumple la ratio. En cambio, no afectaría Netflix, Amazon Prime Video o HBO. Rige la norma europea del "país de origen", según estas mismas fuentes, que consideran que el proyecto de ley aprobado es respetuoso con el acuerdo con ERC.

Ayer, cuando la ley audiovisual estatal fue aprobada por el Consejo de Ministros, fue cuando saltaron todas las alarmas. El blindaje del catalán no era tal como se había vendido. En rueda de prensa en el Congreso hace justo una semana, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, aseguraba que "se establecía una obligatoriedad de incluir una cuota de lenguas cooficiales del 6% del contenido ofrecido en todas y cada una de las plataformas audiovisuales".

La nota que difundían los republicanos a los medios del conjunto del acuerdo incluso ponía un ejemplo: "De 100 películas de Netflix, 30 tienen que ser producciones europeas, de estas la mitad en lengua del estado, de estas el 40 por ciento, en catalán euskera o gallego. Es decir, el 20% de las películas europeas tienen que ser en catalán, en gallego o en vasco. El 20% del catálogo europeo". Se dio por hecho que acabaría siendo así. La realidad, sin embargo, ha acabado siendo otra, bastante diferente, cuando ha pasado por el ejecutivo central. Y eso que considera ERC un "socio prioritario".