La batalla entre PSOE y PP se ha trasladado al Tribunal Constitucional. Después de que el Tribunal Supremo haya tirado por el suelo la ley de amnistía negándose a aplicarla a los líderes independentistas condenados o perseguidos por el delito de malversación, todas las miradas se han dirigido al tribunal de garantías, que puede tener la última palabra y ser el último bote salvavidas de los políticos que lideraron el procés. Las miradas se han fijado en el Constitucional justo cuando este tribunal está siendo indulgente con los socialistas andaluces condenados por el fraude de los ERE y les está anulando o rebajando las penas, también por malversación. El PP se aferra a la conservadora Sala de lo Penal del Supremo que ha dinamitado la amnistía y ya dispara contra la "imparcialidad" de un Constitucional de mayoría progresista en la que los socialistas tienen depositadas sus confianzas. Todo, una semana después de que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo sellaran el primer gran acuerdo entre los dos partidos de la legislatura: este jueves se tiene que admitir a trámite en el Congreso la reforma, precisamente, de la ley del Poder Judicial.
El lunes, el Tribunal Supremo rechazaba aplicar la amnistía a los líderes del procés condenados por el delito de malversación. Es decir, mantenía la inhabilitación de Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa. Y, por el mismo motivo, mantenía las órdenes de detención españolas contra Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig. La pirueta argumental de Pablo Llarena y Manuel Marchena es que los líderes independentistas utilizaron dinero público para el 1-O. Por lo tanto, no lo pusieron de su bolsillo. Por lo tanto, se ahorraron dinero. Y, por lo tanto, se enriquecieron patrimonialmente de forma personal, que es lo que la ley prevé que no es amnistiable. El PSOE condenaba la resolución del Supremo y reivindicaba la constitucionalidad de la norma. Retaba a Alberto Núñez Feijóo a presentar un recurso contra la ley si de verdad cree que atenta contra la carta magna española.
Al día siguiente, se le preguntaba al líder del PP cuándo piensa Génova 13 presentar ante el Constitucional un recurso contra la ley, pero Feijóo recetaba calma recordando que hay un margen legal de 90 días para hacerlo. Más allá de la constitucionalidad o no de la norma, destacaba que Carles Puigdemont se había "dejado engañar" por Pedro Sánchez. Y afirmaba, en una entrevista en Onda Cero, que su partido tiene "dificultades para aceptar la imparcialidad del Tribunal Constitucional" porque es "inmoral" que haya allí dos exmiembros del gobierno de Pedro Sánchez. Se refería a Juan Carlos Campo, ministro de Justicia entre el 2020 y el 2021, y a Laura Díez, directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia del 2020 al 2022. Y también destacaba que el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, fue fiscal general del Estado con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno y vocal del Consejo General del Poder Judicial también con un ejecutivo socialista.
Horas más tarde, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Gobierno salía en tromba contra Feijóo. Su portavoz, Pilar Alegría, instaba al líder del PP a "rectificar" y "retirar" sus palabras. Acusaba al dirigente popular de "poner en duda" la legitimidad del Tribunal Constitucional; unas críticas que este miércoles se han multiplicado por multitud de dirigentes socialistas. Y, con los micrófonos apagados, miembros del ejecutivo de Pedro Sánchez se pronunciaban este martes sobre este tribunal recordando que tendrá la última palabra sobre la ley de amnistía. Fían el éxito en la aplicación de la norma en un tribunal que tiene ahora mismo una mayoría progresista.
Los ERE también saltan del Supremo al Constitucional
Es esta misma mayoría progresista la que está rebajando y anulando penas de exmiembros de la Junta de Andalucía con el fraude de los ERE. Hasta ahora, se han resuelto en el Constitucional siete recursos que, de momento, han supuesto la libertad de tres ex altos cargos del gobierno andaluz: la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo y el exdirector del IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar.
El PP ya ha salido en tromba. La secretaria general del partido, Cuca Gamarra, ha advertido este mismo miércoles que la acción del Constitucional "revisando sentencias" del Supremo "sorprende a la sociedad española". Considera que actúa como un "tribunal de casación" y que genera "dudas" entre la ciudadanía sobre la legitimidad del ente presidido por Cándido Conde-Pumpido. Así, ha opinado que el caso de los ERE es el "mayor caso de corrupción de la historia de la democracia", con "fiestas, prostitutas y cocaína" de por medio.
Ahora, los socialistas andaluces han amenazado con querellarse por "injurias y calumnias" contra miembros del PP y Vox si siguen señalando a ex altos cargos implicados en los ERE que ya hayan sido exculpados por el TC. Se ha pronunciado así el líder del PSOE andaluz y portavoz de los socialistas en el Senado, Juan Espadas, que ha advertido que llevará al PP ante los tribunales si "mantiene la actitud" de deslegitimar las decisiones del tribunal de garantías.
El PSOE admite que el Supremo ha puesto trabas a la investidura de Illa
Mientras tanto, fuentes del PSOE admiten que la decisión del Tribunal Supremo de oponerse a la ley de amnistía pone trabas a la intención de Salvador Illa de ser investido president de la Generalitat. En abierto, sin embargo, chutan la pelota al tejado del Parlament. "Es allí donde se tienen que formular los pasos", señalaba este martes Pilar Alegría desde la Moncloa. Se mostraba, sin embargo, "confiada" en que el líder del PSC conseguirá tener los apoyos de Esquerra Republicana porque eso es lo que "pidieron" los catalanes en las urnas el 12-M.