El 25 de marzo del 2019, el legionario mallorquín de 22 años Alejandro Jiménez Cruz murió de un tiro mientras participaba en unos ejercicios con fuego real en el campo de maniobras de Agost (Alacant). La explicación oficial del propio cuerpo de la Legión Española fue que la causa de la muerte fue el rebote de una bala que se habría introducido por el sobaco, justo en un punto no protegido por el chaleco de seguridad.
Con todo, se abrió la preceptiva investigación a cargo de la Guardia Civil y a resultados de eso, el 1 de agosto se informaba que el juzgado togado militar territorial número 23 de Almeria había investigado hasta 16 militares por la muerte del legionario Jiménez en el marco de un posible delito contra la eficacia del servicio con resultado de muerte del artículo 77 del Código Penal Militar.
Ahora, según adelanta hoy El País, el mismo juez militar ha desenmascarado todo un plan orquestado por oficiales de la Legión para ocultar que el legionario murió a causa del tiro directo de un sargento, por lo cual han sido procesados ocho miembros del cuerpo, el sargento autor del tiro, un capitán, dos tenientes, un cabo y tres soldados por los delitos de encubrimiento, deslealtad, desobediencia y obstrucción a la justicia. Al sargento se le imputa, además, homicidio imprudente y abuso de autoridad.
Cien años de la Legión: Encubrimiento, deslealtad, desobediencia y obstrucción
Este cuerpo, fundado por el militar José Millan-Astray, uno de los puntales del golpe fascista que provocó la Guerra Civil y que este año celebra su centenario, ve así como sus supuestos valores quedan empañados por una serie de delitos que empañan la imagen de una rama del ejército que siempre se ha vanagloriado de sus éxitos militares conseguidos en guerras coloniales o contra otros españoles.
Millán Astray, fundador de la legión, al lado del golpista Franco / Wikimèdia
Según el auto del juez, mencionado por el diario citado, queda constatado el operativo corporativista que llevó a encubrir la muerte de un soldado para proteger la imagen del cuerpo, pero también para liberar de toda responsabilidad a los responsables de los hechos.
Así, queda desacreditada la teoría de la bala rebotada, que en su momento defendió el capitán ahora procesado, el cual, además, habría urdido toda una trama para ocultar los hechos, aunque la prueba balística demostró que el legionario mallorquín murió por un impacto directo y no por un rebote. En concreto recibió el impacto de un proyectil de calibre 7,62 disparado por el fusil HK de su propio sargento desde 12,5 metros.
Entre la maniobra de encubrimiento se incluyó la rápida limpieza de vainas y casquillos del campo de tiro para borrar pruebas o el intento de incinerar el cadáver de manera urgente, que fue parado por el propio juez. De hecho, el mismo capitán habría reunido a sus mandos para orquestar una coartada conjunta de los hechos y se ensayó una reconstrucción ficticia de los acontecimientos en el propio lugar de los tiros, saltando el precinto policial puesto para asegurar la zona.
A declarar el 7 de septiembre
Por todo ello, el Juez procesa al sargento por homicidio imprudente, pero también por abuso de autoridad y obstrucción a la justicia, y le pide 330.000 euros de responsabilidad civil, además de mantener las medidas cautelares (retirada del pasaporte y comparecencia quincenal). Al capitán, a quien atribuye la autoría del plan para esconder que el sargento fue el autor del tiro, lo procesa por deslealtad, encubrimiento y desobediencia a agentes de la autoridad (los guardias civiles). A los dos tenientes por deslealtad (elevaron un informe falso a sus superiores), desobediencia, contra los deberes del mando y encubrimiento, delito que también se atribuye al cabo y los tres soldados. Todos ellos han sido citados a declarar el 7 de septiembre.
Imagen principal: Miembros de la Legión desfilan ante la mirada de Felipe VI / Efe