Este martes se cumplió un año de las elecciones presidenciales del 23-J y el 10 de noviembre pasado se firmó el acuerdo de investidura con el PNV, materializado en aquel momento por el presidente Andoni Ortuzar, que permitió la reelección del presidente español Pedro Sánchez. En virtud de uno de estos acuerdos en materia de seguridad, se ha materializado este miércoles una ampliación de las competencias de la Ertzaintza, la policía vasca, que a partir de ahora asumirá el control policial de los puertos y aeropuertos de Euskadi, una tarea que hasta ahora ejercía la Guardia Civil, y la Policía Nacional. Así, la Ertzaintza, como policía encargada de velar por el mantenimiento del orden público y la integridad de las personas y el patrimonio, asumirá estas funciones a las infraestructuras de los puertos de Bilbao y Pasaia, y a los aeropuertos de Loiu, Foronda y Hondarribia. La Ertzaintza, según el pacto acordado por la investidura de Sánchez, asume la responsabilidad policial de los planes de apoyo operativo a las infraestructuras críticas en el Puerto de Bilbao, y su zona restringida, y también formará parte de los equipos de inspección portuaria y protección de los actos marítimos conmemorativos.

Marlaska
El consejero de seguridad basco, Bingen Zupiria, y el ministro Grande-Marlaska

La Guardia Civil no desaparece

La Guardia Civil, sin embargo, no desaparecerá de los puertos y aeropuertos y seguirá asumiendo las competencias exclusivas del Estado, como es el control de las fronteras, la lucha contra el contrabando y el fraude fiscal, o vinculadas a extranjería. Los puertos y los aeropuertos contarán también con un punto permanente de coordinación operativa e intercambio de información entre las unidades de la Guardia Civil y de la Ertzaintza.

El acuerdo se ha dado a conocer este miércoles en una rueda de prensa conjunta en Madrid celebrada después de la Junta de Seguridad de los dos gobiernos, con el nuevo consejero de seguridad vasco, Bingen Zupiria, y el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, en la primera reunión que han mantenido después del inicio de la legislatura de Imanol Pradales. A pesar de la presión ejercida en las últimas semanas por asociaciones y sindicatos de la Guardia Civil, como el AUGC, para evitar la cesión de estas competencias, el Gobierno ha cumplido con su compromiso, que da cumplimiento al artículo 17 del Estatuto de Gernika, que otorga las funciones de controlar el orden público en la Ertzaintza. Con la cesión de estas competencias en los puertos y los aeropuertos, también se cumple con la jurisprudencia del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, que consideran que los puertos y los aeropuertos forman parte de la demarcación del municipio en el cual se han instalado, y que, por lo tanto, son una extensión del territorio, en este caso del País Vasco.

Lucha contra la violencia de género

El Ministerio del Interior y el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco también han anunciado que culminarán el mes de octubre que viene la interconexión de sus sistemas de lucha contra la violencia de género, VioGén y EBA. "Esta medida acaba un proceso iniciado hace tres años, en la Junta de Seguridad de junio del 2021, que nos ha permitido trabajar juntos y dar la máxima protección a las víctimas de violencia de género desde entonces" ha explicado Grande-Marlaska al final de la reunión. La interoperabilidad de los dos sistemas coincidirá con la puesta en marcha del VioGén 2, fruto de la experiencia acumulada desde el nacimiento del VioGén en el 2007, con más de 800.000 casos analizados.

La Junta de Seguridad del País Vasco es el máximo órgano de coordinación entre las dos Administraciones en asuntos de seguridad y se reúne periódicamente, alternando las sedes entre el País Vasco y Madrid. Desde 2018 se había reunido en dos ocasiones: el 18 de junio de 2021, en Madrid, y el 16 de junio de 2023, en Bilbao.